Amenazas contra funcionarias de la alcaldía en Santander de Quilichao

Amenazas contra funcionarias de la alcaldía en Santander de Quilichao

La alcaldesa Lucy A. Guzmán armó un equipo de más de 10 mujeres de primer nivel que soportan agresiones de muerte y bloqueos contra su gobierno

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junio 02, 2020
Amenazas contra funcionarias de la alcaldía en Santander de Quilichao

Un tenaz acoso a través de redes sociales (Facebook) y una feroz persecución con mensajes Whatsapp, que incluyen amenazas de muerte, se desató en los últimos días contra las mujeres que integran la Administración Municipal de Santander de Quilichao, a través de perfiles falsos.

Con el ascenso a la Alcaldía Municipal de la primera mujer por elección popular, la odontóloga Lucy Amparo Guzmán González, reaparecieron los que sin poder superar frustraciones electorales y la pérdida de potestades corruptas que venían imperando en lo público local, decidieron torpedear y sabotear la voluntad de renovación y pulcritud, que se propuso el nuevo equipo de gobierno, compuesto por numerosas mujeres en responsabilidades de primer nivel.

A la alcaldesa Guzmán también la acompaña un equipo de mujeres conformado por Sofía Herrera Chávez, directora del Departamento Administrativo de Hacienda; Nadimy Lorena Salazar David, directora del Instituto Municipal de Deportes; Gloria Stella Castaño Ramírez, tesorera general; Ana Katherine Vernaza Moreno, secretaria ejecutiva del Despacho; Leidy Patricia Vásquez Carabalí, médica cirujana, quien venía desempeñándose como secretaria de Salud, pero que a pesar de haber iniciado la implementación de un excelente proyecto de salud pública por sus altas capacidades y cualidades profesionales, no resistió la estigmatización por ser afrocolombiana ni el brutal acorralamiento psicológico que le impusieron los bandidos con los pasquines virtuales. Infortunadamente, renunció al cargo.

Estas mujeres, que apenas van a completar cinco meses de servicio público, a quienes también acompañan Virginia Lorena Gómez Hurtado, secretaria de Fomento Económico y Agroambiental; Ángela Carrasco Alzate, directora del departamento administrativo de Desarrollo Institucional; Rubiela Agudelo Carabalí, almacenista; Ángela María Balanta Álvarez, secretaria de Bienestar Social y Participación Comunitaria; Olga Lucia Triana Franco, secretaria de Infraestructura y Equipamiento Municipal, entre muchas otras, por su condición femenina, están sufriendo la estrategia criminal de aterrorizarlas para que abandonen sus cargos y frenar el desarrollo socio-económico del segundo municipio más importante del departamento del Cauca al que no le quieren permitir la superación de las paupérrimas condiciones que ha padecido y de la corrupción que venía haciendo carrera en la administración pública.

Los bandidos fueron denunciados ante la autoridad competente por las amenazas de muerte, pero los delegados del poder judicial e investigadores también tendrán que estar alertas con aquellos que valiéndose del anonimato que proporcionan las redes sociales, a través de perfiles falsos, y fake news, insisten en la mutación del debate político decente o la natural controversia cívica, por  desesperados actos delincuenciales que llenan de pánico a las profesionales destacadas, que en un meritorio esfuerzo decidieron entregar sus voluntades al servicio de la comunidad quilichagueña.

Estos sujetos que no pudiendo asimilar un nuevo ejercicio participación cívica, libre, transparente, y honesto, deben ser enfrentados con la inteligencia, la solidaridad, el civismo de todos los que habitamos esta tierra y en defensa de lo público, unirnos sin temor ni miedo para rechazar sus cobardes amenazas, para decirles que seguimos apoyando el cambio, la superación de la pobreza, que no queremos que regrese la descarada corrupción que añoran, y que si amenazan e intimidan a una funcionaria, es a todo un pueblo al que están atacando en su integridad moral.

Es obvio que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma, eso nadie lo discute. Pero, simultáneamente con lo anterior, se cocina la manipulación de personas en una temeraria estrategia para entorpecer el normal desarrollo de las actividades administrativas, intentando, como sea, hacerle daño a la Administración Pública de Santander de Quilichao.

Lo que se viene buscando, y ya se ensayó, es que en nombre del ejercicio ciudadano de un derecho fundamental, éste se convierta en una situación administrativa que entorpezca las oficinas públicas con la solución masiva de derechos de petición y tutelas sin un fondo que sea real e idóneo para iniciar la actuación del Estado, afectando el normal desarrollo de la gestión pública, sobrecargando la administración, retrasando los procesos, dando lugar al desgaste administrativo y de recursos públicos. En estos promotores no hay buena voluntad, al contrario, pretenden manipular vulgarmente una combinación de todas las formas para acosar, sin misericordia, con el uso desmesurado de peticiones y tutelas en un ejercicio político, que terminará por volver los fallos, no un reconocimiento de los derechos, sino un asunto de deleite utilitario para sus promotores.

La tarea de los quilichagueños: brindar el apoyo moral, cívico, y decente que hoy las mujeres de la administración necesitan, frente a la codicia desbordada de egoístas que creen que los derechos son exclusivos de quienes no tienen más capacidades que el uso de la fuerza, la violencia y el engaño para lograr sus fines.

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