Hace pocos días el ministro de Hacienda manifestó que estaba de acuerdo con la renta básica, pero que después de la crisis, sin embargo, cada día se hace más urgente aplicar una solución, no solo coyuntural sino estructural, de la pobreza y desigualdad en el país. La renta básica universal se suele ver como un ingreso periódico que cubre las necesidades de los más vulnerables, pero que no adquiere el carácter de condicionalidad. No obstante, la idea primordial de generar una renta básica no pasa como un aumento del asistencialismo, sino que es un sistema de protección social que adquieren todos los ciudadanos sin condiciones. Así, aunque todos puedan acceder a esta renta, el monto de esta podría variar por las condiciones de los hogares.
El gobierno central debe comprender que las reformas tributarias que aprobó, denominadas ley de financiamiento y ley de crecimiento económico, fracasaron en su intento de disminuir el desempleo, puesto que la desocupación ha aumentado pasando del 11,8% en enero del 2018 al 12,8% en enero del 2019 y 13% en enero del 2020, pero el gobierno solo se queda con el consuelo de aumentar el PIB (a una tasa del 3% en 2019). Este panorama se dio antes de la crisis del COVID-19 que trajo como consecuencia la pérdida de 1,6 millones de empleos en marzo del 2020, según cifras reveladas por el DANE.
Lo anterior, refleja que la política económica del gobierno además de no cumplir con sus objetivos muestra una visión miope de la realidad macroeconómica del país, cuestión que no puede explicarse por la pandemia actual. Parte de la justificación de las reformas tributarias demuestra por qué el ministro de Hacienda no ve con buenos ojos la renta básica; puesto que la apuesta se da por la austeridad fiscal pretendiendo disminuir los aportes tributarios de las grandes empresas y estimular su crecimiento para generar empleo. Esto en la literatura económica se conoce como efecto goteo, donde el crecimiento de las grandes rentas se filtra a la clase media y baja; además supone que los empresarios van a contratar más personas porque tendrán mayor liquidez, algo que las cifras de desempleo se han demostrado no ser cierto.
De este modo, estas reformas, no solo no han funcionado en su objetivo de generar empleo, sino que podría provocar una afectación a la renta disponible de la clase baja y media (con aumentos de impuestos como el IVA), impactando negativamente el consumo y con ello el empleo - como muestra la caída en el índice de confianza del consumidor de la encuesta mensual de opinión del consumidor que realiza Fedesarrollo, con índices negativos en varios meses del 2019 y empezando el 2020 con una variación del -1,2 y del -2,5 en condiciones económicas en el mes de enero. La explicación de este comportamiento radica en un concepto básico de la macroeconomía a corto plazo (Keynesiana) y se basa en que al disminuir la renta disponible de los hogares con mayor propensión al consumo (rentas medias y bajas) el consumo medio de la economía va a disminuir, por tanto, la demanda agregada caerá progresivamente y con ello aumentará el desempleo, porque los empresarios así puedan producir más no lo harán, al no tener a quien vender, y por tanto no contratarán más trabajadores.
En este escenario, conceptos como la renta básica pueden ayudar a mantener el consumo, aun cuando las rentas caigan, esto dinamiza la economía a corto plazo y logra que los países salgan más rápido de las crisis; además de cumplir con el objetivo esencial de disminuir la pobreza y garantizar un desarrollo mínimo y vital para los individuos. De esta forma, se puede pensar en la renta básica, no solo como un concepto que abarca la equidad y minimiza el riesgo de pobreza, sino como factor de crecimiento, al mantener una constante de consumo necesario para activar la producción y la demanda laboral.
Ante este panorama, una renta universal o básica permite extender la cobertura de prestaciones sociales vitales para toda la población, y no solo para grupos focalizados. Este conjunto de prestaciones puede ser definido en términos de bienes y servicios, no necesariamente en transferencias monetarias condicionales o incondicionales, pero cualquier mecanismo debe garantizar un mínimo de calidad, puesto que no se debe definir la política pública solo en términos de cantidad (cobertura) sino de calidad de vida.
Políticas como la devolución del IVA que hace el gobierno para disminuir la desigualdad (provocada en parte por impuestos regresivos como el mismo IVA) desajustan el mercado, porque generan expectativas sobre el consumo para los días sin IVA, de este modo, las personas postergarán su consumo para estas fechas específicas dejando de consumir los otros días, lo cual no deja claro el posible efecto positivo sobre el consumo, que no necesariamente deba aumentar en términos medios, sino solo en estos días.
La renta básica, puede ser un bien y servicio público garantizado por el Estado, esto ayuda a que adquiera un carácter universal y que permanezca en el tiempo y debe responder a la esencialidad de la sociedad (hablando en términos materiales), con ello se garantiza no solo la supervivencia, sino la movilidad social e igualdad de condiciones iniciales para dicha movilidad, puesto que no es igual una movilidad de personas con garantías mínimas de salud, educación, nutrición y vivienda, que personas con carencias parciales o totales de estos componentes del desarrollo.
En ese sentido, la renta básica y universal garantiza los mínimos de consumo y de calidad para generar desarrollo humano y no solo crecimiento de la renta media (PIB). Por ello, garantiza también los derechos de la ciudadanía y su papel central en la concepción política y económica de las políticas sociales, mediante la participación en el diálogo que lleve a definir los mínimos vitales y la calidad mínima de la sociedad en particular, por lo que se garantiza dejar de copiar programas de países o regiones distintas a la realidad colombiana, que también han fracasado, como el efecto goteo de las políticas económicas actuales.
Esta cobertura es universal pero no asistencialista, porque de base cubre a todas las personas rompiendo el principio de selección de beneficiarios que deja por fuera la población vulnerable (límite entre la clase media y la pobreza), además que responde manteniendo el consumo y bienestar de los hogares aun en medio de las crisis económicas. Sin embargo, como se da sobre un conjunto de bienes y servicios básicos definidos desde la esencialidad del bienestar particular de cada sociedad, no acapara todas las necesidades de las personas y no lleva a que se desestimule la búsqueda de empleo, puesto que dependerá netamente del aporte fiscal de cada persona dependiendo de su renta y de la voluntad de los trabajadores de buscar rentas más altas que la básica.
De esta forma, la capacidad fiscal del notorio aumento del gasto público en programas sociales debe construirse desde la ciudadanía para garantizar su sostenibilidad, donde un mayor alcance del universalismo de la renta básica dependerá netamente de los aportes y producción de toda la sociedad, lo que obligará a que todos aporten cuando puedan hacerlo y reciban cuando tengan que hacerlo. Así, la responsabilidad de las condiciones de la renta básica y su tamaño dependerá de la evolución social y no individual, algo que claramente cambia el paradigma de la política económica asistencialista.
Esto se logra en el momento que la ciudadanía verifique más activamente el manejo de los recursos y la disponibilidad de uso de estos, mejorando la eficiencia en el manejo y la transparencia. Además, al ser la ciudadanía la garante de este sistema se puede resolver (progresivamente) el posible choque entre la demanda de los servicios sociales y la restricción fiscal que supone este gasto, puesto que la ciudadanía no solo es garante del manejo de recursos sino del uso de estos, por lo que solo recibirán esta renta quienes la necesiten y durante el tiempo necesario.
Por ello, la renta básica y universal no puede dar espera a salir de la crisis, puesto que mantiene un consumo mínimo que dinamiza el mercado de trabajo y la producción, factores trascendentales para superar la crisis en el corto plazo, y en mayor medida en mercados de bienes y servicios esenciales para la superveniencia como los alimentos, servicios públicos, vivienda etc. Pero la mayor ventaja es ser un alivio a la pobreza de carácter permanente y una verdadera democratización de la esencialidad material social.
En estos términos, el gobierno debe dejar atrás el objetivo de sus reformas tributarias y políticas como días sin IVA, porque el aumento del desempleo y la pobreza multidimensional ya deberían ser evidencias suficientes para que cambien de estrategia. La renta básica no da espera a después de la crisis porque es fundamental para superarla y para consolidar un bienestar básico real para la población.
Si el gobierno sigue aplicando las mismas recetas que llevaron a este pésimo resultado en términos de empleo solo logrará profundizar el descontento social reflejado en las marchas de finales de 2019, y no solo generará un mayor problema para el gobierno en términos de gobernanza, sino que golpeará seriamente el bienestar en los próximos años, por ello la prioridad debe cambiar a garantizar vidas dignas y no solo a que crezca la renta media.
