La Jurisdicción Especial para la Paz es un órgano judicial que tiene la misión de investigar y juzgar los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Fue creado por los acuerdos firmados por el presidente en ejercicio de sus facultades y elevado a rango constitucional por virtud de un acto legislativo, que fue declarado ajustado a nuestra carta política por la Corte Constitucional. Como tal, hace parte de las instituciones judiciales diseñadas por la Constitución y está encargada de la investigación, juzgamiento y sanción de las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Además, está amparada por el bloque de constitucionalidad.
Las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz y de sus secciones pueden ser impugnadas a través de los recursos establecidos o por establecerse en las normas que regulan dicha jurisdicción, como el anunciado por la Procuraduría General de la Nación o atacadas a través de los demás mecanismos consagrados en los actos de su creación, la Constitución y la ley. Dichos mecanismos son las vías que nuestras instituciones consagran para cuestionar y revocar o modificar sus decisiones. Mientras tanto, se compartan o no, deben acatarse y cumplirse, en especial por las autoridades, porque ese es el mandato de la Constitución y la regla de oro del Estado de derecho.
Mientras esas reglas operen, las instituciones seguirán vigentes y funcionando conforme a los mandatos y límites establecidos por nuestra Constitución.
Néstor Humberto Martínez ha sido censurado desde su nombramiento por los conflictos de interés para desempeñarse como fiscal general por su relación con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia vinculados con los escándalos de corrupción y con Luis Gustavo Moreno, que él puso a cargo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía. También por sus esfuerzos para entorpecer u obstaculizar los acuerdos de paz y la Jurisdicción Especial para la Paz nacida de ellos, utilizando los poderes que la Fiscalía General de la Nación le confería, y por sus declaraciones que eran más mediáticas que investigaciones serias y efectivas contra la corrupción, al punto que en Colombia parece que el único funcionario del gobierno nacional que se benefició de los sobornos de Odebrecht fue el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales. La conducta y los escándalos alrededor del fiscal Néstor Humberto Martínez desataron a fines del año pasado una oleada de críticas y marchas de protesta para que renunciara, hasta que el ataque del ELN a la Escuela de Policía General Santander desplazó la atención hacia el atentado y sus víctimas y los cuestionamientos al fiscal pasaron a un segundo plano.
Su renuncia no significa ni es un cuestionamiento a las instituciones que nos rigen, pues su censura se dirige exclusivamente contra la Jurisdicción Especial para la Paz y sus decisiones. Es a ellas a las únicas que cuestiona y es a ellas a las que pone contra la pared, como contra un paredón, no a las instituciones y es a dicha jurisdicción a la que pretende clavarle una espada.
Incluso, luego de cuestionar la decisión judicial que le concedía la garantía de no extradición a Seuxis Paucias Hernández y le ordenaba conceder su libertad, la Fiscalía General de la Nación, todavía a cargo del fiscal Néstor Humberto Martínez porque aún no se le ha aceptado la renuncia, lo volvió a privar de su libertad. Esa actuación no solo pone en duda las verdaderas razones de su renuncia, pues si lo pudo volver a privar de la libertad, a pesar de la decisión judicial, sea legal o ilegal dicha captura, ¿por qué entonces renunciar a su cargo por su liberación?, ¿por qué le concedieron la garantía de no extradición por un hecho y solo por ese, y por falta de pruebas sobre la fecha de su comisión, que bien pudo y podría allegar?
La renuncia del fiscal no significa entonces una crisis institucional. Significa solo la renuncia de un funcionario público, cuestionado con justa causa, porque no comparte la decisión de otro órgano, que hace parte de nuestras instituciones y cuyas decisiones son autónomas e independientes, pero que no lo afecta a él ni a sus funciones. Dicha renuncia tiene un trasfondo político, pues es el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien con su renuncia juega a crear una crisis y un vacío institucional en torno a la Jurisdicción Especial para la Paz, con motivos inconfesables. Por supuesto, no actúa solo.
Eso no significa que la justicia no atraviese una crisis. Pero no la Jurisdicción Especial para la Paz, sino la justicia en su conjunto, como lo hemos dicho en otros espacios. Y esa crisis incluye, por supuesto, a la propia Fiscalía General de la Nación que no ha atacado eficazmente la impunidad y ha sido incapaz de investigar seria y efectivamente las violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, o ha omitido dichas investigaciones de manera deliberada, como quedó en evidencia en los procesos que adelantamos en la Sala de Justicia y Paz contra los grupos paramilitares, ni ha investigado seriamente la corrupción en el país. La urgente reforma a la justicia también pasa entonces por la reforma a la Fiscalía General de la Nación para que deje de ser un instrumento al servicio de determinados intereses.
