En el pasado, las administraciones municipales, departamentales y nacionales, al comenzar sus periodos de gobierno tenían como principal misión la elaboración de los planes de desarrollo, en ellos incluían todas las promesas que habían hecho como candidatos. Una vez posesionados los candidatos electos, los más participativos consultaban a la comunidad, los más anticuados contrataban a un especialista para le “diera haciendo” el plan a su conveniencia.
Entonces los expertos armaban complejas matrices en las que metían como por un embudo todas las problemáticas, las soluciones y el presupuesto. Todo lo contrario ocurría al finalizar sus gobiernos, cuando a duras penas alcanzaban a remodelar el parque o a inaugurar algún polideportivo, porque el resto de la plata se iba en fiestas y en los contratos de los amigos.
Hoy la realidad ha cambiado, las necesidades son diferentes, el mundo es diferente, las pavimentaciones pasan a un segundo plano, las fiestas y la remodelación de parques serían un despilfarro. Hoy son urgentes y prioritarios, tres o cuatro temas de vital importancia, los cuales deben ocupar la atención absoluta de los gobernantes nacionales, departamentales y municipales.
La preocupación primera en este momento es la de contener la propagación de la pandemia y atender a la población portadora y enferma del virus. En efecto, la primerísima necesidad es la de garantizar la salud y la vida, tema en el que existen muchas dudas y faltan respuestas, como las cifras reales, los exámenes, la existencia de suficientes pruebas, cómo se está haciendo el aislamiento, que lugares se han dispuesto para ese fin, qué equipos médicos e insumos hacen falta, cual es la capacidad de atención hospitalaria en cada región, cual es la situación de los médicos y enfermeras, que medidas se están tomando con los migrantes, como fortalecer la capacidad de atención en las regiones marginales, entre otras.
Un segundo punto inevitable, es la necesidad de garantizar la prestación eficiente de los servicios básicos y domiciliarios. En primer lugar, el de la seguridad alimentaria. Este es el problema histórico de Colombia, el de la tenencia de la tierra y la producción agropecuaria. Hoy vemos con dolorosa claridad que la nación tiene una deuda social costosa con el campo. Es urgente recuperar el tiempo perdido, fortalecer el agro con todas las instituciones y recursos (créditos, educación, tecnología, asesoría, mercados, vías, transporte, servicios, etc., etc., etc.). Los gobiernos nacionales, ciegos y sordos, siempre le dieron la espalda, prefirieron los fracasados TLC, y abandonaron a su suerte al campesino y al indígena, quienes compitieron indefensos contra las importaciones de las multinacionales y los intermediarios.
La tercera misión impostergable es la atención humanitaria a la población vulnerable, a todas las familias que viven del diario, a los vendedores ambulantes, a las trabajadoras sexuales, los coteros, empleadas domésticas, migrantes, habitantes de calle, a los adultos mayores, víctimas de la violencia, enfermos, personas en condición de discapacidad, sectores informales, indígenas, desplazados, población carcelaria, desempleados, entre otros. Para ellos nunca hubo programas verdaderos de rehabilitación, de reconversión o de sostenimiento, y hoy las medidas de aislamiento son inhumanas, los condena a la muerte.
Un cuarto renglón, a mediano plazo, tiene que estar orientado a la reconstrucción de la economía, no solo para las grandes y medianas empresas, sino para rescatar y recuperar a los pequeños comerciantes y trabajadores, que son la gran mayoría de la población. Este objetivo debe considerar especialmente a las nuevas generaciones, muchos jóvenes no van a terminar su bachillerato ni su universidad, van a terminar en las largas filas del desempleo. La respuesta a esta necesidad necesita convocar al sector académico, el SENA, Cajas de Compensación, los institutos técnicos, Cámaras de Comercio, y a todas las entidades responsables del desarrollo económico, para proponer planes de subsidios, capitales semilla, créditos, formación, búsqueda de mercados, generación de conocimiento y tecnología, con enfoque de justicia social.
La elaboración de un Plan de Desarrollo acorde con el momento que atravesamos, debe plantear una revisión del Contrato Social, debe ser participativo con objetivos sociales, con la organización de comités sectoriales y con enfoque diferencial, en donde los sectores marginales tengan voz, con una veeduría ciudadana idónea que garantice la transparencia de las medidas para contar con la confianza.
El gobierno nacional y los alcaldes del país, deben llamar de manera insistente a la unidad de la población para enfrentar la crisis, este llamado para que sea serio y real debe convocar a todas las fuerzas vivas de todos los diferentes sectores sociales y políticos para participar en la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo. El alto grado de la calamidad exige abandonar los egoísmos partidistas, los colores políticos, para emprender las reestructuraciones que sean necesarias.
Estos son tiempos extraordinarios que requieren de esfuerzos extraordinarios y de la unidad de todo el pueblo, sin intereses particulares, sin egoísmos, con mente abierta y sentido patriótico. La historia y el pueblo juzgarán a sus dirigentes por las decisiones tomadas, por los costos y las victimas que causen.
