El mundo, en su contexto globalizado, en una sociedad del conocimiento y la información, se ha puesto de acuerdo al considerar la educación como un eje central del desarrollo de las naciones. La educación se ha convertido en uno de los puntos principales de la agenda política de los países y las organizaciones internacionales.
Ortega (2009) considera que: “para entender la lógica de las reformas que se han venido implementando en el ámbito educativo es necesario reconocer que cada vez que hay un cambio en el modelo socioeconómico se requiere adecuar el modelo educativo para que sea consonante con dicho modelo” (p.10).
En ese sentido, desde la década de los noventa las políticas públicas en materia de Educación Superior en América Latina y la hoja de ruta de las reivindicaciones del movimiento estudiantil colombiano, han estado mediadas por la puesta en marcha del fenómeno de la globalización y su modelo económico neoliberal. Estas dos caras de una misma moneda han transformado la sociedad, los Estados y las Instituciones de Educación Superior (IES), reformulando sus capacidades e incorporando la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación a su desarrollo, en la medida que la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la información se convierten en fuente de poder. Sin embargo, estas importantes transformaciones se han sustentado en una lógica de desigualdad producida en el marco de la dependencia internacional y la división internacional del trabajo.
De esta manera, se han gestado iniciativas gubernamentales con el firme propósito de ajustar y acondicionar el sistema de Educación Superior en Colombia a los imperativos del modelo económico neoliberal, la globalización del conocimiento (capitalismo cognitivo) y las disposiciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial y la OCDE.
Las políticas públicas con las cuales se busca acomodar la Educación Superior a las exigencias del patrón global, se dividen en dos bloques: Primero, la austeridad selectiva, acompañado del congelamiento de los recursos públicos destinados a la financiación de la Educación Superior; segundo, la configuración de un Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET) orientado al incremento de la competitividad económica del país y que, contrario a lo esperado profundiza las lógicas de dependencia y agudiza la posición de Colombia en la división internacional del trabajo.
En primera instancia, en términos de gasto público del gobierno nacional central destinado a la educación superior en Colombia, es posible apreciar una clara disminución, que contrasta con los aumentos observados en el gasto destinado a la educación en general. Mientras que el gasto en educación del gobierno nacional ha pasado de 1,8% en el 2000 al 5% del PIB el 2012, el gasto en educación superior ha sufrido un claro declive, pasando del 0,55% del PIB en 2002 al 0,39% en 2012. Sin embargo, la reducción de los recursos destinados al financiamiento de la educación superior no ha significado una interrupción o una caída en el aumento de estudiantes matriculados. Todo lo contrario: la cobertura ha aumentado sostenidamente en las instituciones de educación superior, en general, y en las universidades públicas, en particular. En el total de instituciones de educación superior públicas el número de matriculados pasó de 538.874 en 2005 a 954.198 en 2012. (Mora, 2016. P. 65 – 67)
Se puede afirmar que la Universidad Publica en Colombia se encuentra sometida a un asfixie sistemático. Mayor cobertura con menor dinero, lo cual se ve reflejado en los niveles de calidad, ausencia de planta docente, deterioro de la planta física y con todo eso, la exigencia de una acreditación de alta calidad completa el cuadro de sometimiento.
Frente a la desfinanciación de la Educación Superior en Colombia, el Sistema Universitario Estatal (SUE) menciona que:
“El conjunto de universidades públicas del país enfrenta un desfinanciamiento de $ 11,15 billones, el cual se ha acumulado después de la consagración de la Ley 30 de 1992 (que organiza el servicio público de la educación superior en Colombia), pues estableció que el monto global de los recursos proporcionados por el Gobierno Nacional Central debía actualizarse según la variación en la inflación, tomando como base el valor de los recursos girados a las universidades públicas en 1993. En este sentido, los recursos que reciben las universidades en la actualidad son los mismo que recibían hace 22 años, desconociendo sus transformaciones institucionales durante este periodo y el incremento de sus compromisos académicos, investigativos y de cobertura, así como sus necesidades en materia de renovación y sostenimiento de la infraestructura física y tecnológica y las demandas salariales de sus docentes y cuadros administrativos”. (Citado por Mora, 2016, p. 74)
A todo esto, se suma la apuesta del gobierno del presidente Juan Manuel Santos con el programa “Ser Pilo Paga”, el cual ha resultado ser un incentivo al aumento de los ingresos de las universidades privadas, a través del subsidio a la demanda, el 85% de los 10.080 estudiantes beneficiarios en 2015 se han matriculado en universidades privadas, lo que redunda en la privatización del gasto público en la Educación Superior. Los pilos solo pueden presentarse en una de las 44 Instituciones de Educación Superior (IES) acreditadas en Alta Calidad en el país, de las cuales 32 de ellas son IES privadas.
Por otro lado, con respecto al Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), los organismos multilaterales como el Banco Mundial y la OCDE han señalado que el reto para Colombia ser miembro activo de esta sociedad globalizada de información y conocimiento es la transformación del sistema educativo. Se recomienda la receta de formación de capital humano para el mercado laboral, las instituciones de educación superior deben comprender y satisfacer las necesidades de las empresas. En este sentido, la apuesta del sistema de educación nacional deberá ser prioritariamente la formación técnica y tecnológica de bajo costo para el mercado laboral.
Seis años después de las multitudinarias y reconocidas movilizaciones estudiantiles dirigidas por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) en contra del proyecto de Ley 112 que reformaba la Ley 30, el movimiento estudiantil Colombiano tiene en su horizonte nuevos retos y una enorme responsabilidad con la historia. Retomar la aceptación y la legitimidad que tuvo la MANE en el conjunto de la sociedad civil deberá ser nuestro objetivo. Hoy la lucha por un sistema de educación superior diferente, es la lucha por un nuevo proyecto de país y en ese sentido, deberá el movimiento estudiantil llevar las banderas de las reivindicaciones educativas a todos los escenarios posibles, desde las aulas de clase, hasta las calles, desde los escenarios académicos, hasta los escenarios de poder.
La lucha estudiantil en Colombia ha dejado algunas lecciones que es necesario repasar: la renovación de la protesta con acciones lúdicas y simbólicas, la combinación de las acciones institucionales y no institucionales, la convergencia de estudiantes de instituciones públicas y privadas, la posibilidad de acción unitaria por parte de diversas corrientes políticas estudiantiles, la participación de profesores y padres de familia; y sobre todo, la capacidad de convocar a la sociedad en su apoyo. Es cierto que el foco del conflicto es educativo, pero involucra a toda la sociedad.
¿Estaremos los estudiantes universitarios de esta generación a la altura del compromiso histórico? Amanecerá y veremos.
