La Unidad Deportiva el Salitre (UDS) se inauguró en 1973, con el objetivo de permitir la práctica de deportes de techo. Para la época la infraestructura de este centro deportivo estaba al día con la normativa antisísmica, exigencias que cambiaron con la Ley 400 de 1997. Así las cosas, la UDS debía tarde o temprano comenzar un reforzamiento estructural. A la necesidad de cambios en la infraestructura se le sumo la orden de no modificar la fachada: ésta forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
La obra fue contratada en 2017 durante la administración de Enrique Peñalosa y el consorcio escogido por el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá en cabeza de Orlando Molano, quien terminó premiado como director del IDU por Carlos Fernando Galán a pesar de la debacle contractual de la Unidad . La Unión Temporal San Antonio – conformada por 3 constructoras- debía ser responsable de la Unidad Deportiva el Salitre.
El grupo mencionado se comprometió a completar los trabajos en catorce meses, todo quedo consignado en el contrato No. 2937 de 2017. La obra debía realizarse en la estructura interior del edificio, y dejar listas las instalaciones para las ligas de voleibol, baloncesto, ajedrez, lucha olímpica, karate, tenis de mesa, gimnasia, judo, esgrima etc.
La Unión Temporal estaba conformada por tres empresas, Ingeniería Construcciones y Equipos Incoe S.A.S representante legal Jaime José Barrios Redondo, la constructora Aescaf cuyo representante legal es Juan Pablo Palacio Dorado y Construcciones Maja S.A.S representante legal Abelardo Ramírez Varela. La empresa de Ingeniería Construcciones y Equipos Incoe declaro ingresos por $21,560,414,987 en 2023, dejando con esos números los registros de una empresa grande. Otra empresa de la lista es Maja S.A.S, que está registrada en la cámara de comercio de Cali, en su historia registra un embargo en 2012, y desde el 2017 la sociedad arrancó un proceso de reorganización ante la Súper Intendencia de Sociedades.
La interventoría del contrato primero tenía al mando al Consorcio SB, para luego cambiar de manos, el 13 de septiembre de 2019, y dejar como responsable de la vigilancia al Consorcio Santa Paula. El tramite fue aprobado por el IDRD.
Los tropiezos de una obra que terminó en un pleito jurídico
El 16 de noviembre de 2017 comenzaron las construcciones, en teoría, planeadas para catorce meses. Para cumplir con el requerimiento y poder iniciar la intervención de la Unidad se pidió la suspensión de las prácticas deportivas realizadas en el lugar, es decir, la liga de vóleibol se quedó sin su tradicional sede de techo. Durante los primeros meses el consorcio San Antonio parecía contar con un respaldo técnico y económico serio. Se le entregó un anticipo de $2.874.727.669 y ya en agosto del 2018 se advirtió que habría problemas cuando las empresas solicitaron una primera prórroga de cuatro meses.
Después de unos meses de haber empezado, la construcción fue abandonada de un día para otro. El consorcio cumplió apenas con un 38% del total de la obra. Nunca cumplieron con los informes de avance de obra ni les pagaron a los empleados. Concluyó la alcaldía de Enrique Peñalosa sin resolver los problemas con los contratistas porque en octubre del 2019 fue elegida Claudia López como primera alcaldesa de Bogotá.
Su primer desafío fue formar un equipo de gobierno competente y entre los cargos claves estaba el Instituto de Recreación y Deporte, entidad que tiene un robusto presupuesto.
En octubre de 2020, ya con Claudia López como alcaldesa empezaron las primeras medidas administrativas. El IDRD, ahora en cabeza de Blanca Inés Durán decreto el incumplimiento parcial de la obra y le aplicó al consorcio la multa por abandono. Los contratistas se vieron abocados a tener que responder económicamente y el Distrito por su parte se preparó a cobrar los seguros y encargarse de sacar adelante la construcción.
El Distrito, ya en la Alcaldía de Claudia López actúa
Al mismo tiempo, en octubre de 2020 comenzó el proceso legal, que culminaría dos años después. En diciembre de 2022 se falló la declaratoria en contra de la Unión Temporal San Antonio, entre los investigados por la Contraloría distrital, se incluyó la interventoría SB, quien incumplió en su papel de garante de obra. Por otra parte, el distrito procedió a cobrar las pólizas, con lo cual se recuperó un total de 4.322 millones de pesos.
Por el descalabro de la Unión San Antonio, en 2023 la administración López, con Blanca Inés Duran como directora del IDRD abrió una nueva licitación por $43.951 millones, para el reforzamiento de la Unidad Deportiva El Salitre (UDS). El edificio deberá ser entregado en 2025; sin embargo, es poco probable que se cumpla la fecha de entrega porque en abril de 2024 se ordenó la suspensión de la construcción, porque mientras el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) no de las autorizaciones pertinentes no se puede avanzar en la obra.
En conclusión, los grandes perjudicados por los retrasos de la Unidad son los deportistas de las once ligas que les toco mudarse, por ejemplo, los de voleibol. Será al alcalde Carlos Fernando Galán, su director Daniel García Cañón quienes deberán asegurarse que la remodelación finalmente se concluya.
