El 19 de octubre pasado se constituyó oficialmente en Barranquilla la Región Administrativa y de Planificación Caribe, la tercera en el país después de la RAP Centro y la Pacífico, siguiendo los lineamientos de la Constitución Política de 1991. Es saludable para la opinión pública conocer a grosso modo la importancia, alcances y limitaciones de la nueva figura de asociación regional. También, saber cómo podría ser útil para buscar salidas a algunas necesidades sentidas de la población.
No se pueden desconocer las peculiaridades que identifican a los grupos humanos en cada territorio de la nación, por su idiosincrasia, historia, cultura y costumbres, conglomerados con rasgos comunes tan propios como los que se aprecian en la región Caribe. Los artículos 306 y 307 de la Constitución permiten crear regiones administrativas y de planificación (RAP) entre dos o más departamentos y establecen las condiciones para convertirlas en regiones de entidad territorial (RET).
Por su parte, la Ley 1454 de 2011 desarrolla los dos artículos constitucionales, señalando que estas regiones: “se enmarcan en una visión del desarrollo hacia la complementariedad, con el fin de fortalecer la unidad nacional (…) para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes” (artículo 3°) y “para organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional” (artículo 12°). También advierte el artículo 17° que “en ningún caso las entidades territoriales que se asocien podrán generar gastos de funcionamiento adicionales con cargo a su presupuesto o al presupuesto general de la Nación”, refiriéndose a las RAP. Igualmente, es importante agregar lo que define el artículo 30°: “La Nación podrá cofinanciar proyectos estratégicos de las regiones administrativas y de planificación, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones previstos en la normativa vigente”.
En este sentido, la diferencia más crucial de las RAP y las RET es que las primeras se tienen que financiar con recursos propios aportados por los entes territoriales que la integran, mientras que la segunda, como ente territorial, ya tendría partidas de las transferencias nacionales del llamado Sistema General de Participaciones. Es clave advertir que las graves problemáticas de toda índole que padecen los más de diez millones de habitantes de la región Caribe no van a desaparecer por la simple constitución de este nuevo ordenamiento territorial, ya que su origen está en las políticas oficiales que han lacerado el progreso social desde antaño, pero principalmente desde las últimas tres décadas cuando se entronizó el libre comercio o neoliberalismo. Hay que echar atrás este modelo si queremos enrutar las fuerzas productivas de la industria, el agro y el comercio hacia un desarrollo que genere empleo digno y calidad de vida.
Solución integral a la crisis estructural del servicio eléctrico
Urge que la RAP Caribe se apersone en la búsqueda de soluciones al pésimo servicio que presta Electricaribe. Hace 50 años se constituyó la Corporación Eléctrica de la Costa (Corelca), empresa estatal que intervenía en toda la cadena y que sustentó la construcción de la infraestructura eléctrica de la región, pero que fue liquidada y privatizada al igual que las siete electrificadoras de la costa. Hoy, con Electricaribe, estamos viendo las consecuencias.
La española Gas Natural Fenosa, accionista mayoritaria de Electricaribe desde el año 2000, fue un fracaso total. En vez de realizar las inversiones requeridas para mejorar la obsoleta infraestructura, hizo todo lo contrario, porque desmanteló miles de kilómetros de redes de cobre para venderlos en Europa y las reemplazó por redes de aluminio de mala calidad que no resisten la polución y salinidad de la costa.
Pero además, según denuncias de la Contraloría General de la República, Gas Natural Fenosa desfalcó los recursos públicos de los programas de normalización de redes (Prone) y electrificación rural (Faer), se apropió indebidamente de cuantiosos subsidios FOES y dejó de reportar 350.000 horas de interrupciones del fluido eléctrico, según lo denunció la Superservicios. Estos saqueos del erario pueden superar los 600.000 millones de pesos, por lo que es un exabrupto insinuar que esta empresa regrese a la costa como si nada hubiera sucedido, según lo ha sugerido el interventor Javier Lastra en La República.
Todas las fuerzas vivas de la región, unidas con la RAP Caribe, debemos exigirle al Gobierno nacional una solución real a la crisis estructural del servicio eléctrico, de preferencia mediante grandes inversiones oficiales con aportes de la nación, los departamentos, los distritos y las ciudades capitales. La región Caribe merece tener un servicio adecuado con precios razonables y que sustente la calidad de vida de la población y óptimas condiciones para el sector productivo.
