Han llamado a las últimas medidas en materia de renovación urbana en San Victorino por la administración Petro como “el cambiazo”. Durante 12 años, las últimas tres administraciones modificaron los alcances de un proyecto ambicioso para la ciudad, por unas medidas improvisadas, de corto plazo, que mantienen el problema de una economía informal. La renovación urbana cumple tres gobiernos, más de una década, sin poder recuperar el centro de la ciudad.
Para comprender mejor los rezagos de estos años y por qué se critica a la administración Petro de su propuesta de contenedores hay que entender la historia de los proyectos de planificación del centro capitalino. En Bogotá se ha hablado desde hace más de medio siglo de planes de ampliación, redensificación y conservación de sus áreas. Esto no es un discurso innovador de la administración Petro. No hay más que revisar los planes que tenía el famoso planificador Le Corbusier para Bogotá en los cincuentas. Pasaron veinte años hasta que en los setentas se definió la primera generación de políticas que incentivaron la construcción de edificios de vivienda multifamiliar como las Torres del Parque o las Torres de Fenicia, a través del ahorro y el endeudamiento de la gente.
En las siguientes décadas no tuvo el centro ninguna inversión pública que recuperará su deterioro. El traslado de sus actividades económicas principales al norte y occidente expulsaron también a los residentes a otras zonas con mayor atractivo para vivir y trabajar. Durante esta época las administraciones locales actuaron débilmente para revertir este proceso negativo.
A finales del siglo pasado, aparece una segunda generación de intervenciones para renovar el centro y recuperar el espacio público en San Victorino, en el Eje Ambiental y en la demolición completa del barrio Santa Inés para darle vida a un nuevo parque de recreación metropolitano: el Parque Tercer Milenio. Un instrumento para la efectividad de las actuaciones urbanísticas fue la creación de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), que no tiene nada que envidiarle en su constitución y estatutos a las grandes agencias de desarrollo urbano público y privado de Buenos Aires, Nueva York, Londres o Hamburgo.
Inicia una tercera generación de políticas urbanas para recuperar el centro de la ciudad con la llegada al poder de Lucho Garzón. En materia de renovación urbana tenía que “meter el gol”, pues las administraciones anteriores habían dejado saneada administrativamente varias hectáreas de suelo, para incentivar la renovación urbana con proyectos de construcción.
En el 2005 el exalcalde Garzón lanzó con bombos y platillos en el Planetario Distrital el Centro Cultural Español. La incapacidad de los gerentes que puso año tras año al frente de la ERU postergaron el proyecto y durante esos años España entra en recesión, perdiéndose así los recursos para invertir en dicho proyecto. Así mismo, la administración Garzón decidió con las hectáreas destinadas en San Victorino para un Centro Comercial de Cielos Abiertos hacer política, siendo este proyecto estratégico para la reorganización del sector mayorista, mejoramiento del abastecimiento regional y de su formalización. Incluyó a los vendedores ambulantes desalojados en la Séptima dentro del proyecto inmobiliario sin ningún estudio que soportará dicha carga de costos para su realización.
Con la llegada de Samuel Rojas, la ERU se convierte en una de las joyas de la corona del famoso carrusel de la contratación. La persona beneficiada fue Emilio Tapia. En Julio, hace cuatro años, tratando seguramente de corregir los pecados de su jefe, la alcaldesa Clara López se comprometió a la reactivación del proyecto Centro Cultural Español y del Centro Comercial en San Victorino, sin que hasta el momento se haya puesto el primer ladrillo
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La generación perdida de la renovación urbana no termina de tocar fondo. La administración del alcalde Gustavo Petro tiene pocos resultados que mostrar en esta materia por más que se empecinen en decir lo contrario. La peatonalización de la Séptima será la única obra que entregarán antes de terminar su gobierno. El proyecto San Juan de Dios está enredado en estrados judiciales; no existe claridades de las inversiones privadas en el proyecto de San Victorino y en otros proyectos la ERU muestra diseños como promesa.
Sin sonrojarse, Petro muestra fotos en Twitter como resultado positivo de la renovación urbana en su administración la construcción privada del Edificio BD Bacatá. Muchos de estos proyectos con alturas considerables fueron licenciados fuera de su administración. Todavía está en veremos los beneficios que traerá el Decreto 562 firmado el año pasado.
Han sido 12 años en los cuales la cabeza de esta política urbana ha tenido más de una docena de gerentes en la ERU, en promedio uno por año, sin ofrecer sostenibilidad y seguridad a ningún proyecto.
*Aspirante a Maestría de Geografía Urbana en Berlín
@JuanCaMesa_
