La constitución de 1991 estableció que "El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad".
En el periodo neoliberal desde 1990, se han aprobado más de 15 reformas tributarias, donde todas ellas se caracterizan por ser inequitativas, ineficientes y profundamente regresivas.
La inequidad se da en el sentido de que no todos los ingresos se gravan en la misma cuantía, pagan más las rentas del trabajo que las rentas del capital en las personas naturales, hay exenciones para unos sectores económicos, especialmente extranjeros.
La ineficiencia se presenta en la altísima evasión, elusión, contrabando y corrupción.
Y la regresividad se manifiesta por la cada vez mayor ponderación de los impuestos indirectos sobre los directos. Es decir el desbordante incremento del IVA y el impoconsumo.
Ya para el 2020 el IVA representaba el 29 % del total de los impuestos, mientras el de sociedades era de solo el 25% y el de personas naturales solo el 7 %.
Es decir, todos los gobiernos neoliberales hasta el momento, han violado sistemáticamente la constitución nacional.
En el estallido social del 2021, una de sus causas consiste precisamente en que el ministro de hacienda, Alberto Carrasquilla y el presidente Iván Duque, propusieron una profunda reforma regresiva, al imponer mayores impuestos de IVA y al extender la base tributaria a las rentas de trabajo de los asalariados con ingresos de 2,5 millones COP, con lo cual recogería 27 billones COP, dejando quietos a los ingresos de dividendos, rentas de personas naturales, los impuestos patrimoniales y las rentas de las empresas.
Esto indignó la población y sucedió la mayor explosión social de los últimos 75 años en Colombia, que ayudó de manera importante en en el desenlace electoral del congreso de marzo del 2022 y en la elección del nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro.
Hoy, por primera vez desde la constitución del 91, se presenta una reforma tributaria que tiene en cuenta esos tres principios, sin que se pueda considerar que resuelve las violaciones planteadas en las 15 reformas anteriores, pero si, con todo rigor, va en la dirección correcta, señalada por la constitución.
La reforma presentada por el presidente Petro y su ministro de hacienda José Antonio Ocampo, que si bien fue acotada a la mitad de la que anunció el presidente Petro en campaña, sí expresa el criterio progresivo de que quien más tiene más paga.
Así, en esta reforma el gobierno pretende recoger adicionalmente:
- 8,1 billones COP por ingresos de renta y patrimonio de personas naturales, al gravar todo tipo de ingresos superiores a 10 millones COP, con tarifas progresivas iguales entre el 0 y el 39%. Allí quedarán gravadas las rentas de trabajo, los dividendos y las ganancias ocasionales. Con tarifas progresivas también quedarán gravados los patrimonio superiores a 3000 mil millones COP.
- 5,1 por las personas jurídicas derivadas de eliminar algunas exenciones.
- 7,02 por impuestos a recursos del uso del subsuelo del Estado, tales como eliminación de las deducciones al impuesto a las regalías y un impuesto del 10% a las exportaciones de la industria extractivista.
- 2,55 por impuestos para proteger la salud y el ambiente, al imponer gravámenes a las bebidas azucaradas por la cantidad de azúcar, un 10% a los alimentos ultraprocesados y un impuesto por descarbonización ambiental y
- 2,2 por eliminación de los días sin IVA, impuesto a las importaciones de origen, Zonas de Frontera, Zonas Francas, el tope de 3% a los beneficios tributarios, y la modificación de rentas exentas de ganancias ocasionales,
Todo para un total de 25 billones de pesos.
Como se ha venido señalando se empieza a ver justicia tributaria en arreglo a los principios constitucionales, muy especialmente al de la progresividad ya señalada.
Sin embargo pueden haber varias discusiones.
Por ejemplo, que partir de 10 millones de pesos, que solo lo reciben el 2 % de la población, es gravar a personas que no son ricas, lo cual es relativamente cierto, pero entraña, en los profundos abismos de la desigualdad en nuestro país, un asomo de pensar en esos más 12 millones de compatriotas que ganan menos de un salario mínimo.
Algo similar se puede decir de gravar al 2 % de los pensionados, unos 24.000, que gana más de 10 millones de pesos, frente a buscar cómo atender a cerca de 5 millones de colombianos de mayores de 65 años, que no reciben un céntimo y por tal desamparados por estos gobiernos neoliberales. Claro, allí hay un reclamo constitucional de que no se pueden gravar las pensiones y por lo cual debe evaluarse.
Gravar los dividendos, las ganancias ocasionales y el patrimonio, tienen un profundo elemento progresivo y más si se hace con las mismas tarifas progresivas de los ingresos laborales.
Mención especial hay que hacer en las proyecciones por eliminación de exenciones a las personas jurídicas. Ese valor allí es muy bajo, lo cual está mostrando que se es muy considerado con las sociedades empresariales. Basta con recordar que la sola primera reforma tributaria de Duque, que fue declarada inexequible por vicios de forma en su trámite, demandada por Germán Vargas Lleras, determinó exenciones tributarias por 10,4 billones COP del año 2019, y que contó con el respaldo de la Andi para que fueran revertidas en la reforma del 2021 del ministro de hacienda José Manuel Restrepo, que prácticamente no quiso desmontar. Es decir, 5,1 billones COP por ese concepto es bajísimo.
Los impuestos a la industria extractivista están sobradamente justificados en su progresividad, entendiendo las múltiples y científicas razones del cambio climático.
Así mismo, para efectos de hábitos alimenticios saludables, están debidamente probados la necesidad de desestimular, mediante impuestos, al igual que el tabaco y el alcohol, el consumo de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados.
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El proyecto está en la dirección progresiva que señala la Constitución y es una rectificación sustancial de las reformas neoliberales, con lo cual se inicia este gobierno del cambio
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Se puede entonces inferir, que en general, guardando algunas de las glosas hechas, que el proyecto está en la dirección progresiva que señala la constitución y es una rectificación sustancial de las reformas neoliberales, con lo cual se inicia este gobierno del cambio.
Por último, dos anotaciones finales.
La primera, es que las exenciones tributarias a las personas jurídicas, son de cerca de 22 billones de pesos, la evasión es alrededor de 50 billones de pesos y la corrupción otro tanto, según el anterior director de la Dian y del actual Contralor General. Es decir, sigue habiendo de donde llegar a los 50 billones de pesos que habló el presidente Petro en campaña. Y no señalo los 92 billones COP de los que se hablan de exenciones en el IVA, pues eso son impuestos absolutamente regresivos, que más adelante deberían eliminarse.
Y la segunda, es que estos recursos de esta reforma tributaria y los que puedan ingresar por una eficiente operación de la Dian, son indispensables para que este gobierno del cambio, pueda adelantar la inversión social y productiva, incluso reducir el déficit fiscal que tanto atormenta a la tecnocracia neoliberal mundial. Estos recursos se requieren, para atender a los excluidos de siempre, que se debaten en el hambre, la pobreza y el desempleo y que se la jugaron entero por tener un gobierno popular y del cambio. Todo agravado, pues el anterior gobierno, dejó raspada la olla, se gastó todo el presupuesto del año, comprometió vigencias futuras y en muchas acciones desarrolló múltiples escándalos de corrupción que desfalcó el erario.
¡Razones sobradas para respaldar la reforma y más!
Posdata: cátedra de Paz, derechos humanos y necesidad de rectificar el modelo neoliberal ha dado el presidente Petro en las alocuciones de presentación de los mandos de la policía y el ejército, así como en los congresos empresariales de la Andi y Asobancaria.
