En medio de la crisis económica, social y sanitaria más grave de las últimas décadas, con el PIB en caída libre, con el déficit fiscal cercano al 10% del PIB, con las mayores tasas de fallecidos por el coronavirus (420 en un día), con el desempleo en cifras suicidas, el hambre generalizada, la violencia por fuera de control (con el asesinato sistemático de líderes sociales y de excombatientes de las Farc) y la tensión al máximo en las relaciones binacionales con el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro, el fantasmagórico gobierno de la ultraderecha fascista colombiana que encabeza Iván Duque, la marioneta uribista del caballista del Ubérrimo, largó una parrafada de reforma tributaria con una cascada de impuestos para sacarle a la gente casi 25 billones de pesos colombianos (la media bobada de 110.000 millones de dólares). Con esta sería la tercera reforma tributaria del actual gobierno, mismas que han sido despilfarradas en corrupción y saqueo por parte de los gamonales y su red de contratistas e intermediarios ubicados en la sombra del aparato gubernamental.
Hay que ver lo que es esa máquina de asalto en que se han convertido algunas instituciones gubernamentales, verdaderas cloacas del régimen imperante. Ojalá que alguien con un mínimo de independencia y decencia se atreviera a escarbar en ese lodo purulento del despojo burocrático de una rosca delincuencial que opera sin controles en esta área del gasto social del gobierno. En todo caso, los senadores Iván Cepeda y Aida Avella, conocedores de tal desmadre, se hacen los de la visa gorda no obstante la abundante información que se les ha entregado.
La reforma tributaria radicada en el poder legislativo por el ministro de Hacienda y su equipo asesor es un sartal de alcabalas que tiene el fin de exprimir hasta la última gota de sangre de los trabajadores y las clases medias diezmadas por la debacle sanitaria y el desempleo. Esa andanada tributaria pretende tres cosas. Primero, hacer el mayor recorte al gasto público mediante la actualización de la denominada regla fiscal. Segundo, oficializar unas limosnas de hambre que designan como “Ingreso solidario”, que en realidad es la implantación fiscal del sistema de compra de votos del uribismo para asegurar el control y manejo de la próxima elección presidencial. Y tercero, establecer nuevas cargas de impuestos en la cadena de producción de alimentos, en los combustibles, en las pensiones y en los servicios públicos
En los términos del proyecto conocido lo que se quiere es articular los siguientes instrumentos, que operan en conjunto así:
(i) La redefinición de la regla fiscal, fortaleciéndola para garantizar niveles prudenciales del nivel de pasivos públicos para salvaguardar la capacidad económica del Estado y permitir la adecuada y perdurable implementación de los ajustes propuestos en materia de gastos e ingresos.
(ii) El fortalecimiento y focalización del gasto social mediante la adopción de mecanismos que permitan mejorar su capacidad redistributiva, así como la implementación de medidas de austeridad y eficiencia en el gasto.
(iii) La redistribución de las cargas tributarias y ambientales para fortalecer los ingresos del Estado necesarios para financiar el aumento en el gasto social, promover la progresividad del sistema tributario e incentivar el del desarrollo sostenible y el crecimiento limpio.
Conocido el texto de esta andanada alcabalera, la reacción no se ha hecho esperar y el rechazo ha sido generalizado entre los trabajadores y los sectores sociales intermedios del país. Para el próximo 28 de abril está convocada una gran movilización popular por toda Colombia que busca hundir este esperpento y permita provocar la debacle política del fascismo uribista que ahora maniobra para tomar distancia de la descomunal metida de patas del incapaz y mediocre jefe de la Casa de Nariño.
Pero la movilización no se queda allí. La misma está levantando la bandera de una renta especial de un millón de pesos para nueve millones de hogares colombianos afectados por la pobreza y miseria, que agravaron la actual crisis. Lo previsible es que las manifestaciones y acciones del 28A nos regresen a la potencia de las movilizaciones del 21 de noviembre del 2019, después del repliegue que supuso la presencia de la peste del C19.
Hay mucha indignación y rabia en el pueblo colombiano, por lo cual es pensable que un septiembre como el de 1977, que registró protestas, bloqueo de vías, movilizaciones campesinas y disturbios, se repita hoy, con duros enfrentamientos con los aparatos violentos del gobierno en ciudades y carreteras.
Hay que llevar la potencia de la multitud hasta momentos insurreccionales que tiren por el suelo este podrido régimen de la ultraderecha.