Hasta el amanecer del 12 de este mes iban 13 personas asesinadas, que cayeron bajo las balas disparadas por armas letales, en el marco de las protestas desencadenadas por la muerte del estudiante de derecho Javier Ordóñez en la noche del 8 de este septiembre en Bogotá, a manos de la Policía Nacional cuando le hacían un brutal y torturante procedimiento para su detención por conductas disciplinarias menores.
Este tipo de actuaciones de la fuerza pública, que incluye a la Policía Nacional, se han convertido en el común denominador de su accionar y no en “simples hechos aislados”, hasta el punto de que hoy el ciudadano ve en el policía a un enemigo en potencia en el cual es imposible confiar. La sociedad colombiana viene siendo testigo de cómo, en los procedimientos policiales, estos disparan, golpean y destruyen indiscriminadamente, sin detenerse ante las graves consecuencias que causan a la vida, salud y bienes de la población. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que “lo ocurrido en las últimas horas en la capital en materia de orden público fue una “masacre”...
En estos días hubo 72 ciudadanos heridos por armas de fuego en nuestra ciudad, 10 personas perdieron la vida esta semana en presuntos hechos de abuso policial..., en 48 horas trabajando, hospital por hospital, víctima por víctima, familia por familia, la Alcaldía Mayor ha logrado documentar 119 denuncias de abuso policial”. A las 10 personas asesinadas en Bogotá se agregan 3 más ultimadas en Soacha, en medio de los actos de protesta. López señaló que el presidente Iván Duque “descarta de plano la reforma a la Policía. Lo lamento porque se necesita”, dijo.
Este 11 de septiembre, el presidente Duque aseguró: “Hablé con algunos de sus familiares, como también hablé con muchos miembros de la Fuerza Pública que han sido heridos en hechos de violencia; y aquí tenemos todos que ejercer ese rechazo como país, porque hemos visto también actitudes vandálicas, sistemáticas, estructuradas, organizadas, para afectar, no solamente instalaciones de la Policía Nacional, que les sirven a los ciudadanos, sino también agresiones a los miembros de la Fuerza”.
Por su parte, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, explicó que la Policía Nacional sería sometida a un fortalecimiento con base en estos ejes: Política de convivencia y seguridad ciudadana, educación y formación, transparencia e integridad, gestión humana, y fortalecimiento tecnológico. Es decir, no cobija la discusión de fondo del papel civil que juega la Policía Nacional dentro de la sociedad.
Los demócratas rechazamos la violencia, provenga de donde provenga, porque justifica la represión, limita la democracia e impone un Estado dictatorial. Por eso bajo este gobierno no se va a hacer una transformación de fondo de esta institución porque ella está diseñada para defender los intereses de los ostentadores del poder; así es como se entiende que las diversas formas como reprime la fuerza pública, incluida la Policía Nacional, es la misma como actúan las de Estados Unidos y en gran parte del mundo.
En los últimos 30 años, período de implementación del capitalismo salvaje, ha sido más evidente la innumerable cantidad de personas que han muerto en Colombia víctimas de procedimientos de las fuerzas militares y policiales, y casi todas han quedado en la absoluta impunidad porque las leyes, los códigos y los protocolos les acolitan este tipo de actuaciones con el objetivo de amedrentar a la sociedad, evitando su levantamiento, y con la justificación de controlar el orden público. El debate está abierto: ¡En este gobierno la Policía es un aparato represivo del poder!
