La pandemia del COVID-19 ha causado una grave crisis económica mundial de la cual no se ha escapado Colombia. El gobierno nacional considera que en el 2020 la economía decrecerá en un 5,5%, aunque algunos analistas económicos consideran que será aún mayor, alrededor de un 7%. Con 1,9 de trabajadores que han quedado cesantes, el desempleo podría superar el 20%.
Según el informe del Dane para el primer trimestre de este año, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue apenas del 1,1 por ciento, frente a un 2,9 por ciento para el mismo período del año pasado, a causa por ejemplo, de que la construcción decreció en un 9,2% y la manufactura en un 0,6%.
Para enfrentar la crisis económica ante la contingencia de coronavirus, el presidente Duque expidió el Decreto 417 de marzo 17 de 2020, por el cual se constituyó el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), con el fin de atender necesidades de atención en salud, los efectos adverso en la actividad productiva y para que la economía continúe brindando el empleo y el crecimiento. Los cuantiosos recursos estatales del FOME que estarán en el orden de los 15 billones de pesos serán manejados por los bancos privados, junto a otros 48 billones de pesos dedicados a apalancar a las pequeñas y medianas empresas. Como expresa el decreto presidencial con dineros públicos el gobierno sale en apoyo a la liquidez del sector financiero ante posibles afectaciones por la crisis actual.
Pero esta concentración de los recursos estatales en manos del sector financiero para reactivar la economía del país, ha traído como consecuencia toda una serie de trabas e impedimentos, impuestos por los bancos, que le hace imposible a la pequeña y mediana empresa, que representa el 80% del empleo, el poder acceder a esos recursos. Además, más que créditos bancarios, las pymes lo que solicitan son subsidios para poder mantener las nóminas y con ello el empleo en el país.
Una posible medida, por el tamaño de la crisis económica y el descomunal esfuerzo gubernamental que se necesitaría para reconstruir la economía nacional, que no lo podía resolver el sector financiero, sería volver a constituir un organismo estatal con las características del antiguo Instituto de Fomento Industrial (IFI).
El IFI se creó mediante facultades extraordinarias concedidas por la Ley 54 de 1939 al Presidente de la República, Eduardo Santos y por el Decreto 1157 del 18 de junio de 1940, precisamente por una grave crisis económica que se presentó en el país debido al cierre de las importaciones por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y que la banca privada no estaba en capacidad de resolver, por lo que al gobierno se vio obligado a crear un soporte financiero estatal para salvar la industria nacional.
El Instituto de Fomento Industrial fue el apoyo financiero del Plan de Fomento Manufacturero, convirtiéndose en un banco de primer y segundo piso. La unión de recursos financieros del Instituto y de los particulares permitió la constitución y desarrollo de un elevado número de empresas en diferentes regiones del país, que crearon importantes volúmenes de empleo. Entre esas empresas podemos mencionar: Monómeros Colombo Venezolanos, Propal, Corfivalle, Álcalis de Colombia, Sofasa, Simesa, Siderúrgica Paz del Río, Planta de Soda de Zipaquirá, Salinas Marítimas de Manaure, Icollantas, Empresa Colombiana Pesquera de Tolú, entre otras. El IFI también contribuyó al desarrollo de la política exportadora, con proyectos mineros como el del níquel en Cerromatoso y el carbonífero de El Cerrejón. Podemos afirmar sin lugar a dudas que la creación del Instituto de Fomento Industrial fue el inicio del desarrollo industrial del país.
Pero una vez instaurado el nuevo modelo de desarrollo en el país, a principios de los años noventa, denominado de apertura económica o neoliberal, con su política de debilitar el Estado y privatizar las empresas estatales, se inició el declive y la crisis del IFI.
De esta manera los diferentes gobiernos posteriores obligaron al IFI a vender su participación en las empresas con alta productividad, quedándose con aquellas que representaban una pesada carga y un desangre para el Instituto. Además pasó de ser una banca de primer y segundo piso, para quedarse únicamente con el papel de segundo nivel sin relación directa con los clientes, relación ésta que le correspondería a la banca privada.
Con estos nuevos cambios de modelo y medidas económicas en el país, los días del Instituto de Fomento Industrial estaban contados y la estocada final fue el artículo 1 del Decreto 2590 de 2003 que dispuso la disolución y liquidación de IFI, firmado por el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez.
Por ello, ante la necesidad de rediseñar nuevos esquemas y soluciones para reconstruir y reactivar la economía, y sacar adelante al país, a causa de los desastrosos efectos causados por la contingencia del COVID-19, la constitución de un nuevo organismo estatal, tipo Instituto de Fomento Industrial IFI, sería un instrumento fundamental a la salida de la crisis.
