En 2015 el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces Ministra de educación Gina Parody hicieron una apuesta ambiciosa: construir y adecuar 30.600 aulas de clase con el Plan Nacional de Infraestructura Educativa para superar el déficit que había en el país. Para la administración de este megaproyecto crearon el Fondo de Financiamiento de Infraestructura, una cuenta especial del Ministerio que inyectaría el millonario presupuesto. En el papel ya todo estaba sobre la marcha.
En la práctica todo fue mucho más complejo. Cientos de niños tienen que ir a estudiar a escuelas sin agua, sin energía, a medio construir, sin barandas ni techos completos y con frecuencia sin alcantarillado sanitario ni pluvial.
Más de 3’245.455 pobladores de las diferentes regiones del país en donde se desarrollan los proyectos están en veremos porque las obras parecen no avanzar. La Contraloría en cabeza de Felipe Córdoba, no aceptó más disculpas y se hizo sentir con una alerta, conocida técnicamente como un control de advertencia a la ministra de educación María Victoria Angulo.
Tolimense, hija del dirigente conservador Guillermo Angulo, quien también fue ministro de educación en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, llegó al cargo el 7 de agosto de 2018 después de haberse desempeñado como secretaria a de educación en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Su mentora ha sido la exministra Cecilia María Vélez quien estuvo al frente de la cartera durante los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe, una recomendación que pesó para su nombramiento y en él ha permanecido los cuatro años de gobierno, en el que ha contado con un importante respaldo reflejado en un robusto presupuesto, de los más grandes en los últimos gobiernos.
Sin embargo, en el frente de infraestructura escolar, las cosas no parecen haber salido tan bien. La Función de Advertencia firmada por el contralor Felipe Córdoba demuestra que la ministra ha conseguido entregar las obras al corte del 11 de febrero del 2022 y que contratistas no han respondido.
En 52 proyectos sólo se evidenció la entrega de siete Instituciones educativas terminadas. Hay un riesgo de pérdida de recursos por $97.049 millones, no solo por los atrasos en la entrega de las obras, sino por el potencial recibo de infraestructura no funcional por falta de obras complementarias, y/o el deterioro derivado de la falta de mantenimiento de las estructuras construidas.
El documento explica que los problemas más graves están en Instituciones Educativas de Boyacá (4), Antioquia (3), Córdoba (2), Quindío (2), Atlántico (1), Magdalena (1), Meta (1), Nariño (1), Valle del Cauca (1), Caldas (1), Cundinamarca (1) y Tolima (1). 19 proyectos que no se encuentran en funcionalidad total porque existen obras complementarias pendientes, bien sea urbanísticas, de electricidad, cerramiento o de conexión de servicios públicos.
En Boyacá, el departamento con más instituciones atrasadas, las obras estaban en un inicio bajo la construcción de la Unión Temporal Men 2016, pero por incumplimientos y demoras en la ejecución del contrato, se cedió al Consorcio Boyacá G19, quienes lo tienen actualmente. El consorcio ha sido cuestionado en varias ocasiones porque trabajadores denunciaron en 2012 que después de más de tres años no han obtenido respuesta sobre sus salarios.
Los colegios con más retraso están en los municipios de Samacá, Boavita, Sogamoso y Arcabuco. La Institución Educativa Técnica Nacionalizado de Samacá está a la espera de energización y emisión de certificados RETIE Y RETILAP, para lo que se requiere obras en media tensión. Allí los responsables de la demora, según la Contraloría, es la Gobernación de Boyacá quienes aún no habrían trasladado los recursos necesarios.
En Sogamoso el problema es con la Institución Educativa Gustavo Jiménez: el plazo del contrato venció el día 10 de octubre de 2021, con obras inconclusas. El tercer colegio del departamento es el Alejandro de Humboldt sede José Joaquín Castro Martínez ubicado en el municipio de Arcabuco, donde se emitió una alerta porque a pesar de que se terminó la obra en enero de 2021, el colegio no cuenta con certificaciones de RETIE y RETILAP. Finalmente, la Institución Educativa Técnico Industrial Mariscal Sucre del municipio de Boavita tiene un avance del 76% y más de 230 días de suspensiones y prórrogas.
A Boyacá le sigue Antioquia en cantidad de Instituciones en riesgo. Allí las obras se paralizaron por controversias entre el Ffie y Mota Engil, consorcio portugués al que le fueron adjudicados 248 acuerdos de obra en 18 de los 32 departamentos (45% de la totalidad de los proyectos). Ahora lo maneja el consorcio Instituciones Educativas.
Según información del FFIE a la fecha hay 536 colegios nuevos y ampliados, 272 colegios terminados y 243 obras reactivadas. No obstante, las metas impuestas no se han cumplido en los últimos años. De 7307 aulas pronosticadas para el 2020 y el 2021 solo se avanzó en 1561.
Según la función de advertencia el problema es que por un lado las Entidades Territoriales Certificadas ETC eluden sus responsabilidades de los convenios firmados y por el otro, el MEN-FFIE, no cumple su obligación de vigilar los compromisos contraídos por la ETC, y se limita a entregar la infraestructura construida en el marco del contrato suscrito por el consorcio fiduciario con el contratista de obra, sin verificar que se cumplan efectivamente las obras relacionadas. Mientras tanto los estudiantes tendrán que seguir yendo a estudiar sin agua potable, saneamiento básico, energía eléctrica, rampas y ascensores, andenes, vías internas y de acceso, cerramientos, cumplimiento de normas técnicas de seguridad escolar y de prevención de riesgos.
