Hace tan solo seis meses en Cancún, México, el Gobierno de Colombia se unió a los países miembros de la OCDE en el compromiso de estimular la innovación y creatividad digital, diciendo que explotaría el potencial de la interconectividad y la convergencia de las infraestructuras y servicios digitales para superar las brechas digitales, y que aprovecharía las oportunidades que suscitan las aplicaciones y tecnologías emergentes. Se comprometió a estimular el comercio electrónico y a reducir los impedimentos al mismo dentro y a través de las fronteras.
Difícil ver, entonces, que tan solo unos meses después, el mismo gobierno diseña e impulsa una reforma tributaria que hará exactamente lo opuesto.
La reforma tributaria que hoy se discute en el Congreso, y que no contó con participación u oportunidades de comentarios de la sociedad civil, irá en contra de lo que la OCDE llama un internet abierto, pues limitará el acceso al mismo de los colombianos en diversas maneras, y en contra de los compromisos adquiridos en Cancún.
La puerta de entrada al internet son los dispositivos necesarios para acceder a ella: el teléfono inteligente, la tableta o el computador. Bajo la reforma tributaria propuesta los colombianos pagaremos un IVA de 19 % sobre nuestras herramientas de entrada –nuestras llaves– al ecosistema digital. Es decir, el pequeño empresario que necesita su tableta para manejar inventario, ventas, proveedores, empleados para manejar su negocio, tendrá que pagar casi una quinta parte de su valor a las arcas del Estado, en lugar de invertirlo para crear más puestos de trabajo o riqueza para el país. El gobierno ha introducido unos umbrales mínimos por debajo de los cuales no se pagaría IVA en computadores y tabletas, como si estas herramientas de acceso a internet fueran un lujo, y olvida que acceder a internet es cada vez más un derecho, que WhatsApp hace parte de la forma de comunicarse de todos los colombianos.
En la última década hemos pasado de acceder a internet a través de un modem en la casa a hacerlo desde cualquier lugar y en cualquier momento, a través de nuestros teléfonos inteligentes. De hecho, todos los ciudadanos, accedemos cada vez más a internet y sus ventajas de manera móvil. Los usamos para comprar, leer, aprender, comunicarnos, evitar tener que desplazarnos por ciudades congestionadas, consultar y pagar servicios. La estrategia de Gobierno en Línea ha fomentado que los trámites con las entidades públicas se realicen por este medio para ser más rápidos y eficientes, y ahora ha decidido volver más costoso su uso para el contribuyente. La reforma tributaria no solo va a incrementar el IVA sobre este servicio de datos móviles del 16 % al 19 %, sino que propone cobrar un 4% adicional de impuesto al consumo. En total, los colombianos pagaremos un 23% para acceder a nuestros aplicativos y al internet desde nuestros teléfonos: esto incluye usar WhatsApp, Rappi o Tappsi, usar el App de Caracol o RCN, leer Las2orillas, o buscar un dato para una tarea, en el trabajo, o la traducción de una frase, y poder consultar el estado de nuestros trámites públicos incluidos pagar impuestos.
Como si fuera poco, la reforma propone cobrarnos 19 %
por acceder a bienes y servicios digitales,
entre los cuales se incluyen el almacenamiento en la nube
Y como si esto fuera poco, la reforma propone cobrarnos 19 % por acceder a bienes y servicios digitales, entre los cuales se incluyen (Art 178) el uso de almacenamiento en la nube, cursos de inglés o portugués, o ver una película o comprar un libro o jugar un juego. Es decir, si una empresa colombiana quisiera beneficiarse de los mejores prestadores de servicios de computación en la nube, tendría un costo adicional del 19 %, costo que no se genera en otros países. Si un profesional quisiera avanzar en su carrera y beneficiarse de los cursos de maestría o posgrado en línea, o un estudiante quisiera aprender un segundo (o tercer) idioma, el gobierno de Colombia en lugar de impulsar estas iniciativas, les cargará un impuesto del 19 %.
Y ante unas políticas tan agresivas en contra del ecosistema digital en el país, ¿qué se puede esperar que le pase a los emprendedores innovadores que diseñan estos aplicativos que tanto nos facilitan la vida?, ¿qué pasará con programas como Apps.co diseñados por el mismo gobierno para promover y potencializar la creación de negocios a partir del uso de las TIC?, ¿cómo se afectará ciudades como Medellín y Bogotá que luego de varios años de trabajo se estaban convirtiendo en centros de desarrollo digital, referentes en Latinoamérica? Ante el incremento en los costos, la demanda por estos servicios sin duda bajará, y los emprendedores digitales tendrán una motivación importante para irse a países como Argentina, Chile o México, donde la creatividad y la capacidad de innovación se impulsa y premia.
El efecto de estas medidas será desacelerar el progreso digital en Colombia, y la innovación, creatividad y productividad que el entorno digital trae para las empresas y para el desarrollo del capital humano en un país. No hay duda que las finanzas del estado están en ruinas, pero agredir al sector digital que fortalece e impulsa el crecimiento no solo de las empresas sino de los ciudadanos, no pareciera ser la salida. Tal vez valga la pena que el gobierno vuelva y lea la Declaración Ministerial sobre la Economía Digital: Innovación, Crecimiento y Prosperidad Social a la que se acogió en junio, pues al atacar el componente de economía digital, sin duda también ataca la capacidad del país de innovar, crecer y lograr una verdadera prosperidad social.
@aarcilaa
