En la reforma tributaria aprobada a pupitrazo, de espaldas al país y la ciudadanía, la implementación del acuerdo de paz volvió a quedar en una situación crítica. El gobierno Duque sigue empeñado en hacer trizas la paz y desvertebrar lo acordado con las extintas Farc, pasando por alto su obligación constitucional de “cumplir de buena fe con lo establecido en el acuerdo final” (acto legislativo 02 de 2017). Solo hay que recordar como en la reforma de Carrasquilla propuso liquidar las fuentes de financiación de los programas de la implementación para crear más burocracia.
A última hora y de forma exprés, esa intención fue retomada en la reciente reforma tributaria con dos “micos” colgados por el Centro Democrático y que le restan recursos a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y al programa de sustitución de cultivos.
¿Qué son los PDET?
Es un criterio de priorización territorial de iniciativas concertadas por las comunidades en los 170 municipios más afectados por la pobreza multidimensional; la persistencia del conflicto armado y la presencia de economías ilícitas. A lo largo de 2017, con la concurrencia del gobierno nacional, las administraciones locales y la cooperación internacional, aproximadamente 200.000 personas en 11.000 veredas seleccionaron 32.000 iniciativas (entre proyectos y gestión) como bases comunitarias, municipales y regionales de una visión compartida de desarrollo.
Así, bajo un novedoso modelo de diseño participativo, el más importante en la historia reciente del país, se estructuraron los 16 Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) del PDET y el Estado asumió la responsabilidad de volver realidad la reforma rural integral.
Ese proceso de estructuración inició con Santos y concluyó con Duque, algo que el presidente tiende a repetir cuando lo cuestionan porque no avanza en la implementación del acuerdo de paz; sin embargo, esa fase de estructuración solo consistió en la concertación de las iniciativas, la parte más importante y representativa, la que realmente busca cerrar brechas y “nivelar la cancha”, se encuentra en la ejecución, en sintonía con las iniciativas priorizadas por las comunidades.
Precisamente, es en la ejecución donde el gobierno ha concentrado sus esfuerzos para desconocer las instancias de participación creadas por el acuerdo de paz y de paso reducir las inversiones destinadas a los 170 municipios PDET. En ello volvió a insistir en la reforma tributaria al respaldar en último debate dos modificaciones a los artículos 34 y 61, de autoría de la representante Jenifer Arias, que modifican la figura de Obras por impuestos y reorientan la destinación del impuesto al carbono, cambios que de tajo le arrebatan al PDET una de sus principales fuentes de recursos y dejan seriamente desfinanciado el programa de sustitución.
¿De dónde salen los recursos para ejecutar los PDET?
Para volver realidad las 32.000 iniciativas concertadas por las comunidades se establecieron tres líneas de financiación: obras PDET, inversiones desde el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad-Paz) y obras por impuestos. Las obras PDET reúnen el conjunto de pequeñas infraestructuras locales; por ejemplo, placas huella, centros de acopio o casetas comunales, construidas con recursos de la Agencia de Renovación del Territorio; desde el Ocad-Paz se viabilizan los grandes proyectos a partir de recursos provenientes de regalías; y con las obras por impuestos, figura creada en la reforma tributaria de 2016, se vienen implementando los PDET con la posibilidad que tienen las empresas para pagar hasta el 60 % del impuesto de renta mediante la ejecución de proyectos en los municipios priorizados.
El alcance práctico de esas líneas de financiación ha resultado variable y bastante desigual, con algunas macroregiones concentrado la mayor cantidad de obras PDET y obras por impuestos; sin embargo, en su conjunto y en articulación con el Ocad-Paz, son la mayor garantía para que las iniciativas priorizadas por las comunidades puedan contar con los recursos suficientes para convertirse en una realidad en los próximos 15 años; mejorando así la oferta de servicios en los territorios más afectados por la violencia y cerrando brechas entre el campo y la ciudad.
¿Qué se aprobó en la reforma tributaria?
El gobierno decidió apoyar una modificación al artículo 34 propuesto por la presidenta de la Cámara de Representantes, la uribista Jennifer Arias, orientado a ampliar la figura de obras por impuestos, desnaturalizando su focalización en las zonas más afectadas por la violencia. Con la aprobación de ese artículo, a pupitrazo limpio y sin ninguna discusión, las inversiones con las que algunas empresas pagan sus impuestos de renta no se limitarán exclusivamente a los municipios PDET.
Así, se abre la puerta para desviar recursos a territorios que no necesariamente se encuentran atrasados a raíz de la persistencia del conflicto; una profunda debilidad institucional o la presencia de economías ilícitas.
Además, también se modificó el artículo 61 sobre los recursos recaudados por el impuesto al carbono, destinados a facilitar la implementación del acuerdo de paz y especialmente al programa de sustitución de cultivos ilícitos, agregando genéricamente que estos recursos se destinarán a “temas ambientales”. De esa manera, se retomó uno de los puntos de la fallida reforma de Carrasquilla y se deja en el limbo a miles de familias comprometidas con la sustitución de cultivos.
Hasta el alto consejero para la Estabilización, Emilio Archila, “alertó” sobre la inconveniencia de aprobar esos micos, resaltando su eventual impacto negativo en la ejecución de los PDET y en la continuidad del programa de sustitución. Entonces, ¿por qué el presidente no escuchó a uno de sus principales consejeros y cerebro de su política de paz con legalidad?
Sin mucho ruido, a pupitrazo y con la calle desactivada, la reforma tributaria metió un “golazo” y siguió consumando la intención del uribismo de hacer trizas el acuerdo de paz.
