Tenemos derechos porque generaciones anteriores a las nuestras han luchado por ellos. En este momento, usted, lector/a, tiene ante sus ojos este artículo y probablemente forje una opinión a partir de su bagaje académico y experiencia vital. Esa simple acción de decidir qué leer y opinar es un derecho que se adquirió mediante lágrimas, sudor e incluso sangre (¿se acuerda qué le sucedió a Antonio Nariño por traducir los derechos del hombre y del ciudadano?).
Las luchas estudiantiles que en este momento se viven en Colombia son parte de esa línea histórica de demandas justas. Si El Estado está ahí para cobrar impuestos e imponer restricciones, ¿por qué no está para financiar la educación en todos los niveles y no está dispuesta a fortalecer la educación superior pública? Los estudiantes estamos ejerciendo nuestro derecho de protesta el cual no se tiene que limitar a que nos den “permiso” para marchar por tal o cual avenida; la protesta debe conducir a cambios sociales que beneficien a todo el conjunto de ciudadanos/as colombianos (y extranjeros según lo establezca la constitución y las leyes).
El artículo de Alejandra Carvajal, titulado Los estudiantes están siendo abusados. No más protestas estudiantiles, caricaturiza a la protesta estudiantil a través del uso de una retórica cliché, además, trata como objetos sin criterio a aquellos que marchan por el financiamiento de la educación superior.
En primer lugar, los estudiantes no están siendo abusados. Es inaudito que a través del uso de la palabra “abusados” se intuya que la gran mayoría de estudiantes de universidades públicas no poseen el criterio suficiente para decidir parar y participar de los diferentes escenarios de deliberación y protesta. Los estudiantes no son brutos; ellos/ellas han tomado conciencia del momento coyuntural que se atraviesa. Son los pregrados y los posgrados los que han tomado acción ante la amenaza de la desfinanciación que es evidente en el día a día: instalaciones paupérrimas, profesores mal pagos, dificultades para conseguir directores de grado en posgrado entre otros inconvenientes. Los estudiantes no somos zombies; los mismos medios y redes sociales han evidenciado las acciones pacíficas. Éstas son el resultado de tomar conciencia de que la violencia no es un mecanismo para alcanzar transformaciones en la Colombia del posconflicto.
Tiene la razón la escritora Alejandra Carvajal para condenar las agresiones a efectivos de la Fuerza Pública como la mujer policía que llora después de un ataque. Sin embargo, es totalmente contradictorio que apele a protestas que han ocurrido en la historia reciente como la Primavera Árabe, Francia 2018 y Venezuela. Ninguna de las protestas anteriores, que condujeron a cambios de políticas e incluso regímenes fueron tan festivas y “performativas” como las nuestras: ¿acaso en Venezuela no hubo excesos tanto de la Fuerza Pública como de los que protestaban?, ¿acaso en Túnez no se suicidó un joven vendedor como mártir iniciador de la Primavera Árabe?, ¿acaso en Francia no rodaron cabezas o se destruyó el mobiliario urbano? Es una total incoherencia argumentativa que la escritora condene los actos violentos en las marchas de su país con la excusa leguleya del artículo 37 de la Constitución pero haga un recorrido histórico de los movimientos de la Primavera Árabe, Venezuela y Nicaragua, España y Francia sin nombrar su naturaleza violenta. O bien se nombran estos casos para condenar la violencia como accionante de cambios sociales o se justifica la violencia para todos los casos (incluido Colombia).
Por otro lado, el generalizar y caracterizar a la protesta estudiantil como violenta es un cliché que al 2018 necesita ser superado. La Universidad Nacional (de la cual soy egresado y estudiante de maestría) no había vivido ni momentos de movilización masiva pacífica ni esporádicos ataques violentos desde el 2009. Todo el estamento estudiantil ha tomado conciencia de la inutilidad de las vías violentas y además, el estudiantado ha recibido su buena cantidad de caídos en las protestas por parte del Esmad: muertos, heridos, trastornados con los gases lacrimógenos, una serie de personas que, tal como la patrullera que lloró, también tenían sentimientos y familia ¿o es que solamente valen la familia y los sentimientos de quienes portan el uniforme pero los que no lo portan deben ser indignos de mención? De nuevo, seamos coherentes, condenemos la violencia tanto del Esmad como de grupos de encapuchados por igual y valoremos la fragilidad, los sentimientos y los lazos familiares tanto de uniformados como de los estudiantes que pacíficamente protestan. Visibilizar la violencia y la fragilidad de unos mientras se omite la de otros es más que incoherente, es hipócrita y es un cliché discursivo que ya tenemos que destruir. La Colombia del 2002, temerosa de las Farc y maniquea, no es la misma del 2018.
Por último, es difícil de entender por qué la revista Dinero, especializada temas económicos, los cuales requieren rigurosidad en datos y estadísticas, permita este tipo de artículos con cifras cimentadas en el agua. La autora del artículo asevera que “El 42% de los estudiantes desertan, muchos de ellos porque no pueden estudiar como consecuencia de las marchas”. Desde el 2009 no se veían protestas tan fuertes en la universidad Nacional sede Bogotá, ¿acaso los datos que soportan esta proposición son del 2009 y si es así, para que los utiliza en el 2018?, ¿de ese 42%, cuál proporción equivale a “muchos de ellos”?, ¿ese 42% se refiere a estudiantes de pregrado o posgrado o juntos?, ¿con cuál seguridad puede establecer relación causa-efecto entre las marchas del 2018 y la deserción?, ¿usted tiene una bola de cristal para adivinar que el 42% de los estudiantes de universidades públicas desertará en 2019? Si vamos a hablar de deserción hagamos el siguiente ejercicio cualitativo: cuál es el porcentaje de graduados de 11 que ingresan a la educación superior; de ese porcentaje, cuáles acceden a las universidades privadas y cuáles a las públicas; analicemos el porcentaje que toma préstamos al sistema financiero y al Icetex y veamos cuántos se logran graduar. No solo eso, veamos si los afortunados que tomaron préstamos estudiantiles consiguen un trabajo en su área de estudio con un salario digno que le permita vivir holgadamente y a su vez pueda pagar ese préstamo. Busquemos estadísticas de fuentes serias que se contrasten y ahí si justifiquemos ese 42%. Por lo pronto, esa cifra resulta amañada y nos advierte que el problema no son las matemáticas sino quienes las utilizan (o manipulan)
Con las anteriores contradicciones argumentativas y este gazapo porcentual puede concluirse que este artículo carece de seriedad. No se puede construir una opinión seria a partir de clichés y verdades a medias. La lucha estudiantil del 2018 ha sido pacífica, consciente y por lo demás justa. Ha florecido en una coyuntura en la cual el poder Ejecutivo improvisa macabramente con los derechos de todos y cada uno de los colombianos/as. Es inaudito que los medios se presten para hacer circular estas ideas poco creativas que refuerzan el imaginario de los/las estudiantes públicos como enemigos de la sociedad. Desde cualquier tribuna los estudiantes seguiremos esta línea histórica que nos une por las luchas de derechos. La plata de nuestros impuestos debería financiar tanto los empréstitos al sector privado, como a las FFAA como a la educación pública de calidad y con visión de nación. La lucha sigue.
PD: ¿Y qué tiene que ver Petro y sus zapatos de Ferragamo? Superemos el cliché del enemigo goebbeliano y de la falacia del arenque rojo, los lectores de Dinero no son tontos.
