La confiscación es el apoderamiento arbitrario de los bienes de una persona por el Estado; la pérdida compulsiva de la propiedad a favor del Estado sin contraprestación ni indemnización alguna; se trata de una represalia, generalmente por parte de quienes detentan el poder. Es lo más parecido a lo que le pasa a la inmensa mayoría de los colombianos, víctimas de unos cuantos que dominan el poder –bautizados por el candidato presidencial Jorge Robledo como “los mismos con las mismas”–, quienes disponen del presupuesto y del patrimonio de la nación y de sus habitantes como les da la gana y en beneficio propio y de extranjeros, utilizando mecanismos legales pero también ilegales o corruptos. El proyecto de tercera reforma tributaria de Iván Duque es casi una confiscación de lo poco que poseen las clases media y pobre, así como de productores nacionales, del campo y la ciudad, trabajadores y pensionados.
La gran mentira es que se trata de una “Ley de Solidaridad Sostenible”, cuando se trata de una confiscación agresiva y regresiva que quieren imponer con el chantaje de que si no se aprueba se acabaran los subsidios de la población más vulnerable. Estos mecanismos asistencialistas, convertidos en filón de clientelismo y corrupción, funcionan con cargo al presupuesto nacional, vía préstamos de la banca multilateral. Pero por la emergencia de la pandemia se pueden tomar otras fuentes de financiación como: emisión de capital y/o utilidades del Banco de la República, repatriar parte de las reservas internacionales, que según el Banco de la República son 59.000 millones de dólares a enero de 2021 ($215 billones); otra fuente de financiamiento es abolir las exenciones y exclusiones tributarias al gran capital por más de $50 billones anuales, y detener los corruptos que se roban otros $50 billones anuales.
Despejada la gran mentira, queda claro que esta reforma tributaria lo que busca es garantizar el pago de la deuda externa, que según datos oficiales alcanzó 156.834 millones de dólares a enero de 2021, que equivale al 51,8 % del PIB del país, un 11,6 % más frente a lo registrado en enero 2020 (140.474 millones de dólares), o sea que por cada 100 pesos que producen los colombianos, les toca pagar $51,80. A ello hay que agregar que, según el Ministerio de Hacienda, la deuda del gobierno nacional Central cerró en el 58,1 % del PIB en enero de 2021. Lo anterior quiere decir que el indicador llegó hasta los $632,18 billones, que en moneda estadounidense serían unos 177.600 millones de dólares. El pago de la deuda externa e interna, que incluye la del sistema financiero nacional, y el compromiso con Estados Unidos de comprarle 40 aviones de combate por 4.500 millones de dólares a una de sus empresas, son el motivo de la agresividad de la reforma tributaria contra la población, pretendiendo limitar al máximo el consumo y la capacidad adquisitiva, incluyendo nuevos impuestos o incrementando los existentes, como a los combustibles, a los servicios públicos y a los productos de primera necesidad, con los cuales recauda $10 billones; amplía también la base tributaria hasta quienes devenguen un poco más de $1.8 millones al mes; grava los insumos agropecuarios; crea el impuesto a las pensiones hasta de $4,8 millones; elimina los recursos parafiscales atentando contra las cajas de compensación familiar; grava los vehículos y golpea la naciente economía verde. En su conjunto, es un atentado contra la supervivencia del pueblo colombiano, una verdadera confiscación contra la cual se realizarán muchas protestas. ¡Detener la confiscación: clama la población!
