Por múltiples motivos, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ha estado en la lupa de la opinión pública en los últimos meses. La CREG es una dependencia del Ministerio de Minas y Energía, pero cuyos comisionados son designados directamente por el presidente de la República para cumplir su periodo respectivo de cuatro años. Una de sus funciones, “Fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible”, según el Decreto 1260 de 2013.
El Congreso de la República aprobó en 2019 el Plan Nacional de Desarrollo o Ley 1955 de 2019, cuyo artículo 318, con el respaldo de la mayoría parlamentaria, consignó un nuevo régimen especial tarifario para la Región Caribe, reglamentado por la Resolución CREG 010 de 2020. Por ahí se fue el agua al molino de las más descomunales alzas tarifarias en los últimos tiempos en la Costa Atlántica, lo que ha hecho estallar protestas de todos los estratos socio-económicos residenciales y empresariales. No es para menos.
Desde que llegó AIR-E en octubre de 2020, han sido múltiples los justos reclamos enarbolados por la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, en los que han coincidido los más diversos sectores sociales, económicos, gremiales y hasta los alcaldes de la región. Son dos los detonantes principales de las alzas contenidos en la Resolución 010: 1) determinó que las inversiones futuras de AIR-E y Afinia-EPM deben ser pagadas por los usuarios vía tarifas y en forma anticipada, como lo admitió el exviceministro de Minas Miguel Lotero: “la financiación de estas nuevas inversiones debía hacerse vía tarifas” y 2) elevar astronómicamente las pérdidas eléctricas reconocidas, llamadas (Pr) en la factura, lo que ha sucedido en un 600%. Además, otro regalo de Duque fue vender los activos de Electricaribe en Atlántico, Magdalena y La Guajira por ínfimos $285.000 millones, cuando la propia CREG reconoce en la Resolución 078 de 2021 que valen $2.44 billones. Sobre esta suma se hicieron los aumentos tarifarios, que han llevado al kilovatio hora a bordear los mil pesos, cuando antes de llegar la nueva empresa hace menos de dos años valían menos de $500.
Pero el anterior gobierno duquista no se quedó allí, ya que antes de entregar el mando designó como nuevos comisionados de la CREG a la ex Superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, cómplice de toda la debacle del servicio eléctrico, a Andrés Barreto González, ex Superintendente de Industria y Comercio, y a Sara Vélez Cuartas, exfuncionaria del Ministerio de Minas, como para seguir haciendo de las suyas en los nuevos cargos, utilizando la puerta giratoria que les permite manipularlos a su antojo.
Los nuevos atropellos no se han hecho esperar, ya que la misma Creg expidió la Resolución 701 011 de 30 de junio pasado para implementar la Infraestructura de Medición Avanzada (AMI), conocida como medición inteligente, un sistema sofisticado y costoso que no es necesario para la inmensa mayoría de usuarios y que además viola la Sentencia C-186 de la Corte Constitucional de 2022: “No es obligatorio para los consumidores reemplazar su contador por uno inteligente” (página 74).
Miles de usuarios de la Región Caribe vienen protestando enérgicamente, como se ha visto últimamente en La Guajira, Cesar, Córdoba, Atlántico exigiendo echar atrás las exorbitantes alzas. Hace poco el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, informó que había acordado con el presidente Gustavo Petro “buscar medidas a mediano plazo para resolver dicha situación”, cuando lo obvio es que las soluciones deben ser puestas en práctica lo más pronto posible so pena de ahondar el hambre y la indignación de millones de usuarios.
