Renuncia de un ministro y renovación de gabinete. Un escenario que no resulta excepcional en lo que ha sido una convulsa Administración. Pero esta vez, la decisión del Ejecutivo apuntaría al uso de una premisa de la Constitución que permite disolver el Parlamento y convocar a nuevas elecciones legislativas.
El último capítulo de tensión en la Administración del presidente Pedro Castillo se da tras la renuncia del primer ministro, Aníbal Torres, cuya salida fue confirmada por el mandatario en un discurso que ofreció en la noche del jueves 24 de noviembre, y en el que también confirmó que formará un nuevo equipo de Gobierno.
"Luego de este rehusamiento expreso de la confianza, con la expresión de rechazo de plano, y habiendo aceptado la renuncia del premier, a quien le agradezco su preocupación y su trabajo por el país, renovaré el gabinete", afirmó Castillo en una alocución.
Castillo se refiririó a que Torres dimitió luego de que el Congreso rechazara su solicitud de realizar un voto de confianza para que se aprobara un proyecto de ley del Ejecutivo que pide derogar la Ley 31399, aprobada el pasado enero.
Se trata de una norma que establece que la convocatoria a cualquier referendo que implique una reforma constitucional debe ser primero aprobada por el Legislativo.
Según el planteamiento del oficialismo, y que Castillo ratificó durante su discurso, la medida es necesaria ya que se trata de una norma que impide la participación política de los ciudadanos de forma directa.
"Esta ley, de manera arbitraria, nos ha quitado el derecho a ejercerla nuevamente. Nosotros como Gobierno quisimos devolver a todos los peruanos este derecho, que en el actual Congreso ciertos grupos políticos han decidido rechazar", señaló Castillo en su intervención transmitida por la televisión local.
El no al voto de confianza en el Parlamento
El jueves 24 de noviembre, en sesión del pleno del Congreso, controlado por la oposición de derecha, fue rechazado el planteamiento de Aníbal Torres al indicar que su solicitud no cumplía las condiciones necesarias.
Si bien el pedido de confianza es "una facultad discrecional prevista para los ministros de Estado o para el presidente del Consejo de Ministros, debe cumplir con requisitos constitucionales y legales vigentes", indicó el presidente del Parlamento unicameral, José Williams.
El funcionario agregó que la mayoría acordó la negativa “por tratarse de materias prohibidas para su planteamiento”.
Según Zapata, lo esbozado por Torres "excede el marco constitucional y legal". Por tanto, "representa una grave alteración al Estado constitucional de derecho y la separación de poderes".
En la misma jornada, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó una demanda del Ejecutivo para que se declare inconstitucional la citada ley que estableció límites a los derechos de participación y control de la ciudadanía, mediante referendo, en las reformas constitucionales.
¿Se abre el camino para disolver el Parlamento peruano?
La Constitución peruana establece que, si el Congreso rechaza un voto de confianza, el presidente debe renovar su gabinete de ministros y si esto se repite en una segunda ocasión, el mandatario queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar de inmediato a nuevas elecciones legislativas.
En su discurso, Castillo dejó claro que el solo hecho de inadmitir la solicitud de recibir el proyecto de ley fue un “rehusamiento expreso de la confianza”.
Cuando Torres, aliado incondicional de Castillo, desafió al Congreso para que permitiera el procedimiento, advirtió que la Carta Magna indica que la negativa se establece cuando el pedido es “rehusado”, no necesariamente cuando es expresamente “rechazado”.
Ahora, Castillo queda habilitado para renovar el gabinete, como ya lo anunció, y solicitar por segunda vez la cuestión de confianza.
El Congreso peruano está compuesto por 120 integrantes. El nuevo periodo inicia el 27 de julio, con diez partidos políticos representados. Las bancadas más numerosas son Perú Libre (37), Fuerza Popular (24) y Acción Popular (16). © Cortesía Agencia Andina
Se trata de un procedimiento controvertido en Perú ya que puede tener consecuencias significativas.
En 2019, el entonces presidente peruano Martín Vizcarra cerró el Congreso y convocó a nuevas elecciones después de dos sufragios de censura.
El reciente desafío del voto de confianza planteado por el aliado del Presidente estaba destinado a presionar al Legislativo en medio de las tensas relaciones entre las dos ramas del Gobierno.
Los legisladores de la oposición ya acusaron a Castillo en dos mociones de vacancia presidencial, pero no lograron derrocarlo, aunque sí censurar y despedir a varios miembros de su gabinete.
En medio de este panorama, durante su alocución Castillo pidió un replanteamiento a sus adversarios políticos. "Recapaciten, señores congresistas, pues los grandes anhelos y los intereses de la ciudadanía no pueden quedar truncos por intereses desmedidos de algunas élites o minorías", demandó.
"A quienes desde el Congreso hasta ahora siguen forzando con insistencias de vacancia (destitución), con denuncias falsas, con desnaturalizadas suspensiones y burdas acusaciones como traición a la patria, que no son otra cosa que darle la espalda a la voluntad de los ciudadanos", subrayó el jefe de Estado.
La Presidencia de Castillo ha estado marcada por la rotación de altos cargos gubernamentales. Ahora está listo para nombrar su quinto primer ministro y quinto gabinete, tan solo un año y cuatro meses después de asumir el Ejecutivo para un periodo oficial de cinco años.
Perú ha encarado diversos torbellinos políticos que han llevado al país a tener cinco presidentes en los últimos seis años.
