Mientras en México el gobierno de López Obrador presentará al Congreso de la Unión una reforma laboral de cara al país, necesaria para los trabajadores y que tiene amplia resistencia entre los sectores políticos y empresariales que se acomodaron durante décadas al modelo sindical y laboral ´charro´, en Colombia la agenda de reforma sindical es secreta. Y los asuntos centrales de una reforma integral laboral que beneficie a los trabajadores con formalización, restricción a la tercerización y libertades sindicales, seguridad social universal y digna, en el Plan Nacional de Desarrollo brillan por su ausencia. Por el contrario, las propuestas de gobierno y empresarios sobre reforma laboral y pensional van en detrimento de la ciudadanía. Nada para avanzar y en lo sindical silencio, secreto.
Se ha escuchado que por ahí anda la ministra con bufetes de abogados que asesoran empresarios, mirando si es posible hacer, vía decreto y sin pasar por el Congreso, una reforma laboral y sindical para contener el fenómeno creciente de nuevos sindicatos en todos los sectores económicos del país. Atacar la multiafiliación sindical y el carrusel de organizaciones de trabajadores es lo que en ultimas busca el nuevo gobierno, pues es el reclamo que vienen haciéndole los empresarios desde hace algunos años.
Y aunque, en este espacio ya nos habíamos referido a lo dañino que se ha convertido para los trabajadores el carrusel de sindicatos y la atomización de la precaria tasa sindical colombiana, esa reforma que al parecer se está fraguando bajo la mesa, de espaldas a los trabajadores, no resuelve el problema de fondo y a menos que se haga una reforma a la Carta Política, no pasará ningún examen de constitucionalidad. Debemos estar atentos.
La reforma que al parecer se está fraguando bajo la mesa,
de espaldas a los trabajadores, no resuelve el problema de fondo
y no pasará ningún examen de constitucionalidad
Ya lo había intentando la ministra Clara López en un borrador de decreto que nunca se concretó. Darle la representación en la negociación colectiva al sindicato más grande sería abiertamente contrario a la sentencia C-063 de 2008 y no soluciona nada. En Ecopetrol, por ejemplo, hay 15 sindicatos, 10 negociaron alrededor de la convención que firmó la USO, pero ahí sigue la atomización de organizaciones que no se van a disolver. La multiafiliación sindical tampoco se puede prohibir vía decreto o ley por ser contrario al convenio 87 de la OIT como ya también lo dijo nuestro máximo tribunal constitucional en la sentencia C-797 de 2000
Sociológicamente el fenómeno de la multiafiliación y el carrusel sindical surgió con la masificación de la inestabilidad laboral. En algunas ocasiones también surgió en las distintas ofertas de modelo sindical que se les ofrecen a los trabajadores en una determinada empresa o entidad, pero en el sector privado, sin duda alguna, obedece a la inestabilidad en el empleo y al abuso en el derecho de terminar contratos “sin justa causa” de los empleadores. Asunto que no quiere abordar el gobierno y tampoco el empresariado.
Quieren afectar el derecho de asociación sin ofrecer nada a cambio, como la ratificación de convenios 135 o 158 de la OIT o la negociación multinivel que permitiría fortalecer a los sindicatos y garantizar la estabilidad laboral. Tampoco piensan al menos subir las tasas de indemnización por despido sin justa causa. Los trabajadores hoy en día son sorprendidos por sus empleadores con esta herramienta abusiva y se van sin un peso en el bolsillo porque alrededor de un contrato indefinido han construido un proyecto de vida que se cae de sopetón sin ninguna explicación.
Los empleadores quieren siempre el lado más cómodo. Evitar el sindicalismo, evitar la negociación colectiva, evitar que los trabajadores se protejan de sus abusos, pero al mismo tiempo no quieren la estabilidad laboral y siempre tener a la mano la posibilidad de prescindir de la fuerza de trabajo sin ninguna explicación, pues gobiernos como el que vivimos, también en el pasado, les abarataron las tasas de indemnización y los jueces se resisten a indemnizar plenamente las nefastas consecuencias que trae para un trabajador un despido “sin justa causa”.
No señora ministra, no es solo darles a los empresarios. El Ministerio debe proteger el lado débil, estudiar la causa del fenómeno y buscar una solución plausible para todos. Estaremos muy atentos.
