Es una magistrada quien hasta el 30 de enero pasado era la Presidenta del Tribunal Superior de Pasto la que preside el recién creado sindicato Asojusur, Asociación de Servidores Judiciales del Sur. En menos de una semana logró convocar a más de 200 servidores de ese distrito judicial que comprende todo el departamento de Nariño: magistrados, jueces, secretarios, asistentes sociales, sustanciadores, escribientes y citadores de todos los juzgados civiles y de familia para alzar su voz de protesta frente a unas órdenes imposibles de cumplir impartidas, mediante Acuerdos, por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que no consultaban la realidad de la rama judicial en Pasto.
Se llama Mónica Rosero, y a pesar de estar escalafonada en el nivel más alto de la carrera judicial como magistrada de Tribunal Superior, no dudó en liderar la protesta, salir a la calle y acompañar las asambleas permanentes después de tocar todas las puertas institucionales en Bogotá: la Sala Administrativa, el Ministerio de Justicia, quienes no dieron solución oportuna a los reclamos que por el contrario fueron respaldados incondicionalmente por el gobernador de Nariño, por el alcalde de Pasto, los congresistas nariñenses, los Diputados, los Concejales Municipales.
Habló con quien pudo para buscar una salida razonable a la emergencia judicial que generaban las instrucciones llegadas de Bogotá antes de tener que recurrir a la protesta de hecho para ser oídos, como ocurrió con la declaratoria de paro del pasado 18 de enero que se prolongó hasta el 10 de febrero. Este pudo ser levantado gracias al fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto que tuteló su derecho al trabajo en condiciones dignas, suspendiendo provisionalmente la entrada en vigencia de la oralidad, hasta tanto no se den las condiciones mínimas requeridas. (Ver tutela)
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante el Acuerdo No. 10392, había tomado la decisión -a pesar de tener plazo hasta el 1 de enero de 2017- de implementar en todo el país y desde el 1 de enero de 2016, el Código General del Proceso que impone el sistema oral en todos los procesos que se tramitan en los juzgados civiles y de familia, sin tener en cuenta que de los 33 distritos judiciales, en 10 distritos, incluido Pasto, nunca había entrado a regir el sistema oral aprobado por la Ley 1395 de 2010. Se sabía que los distritos judiciales, no contaban con los requerimientos mínimos para ingresar a la oralidad, como son salas de audiencia, capacitación suficiente para jueces y empleados, despachos sin congestión, equipos de audio y de video, etc. y por esto estipularon los plazos.
El eco del recién creado sindicato Asojusur que reúne desde magistrados hasta citadores se escuchó en el Consejo de la judicatura en Bogotá
La magistrada Rosero habla a con vehemencia y convicción cuando narra las grandes dificultades a las que se enfrentaron los seis juzgados civiles municipales de Pasto cuando en enero, al regreso de las vacaciones colectivas, se los obligaba a aplicar la oralidad teniendo una congestión alarmante, pues la terminación de todas las medidas de descongestión el 31 de diciembre de 2015 y la no creación de juzgados de ejecución de sentencias por parte de la Sala Administrativa, conllevó a la devolución de más de 16.000 procesos a esos escasos juzgados civiles municipales, haciendo humana y logísticamente imposible cumplir con sus funciones jurisdiccionales. El escenario resultaba angustioso porque con la llegada de la oralidad llegaba también la presión de la evaluación de resultados por parte del Consejo Superior de la Judicatura. Urgía actuar.
Muy seguramente Mónica Rosero nunca se habría imaginado liderando protestas en las calles de su ciudad, que le traían a la memoria los tiempos de la Universidad de Nariño, ni ayudando a organizar un sindicato, pero las circunstancias lo volvieron imperativo. Para alguien convencida de la justicia como valor rector de la sociedad, formada en una familia de juristas y una vida profesional entregada al servicio de la rama judicial, actuar con rectitud y convicción es algo sobre lo cual no le cabía ninguna duda. Era el momento para buscar que esa misma justicia empezara por casa y obrara en beneficio no sólo de los servidores judiciales sino de los ciudadanos de todo el departamento de Nariño que requirieran de la administración de justicia para dirimir sus conflictos particulares. Se trataba, en conciencia, de una causa justa.
Con la salida de Francisco Ricaurte y Pedro Munar del Consejo de la judicatura por decisión del Consejo de Estado la sala administrativa quedó semiparalizada
Con la Asociación constituida, el cese de actividades llegó casi que por añadidura con el apoyo unánime de todos los servidores judiciales. Tal como era de esperarse, la protesta tuvo una reacción negativa entre los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura en Bogotá. Una Sala atrapada en dificultades de gestión al punto de haber sido incapaz de ejecutar 54.000 millones destinados al mejoramiento de la tecnología en la rama judicial y que terminaron siendo devueltos al presupuesto nacional, a finales del 2015.
Desde el 11 de noviembre del 2014, cuando el Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada nariñense Stella Conto Díaz del Castillo, tumbó la elección de Pedro Munar y Francisco Ricaurte como magistrados de la Sala Administrativa, ésta no se había podido recomponer por la omisión de la Corte Suprema de Justicia en nombrar a sus reemplazos. Solo a finales de enero, después incluso de la presión de los paros judiciales en distintas ciudades del país, la misma Sala Administrativa nombró provisionalmente para ocupar las dos vacantes a la exfiscal Martha Lucia Zamora y al exauditor General de la República Iván Gómez Lee, quienes permanecerán en el cargo hasta que se supere el impasse con el nuevo Consejo de Gobierno Judicial, producto de la reforma al sistema y el que no ha podido constituirse por la lluvia de demandas de quienes defienden la permanencia del Consejo Superior de la Judicatura o están atados a intereses de otro tipo.
Cuatro juezas civiles del Circuito de Pasto fueron claves para la creación del nuevo sindicato: Liliana Miran, Ana Cristina Cifuentes, Nubia Jaramillo y Mónica Rosero
La tradición rebelde que ronda el sur del país, desde los tiempos de Agustín Agualongo, irradió el temple para que los servidores judiciales de Nariño permanecieran firmes dentro de un movimiento de protesta que logró juntar desde los citadores de los juzgados municipales hasta los magistrados del Tribunal superior. Con la decisión a favor proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto se levantó el paro y se convirtió en un campanazo de alerta para llamar a la acción oportuna a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. El escenario ha cambiado y la nueva presidenta de la Sala, Martha Lucia Zamora, ha dado señales de mejor trato y de tener voluntad política para concertar con los servidores judiciales, mirando a las regiones. Zamora, quien se estrenó en el cargo hace poco, espera contar con el respaldo mayoritario de sus compañeros de Sala para profundizar las mesas de concertación semanales, con miras a implementar un mejor modelo de centros de servicios en la rama judicial más allá de Bogotá.
La rebelión del sur produjo una fértil siembra que ha comenzado a dar frutos.
