El pasado 10 de octubre el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía que fue avalado por el Tribunal Superior de Bogotá. Está decidido a colaborar con la justicia, procesos en el que lo asesorará el abogado Darío Bazzani. Al exgobernador, que se encuentra en Miami colaborando con la DEA, solo se le exigirá devolver $ 4.000 millones en un periodo de dos años y medio, a cambio de dar toda la información necesaria para desmantelar la red de corrupción en la justicia. Sin embargo, el Contralor general Edgardo Maya está muy inconforme con el principio de oportunidad firmado por Alejandro Lyons.
El último informe de la Contraloría reveló que durante el mandato de Lyons se aprobaron y ejecutaron 11 proyectos por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación – FCTeI con recursos del Sistema General de Regalías –SGR destinados al departamento de Córdoba. En total, se destinaron $ 160.000 millones, frente a los cuales existe un hueco fiscal de $ 29.000 millones.
La totalidad de estos contratos se firmaron y ejecutaron cuando Jairo Zapa, exdirector de regalías de Córdoba y asesinado en marzo de 2014 por el exintegrante del Bloque Centauros de las AUC Joyce Hernández, aún estaba en el cargo. Según confesó Joyce Hernández, capturado el 1 de mayo de 2014, Jesús Henao Sarmiento, excontratista de la gobernación y beneficiado por Lyons y Zapa con los contratos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, fue quien ordenó el asesinato de Zapa porque el funcionario supuestamente le estaba subiendo un 5% las coimas que cobraba por otorgar contratos.
En los 11 contratos revisados por la Contraloría de Maya existe una diferencia significativa entre los dineros entregados para llevar a cabo los proyectos y resultado documentado físicamente de los mismos. Por ejemplo, el 20 de diciembre de 2012 se firmó por $ 3.000 millones el convenio “Desarrollo e investigación aplicada al modelo experimental, sostenible e innovador de la cadena productiva de artesanías, derivadas de la llamada caña flecha” con la Universidad del Sinú cuando su rectora era Mara Bechara, hoy capturada e investigada por irregularidades en proyectos de regalías firmados con Lyons. Según el informe de la Contraloría, se desembolsaron $ 2.700 millones, equivalentes al 95% del dinero para la implementación del proyecto, pero en la realidad este solo avanzó en un 30,5%. Además del detrimento patrimonial causado a la nación, el incumplimiento tuvo repercusiones penales, razón por la cual la Fiscalía ordenó la detención de la rectora Mara Bechara y su hermana María Fátima el pasado 24 de mayo, aunque fueron dejadas en libertad en julio de este año después de que la defensa presentara un recurso de apelación, argumentando que se presentaron fallas en la argumentación y sustentación en la medida de aseguramiento. El proceso continúa y el cumplimiento de los contratos debió garantizarlo el gobernador siguiente Edwin Basile, de quien Mara Bechara es su suegra.
La estrategia para desviar los recursos fue a través de la subcontratación y la fragmentación de los mismos contratos, a pesar de que las entidades con las que se firmaron, supuestamente, eran las idóneas “para asociarse con la Gobernación de Córdoba para el cumplimiento del fin del proyecto, y como se dijo, fue la que legitimó la contratación directa”. Es decir, los convenios se dieron a dedo justificando que ningún otro contratista posible cumplía con los requisitos para que se le asignara el proyecto.
Con los otros diez contratos sucedió lo mismo. A través de la subcontratación de los convenios se pagaban cifras mucho menores a las asignadas y la diferencia de plata no era ni registrada ni devuelta por los contratistas. Al final, la gobernación registraba avances financieros muy distintos y superiores a los verdaderos estados de las obras.
No se explica, con base a esta información y el detrimento o posible corrupción que generaron estos contratos de los que se sabe no cumplieron con el objeto final, por qu{e la Fiscalía aceptó el reintegro de una suma tan reducida. El Fiscal Jaime Camacho, delegado ante la Corte Suprema de Justicia, encargado del caso Lyons, se encuentra en Miami perfeccionando los beneficios, porque además se sabe que el exgobernador está comprometido en otros monumentales desfalcos como los ocasionados por el llamado Cartel de la Hemofilia, cuyo vacío fiscal supera los $ 4.000 millones.
Si bien Lyons aceptó responsabilidades, por el momento tanto en los años de condena como en el monto de devolución de recursos, la Fiscalía ha sido benevolente, razón de la furia del Contralor Maya.
