Fui testigo de la reforma agraria de los años setenta y aunque era un niño recuerdo el peligro que representaba para mi familia cada manifestación de los llamados “usuarios campesinos”. Aunque no puedo hablar sobre las motivaciones del expresidente Lleras, sí puedo relatar en primera persona todas las sensaciones contradictorias que aún hoy me invaden.
No es una recopilación de documentos leídos, ni una exhaustiva investigación en una biblioteca la fuente de esta nota, es la vivencia de primera mano y el seguimiento de los efectos de esa reforma que, incluso hoy, perduran. Este conocimiento me permite inferir lo que podría pasar con la propiedad rural de acuerdo con lo concedido por el gobierno nacional en la mesa de La Habana.
Conceptos como “restitución y distribución equitativa de la tierra” tienen tanto de largo como de ancho, más en un país como Colombia en el que la clase política piensa al vaivén del tema que esté de moda, siempre que sea políticamente redituable. En la reforma agraria del expresidente Lleras que, independientemente de su buena o mala intención, generó un caos terrible especialmente en las zonas del Caribe donde se convirtió en una herramienta de venganza social y ni por cerca redistribuyó adecuadamente la tierra, que fue a parar a manos de muchos pequeños líderes políticos y pocos usuarios campesinos, como se denominaban en ese tiempo.
Las invasiones (supuestamente prohibidas) a tierras productivas iban en sentido diametralmente opuesto a la “filosofía” de dicha reforma, pero INCORA a nombre del gobierno no solo miraba hacia otro lado, también exaltaba a las asociaciones de invasores para que las llevaran a cabo. De inmediato se notó como los predios “incorados” eran abandonados y ofrecidos en arrendamiento a sus anteriores dueños o a cualquier tercero para que los usufructuaran porque los mecánicos, zapateros, choferes, profesores, abogados, etc., a quienes se les adjudicaban -ya que conseguían votos que a su vez permitían adquirir influencia- no estaban dispuestos a salir de los pueblos para ser productores rurales y el Estado tampoco daba herramientas para facilitar eso.
Hoy, a más de 40 años de esa reforma existen ingredientes adicionales que se suman a la ecuación de esta nueva intención de saqueo agrario, uno de los cuales es un exagerado odio social atizado por la permanente mala imagen que siempre se le quiere imponer a los productores agropecuarios, especialmente a los ganaderos, quienes en su momento han sido tildados de auxiliadores de la guerrilla o de los paramilitares, de multimillonarios, de acaparadores de la tierra y hasta de araganes como en sus propias palabras lo expresara el entonces presidente Lleras.
Soy el primero en defender la función social de la tierra, pero el tamaño de la propiedad no está necesariamente ligado a dicha función, como no lo está el tipo de explotación agropecuaria que se elija; en cambio, las políticas de apoyo si son parte de la solidificación de este componente. Lo mismo pasa con la función ecológica según el acuerdo y el artículo 58 de la Constitución Política. El peligro de plasmar en el texto del documento habanero lo que ya era constitucional es que se le abre la puerta a los mayores despojadores para que puedan tener poder decisorio en el despojo “legal” que se avecina y que se sumará al de facto que ya habían realizado.
Hay que destacar el peso específico tan grande que se le quiere asignar a la “redistribución” de la propiedad rural y podría, incluso, pensarse que las premisas –equivocadas al parecer – con base en las cuales se construyó este punto del acuerdo están relacionadas con la realidad que existía antes del nacimiento de esa guerrilla, cuando la población nacional era mayormente rural. Hoy en día, con una población muy superior al 70% viviendo en las cabeceras municipales lo correspondiente con nuestra época hubiese sido plantear esto respecto de la propiedad urbana, de manera que este aparte del convenio es, por decir lo menos, anacrónico. Esa anacronía selectiva es el caballito de batalla en el trasnochado discurso de la aún más anacrónica izquierda recalcitrante de América Latina. ¿Por qué razón se pretende limitar la propiedad honesta de la tierra? ¿Quién lo define, cómo se define y por qué se define? Los que nos sacaron corriendo a los productores honestos ahora quieren dictar cátedra de bondad social. ¡Vayanse al carajo!
No conozco de ningún ganadero o agricultor que posea o produzca la cuarta parte del hato nacional o de los cultivos en el país; lo que sí sé es que en otros sectores de nuestra economía sí hay actores que concentran la propiedad del 25% o más en su respectiva industria. La propiedad privada es buena, pero debe respetársele a todos, por lo menos legislando en igualdad de condiciones.
Es insólito pensar que la complejidad de nuestra actualidad podrá solucionarse con este punto del acuerdo, según el cual los negociadores creen que será el que “erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.” (Cita tomada del texto del acuerdo final de paz con las FARC).
“La ficción supera a la realidad” decía, Gabriel García Márquez, refiriéndose a nuestro interminable Macondo y por supuesto que estoy de acuerdo, no faltaba más.
Pregunto si el faltante pensional, la mala atención en el sistema público de salud, la desigualdad generalizada en el ingreso, la cultura del peculado, la evasión tributaria, los altos costos de la educación y tantas otras cosas que nos aquejan se van a resolver cuando empiecen las expropiaciones a los medianos productores agropecuarios, que somos los que no tenemos acceso a las esferas del poder, sea éste de izquierda o de derecha. Quiero ver que eso resuelva los precios internacionales del petróleo y mantenga altos los precios de las demás commodities que producimos en Colombia. Recordemos cuál es la participación del agro en el PIB y veremos si de pronto la cosa no es por donde la plantea el acuerdo cubano este tan cacareado.
El meollo no es la redistribución per se, es como se lleve a cabo. Tiene que ver con definiciones que no se ven por ninguna parte y que tampoco están contempladas en el acuerdo.
¿Será que debemos entender que nadie podrá ser propietario de más de una UAF (Unidad Agrícola Familiar)? O, ¿Pondrán un límite a la cantidad de tierra que una persona puede legalmente adquirir o poseer? Según se puede inferir del texto del acuerdo cualquier persona que posea una finca de recreo debería ser sujeta a expropiación porque, exegéticamente, ese predio no cumple con función social alguna y ni hablar de su función ecológica, de la que no he podido encontrar una definición por ningún lado.
¿Quién va a decidir sobre esos asuntos? La anterior es una de muchas situaciones que se pueden presentar. ¿Dónde están las definiciones, dónde están los alcances, dónde están las protecciones para los que hemos luchado tanto por el campo, por nuestras familias, por la sociedad y por el país? ¿Será que las expropiaciones que no alcanzaron a lograr los armados ilegalmente las van a conseguir por vía de un acuerdo inaceptable? No hay respuestas por ninguna parte.
El Fast Track es la puntilla que deja en el limbo al artículo 58 de la Constitución que dice que “se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. Lo que no tiene el artículo es una protección contra quienes deberían defenderlo.
TODOS LOS RESALTADOS Y SUBRAYADOS FUERA DE LOS TEXTOS ORIGINALES.
