Para nadie es un secreto que Colombia siempre se ha caracterizado por contar con elevados y persistentes niveles de desigualdad de ingresos, hasta el punto de que siempre se le ubica entre la deshonrosa lista de los países más desiguales del mundo.
Los gobiernos de Colombia se han inclinado a favor de los gravámenes indirectos en los últimos 30 años, como los sería el impuesto sobre el valor añadido o IVA a los productos de consumo, que generan más recaudos, pero al punto de ser más inequitativos. Esta visión se impuso en el país hace 30 años y ha predominado en las múltiples reformas tributarias, que han tenido como constante el desmonte de la tributación progresiva y su reemplazo por la indirecta.
Así las cosas, se han configurado unas instituciones tributarias que sustituyen los gravámenes directos, en que los que tienen más capital acumulado pagan más, por los indirectos, en los más pobres tienen que pagar más en relación, para poder consumir incluso los bienes que conforman la denominada “canasta familiar”.
Las reformas tributarias que sacrificaban la equidad fiscal para ampliar el recaudo y sostener la rentabilidad del capital se estaban implementando cada año, eliminando así la “progresividad” del impuesto al patrimonio y a la renta de las personas jurídicas, pero elevando la carga tributaria del trabajo con relación al capital. En una explicación simplificada, al rico ganaba más dinero guardando su dinero en el banco, que el mismísimo asalariado, trabajando.
El valor fundamental por el cual se deberían inclinar los sistemas tributarios es la justicia distributiva, es decir, lo que se busca no es reducir la pobreza, sino la desigualdad material entre los ciudadanos de un Estado. Si bien la “desigualdad” y la “pobreza” son problemas económicos similares y relacionados, no por ello son los mismos.
O aquel que vele por el bienestar de los ciudadanos, como lo serían los programas de salud o sanidad pública. Es de aclarar que la forma en que el Estado gasta los ingresos tributarios son otro tema, el de una posible reforma a las normas orgánicas del gasto o presupuestarias.
En este sentido, condiciones como la “sostenibilidad fiscal”, y más concretamente, la relativa a la “deuda pública”, son necesarias para que el Estado pueda proveer servicios para reducir de forma sostenida la desigualdad social. Para ello, es necesario que exista una correspondencia estructural entre los ingresos y gastos, pues sólo así se pueden evitar el déficit fiscal o endeudamiento excesivo de la Nación.
La reforma planteada por el actual gobierno del presidente Petro, en teoría permitiría aumentar los ingresos tributarios del Estado, sin necesidad de incrementar de forma general la tarifa del impuesto de renta, al tiempo que resulta en una mejora en términos de equidad del sistema tributario, y de mayor simplicidad de éste, ante la reducción de los beneficios tributarios existentes actualmente.
¿En qué se diferencia la reforma actual con la reforma de Carrasquilla?
En 2019 y 2021 vimos cómo el pueblo colombiano se levantó en desobediencia civil contra las reformas tributarias del ministro Carrasquilla, lo que no impidió la renuncia del entonces presidente Iván Duque, pero que definitivamente generó un cambio en las preferencias electorales de los colombianos, permitiendo que un año después Gustavo Petro fuese el primer presidente categorizado como izquierda en Colombia.
¿El ocaso del sistema tributario liberal?
El aumento al IVA hasta en los bienes más básicos y comunes en el alimento de los colombianos, sumado a la evasión fiscal permitida tácitamente y facilitada a través de las exenciones tributarias, estaba convirtiendo el sistema en un gran “impuesto de capitación” o “impuesto principal”, a veces confundido con el impuesto per cápita, es un impuesto por el cual toda persona sujeta a él debe pagar exactamente la misma cantidad de dinero, independientemente de su renta u otras circunstancias.
Ese nivel de injusticia sólo lo había logrado la primera ministra Margaret Thatcher en la Inglaterra de finales del siglo XX, el modelo de gobierno más neoliberal que se hay conocido, con El Community Charge o “impuesto a la comunidad. Básicamente el nuevo tributo obligaba al pago de un importe igual a cada ciudadano con independencia de su renta o cualquier otra circunstancia personal o social, por lo que era fácil de calcular y recaudar, pero evitaba la progresividad y la proporcionalidad del sistema previo.
La crítica más repetida fue que el sistema era injusto e innecesariamente gravoso con quienes menos rentas tenían. Debido a su impopularidad, precipitó la caída de la primera ministra, Margaret Thatcher, y fue finalmente reemplazado en 1993 por el Impuesto Municipal o Council Tax introducido por la Ley de Finanzas del Gobierno local de 1992.
Debido al fracaso político de Margaret Thatcher, desde finales del siglo XX se han promovido impuestos de captación alrededor del mundo, no siendo Colombia la excepción, pero a través de la complejidad del sistema tributario, a través de mecanismos sofisticados de ilusión fiscal como lo sería la ocultación de la carga tributaria a los contribuyentes, siendo en los gravámenes indirectos todos los ciudadanos.
