El mundo de hoy en la búsqueda de justicia y equidad social a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ha vuelto su mirada al medio ambiente, a la naturaleza, al verdor de la tierra, a cultivar y a proteger las semillas, entendiendo la importancia de ver crecer con paciencia las plantas que cosecharán frutos para luego convertirse en alimentos para compartir sobre la mesa; alimentos para garantizar la reproducción física y generacional del ser humano.
El especial cuidado que se le da a la semilla desde la siembra y el riego constante, debería ser similar al que se les provee a las semillas que tejen el presente y el futuro de los aborígenes en Colombia: los niños indígenas. No obstante, las noticias que se registran sobre esta población que configura el futuro de culturas milenarias no son las mejores. En lo que va corrido del año se contabilizan más de 21 muertes de menores wayúu por enfermedades relacionadas a la desnutrición (sin contar los posibles casos de subregistro del que no se tienen cifras exactas).
A esto se suma la indignante cifra de violaciones de las niñas indígenas a lo largo del territorio nacional que se dieron a conocer luego del violento relato de una niña embera sobreviviente de este flagelo. En el Cauca siguen cayendo sin piedad niños indígenas en medio de los combates entre el ejército y grupos al margen de la ley. En el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, en el Putumayo las balas continúan haciendo blanco en los cuerpos sin vida de los niños indígenas awa. Estos son solo algunos de los casos recientes sobre la vulneración de derechos humanos que se han presentado en Colombia en lo que va corrido del año y del encierro por la pandemia por COVID - 19.
Las violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos a la niñez indígena tienen una larga historia, entre ellos, los hechos registrados el 26 de agosto del 2009, donde 7 niños indígenas de la comunidad awa fueron masacrados en el resguardo Gran Rosario del municipio de Tumaco, a causa del conflicto armado y el desplazamiento. En memoria de estos pequeños y de los miles de niños wayúu que han muerto en La Guajira a causa de la desnutrición se gestó la Resolución 001 del 2018, gracias al esfuerzo de 2 mujeres indígenas.
“Era muy triste transitar por mi comunidad y ver a los niños sin representación, sin voz, sin palabra, frente al gobierno o incluso dentro de la misma comunidad”, comenta Diana Barbosa, trabajadora social de la comunidad Sáliba y además partera indígena. Y agrega: “Ver nacer a tantos niños y pensar en su futuro sin derechos no era una opción y tenía que hacer algo para cambiarlo y en eso nos encontramos Remedios y yo”.
Por su parte, Remedios Uriana, trabajadora social, activista, feminista y mujer wayúu que acompañó este proceso, afirma que: “Es un reto visibilizar a la niñez indígena en Colombia, pues parece que los niños indígenas no tienen gran importancia en la sociedad y queríamos visibilizarlos como sujetos de derecho, para que haya un legado y una pervivencia de los pueblos indígenas”.
Gracias a la convicción de estas mujeres y al impulso dado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en conjunto con la OPIAC, CIT, AICO, autoridades tradicionales y la Comisión Nacional de Mujeres indígenas, se logró llevar esta resolución y convertirla en proyecto de ley con el trabajo realizado por el representante indígena Abel David Jaramillo y los coautores Feliciano Valencia y Cesar Augusto Pachón, quienes están promoviendo su aprobación en el Congreso y así lograr la declaratoria del 26 de agosto como el día nacional de la niñez indígena.
“Ha sido un trabajo arduo y prolongado, pero agradecemos todo el esfuerzo y la visibilización que han logrado las organizaciones firmantes de la resolución, los representantes indígenas y también aquellas fundaciones que nos impulsan como Fucai, pero esto hay que verlo no como un proceso de una organización, sino como un proyecto que impulsa y genera la niñez indígena”, comenta Remedios.
El objetivo de institucionalizar el Día Nacional de la Niñez Indígena es lograr establecer políticas públicas con acciones diferenciales, en coordinación con el Estado colombiano y las comunidades indígenas que, de manera efectiva, garanticen la protección de los niños y niñas indígenas en los territorios. Esto, fundamentado en los principios constitucionales que les garantizan el derecho a la vida digna, desarrollo armónico e integral, la no discriminación, la educación, la familia y demás relativos a la niñez en Colombia.
Lo anterior, generaría acciones de protección reforzada en cada resguardo o fuera de ellos, con una estrategia diferencial que incluya el fortalecimiento de las pautas de crecimiento y desarrollo. Lo anterior, por la congruencia de tres aspectos a saber: i) que son menores de edad y por tanto a la luz del 44 de la constitución política de Colombia son sujetos de especial protección; ii) que son indígenas por lo que debe garantizarles el derecho a la diversidad étnica y cultural consagrado en el artículo 7 de la Carta Magna; y iii) se encuentran en situación de debilidad manifiesta debido al elevado riesgo de muerte.
“En Colombia se está perdiendo el tejido social indígena, los niños de mi resguardo ya no disfrutan del río como lo hacía yo en mi niñez, tristemente ha desaparecido por la explotación de recursos naturales que se realiza en el territorio, lo cual hace que se pierda la pertenencia del niño cuando debe abandonar sus tierras”, afirma Diana, y luego añade: “Por eso queremos que se protejan los derechos de los niños desde su territorio para que sean ellos la semilla que permita que nuestros pueblo sigan viviendo”.
Remedios comenta que el pueblo wayúu se encuentra viviendo en condiciones de pobreza extrema, sin agua, alimentos, vías y un sistema de salud que garantice la pervivencia de los niños, a pesar de contar con las medidas cautelares que les otorga la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la protección reforzada que propone la Corte Constitucional con la Sentencia T- 302 de 2017, por la cual se declara un estado de cosas inconstitucional en La Guajira por la violación generalizada de los derechos al agua, la alimentación, la salud y a la participación.
Leandrina Pastor, consejera de mujer familia y generación de la Organización Nacional Indígena (ONIC), considera que este tiempo en que los niños indígenas han podido estar al lado de sus familias les ha regresado la oportunidad de aprendizaje de sus costumbres, pero la falta de agua y comida los tiene en una situación de riesgo. “No se puede estar tranquila cuando tantos niños indígenas siguen muriendo por falta de atención en los territorios”, afirma Ruth Chaparro, subdirectora de la Fundación Fucai.
“Es importante la visibilización de los niños, de sus derechos y del respeto que merecen para que no crezcan con resentimiento y sean constructores de un territorio de paz y progreso, para eso serviría la institucionalización de este día en Colombia”, asegura la consejera Leandrina.
Aún el proyecto de ley se encuentra en trámite en el Congreso y espera cumplir con los 6 debates que están pendientes para su aprobación, “es nuestro mayor interés que se cumplan los debates y sea aprobado el Día de la Niñez Indígena", comenta Magnolia Morales, asistente del representante indígena Abel Jaramillo, quien muy seguramente será el convocado para sustentar el proyecto en el Congreso. "Tenemos la ponencia lista y estamos a la espera de que sea puesto en agenda para lograr su aprobación”, dice.
En La Guajira con aprobación o sin ella, el 26 de agosto del 2020 se le rindió un homenaje a todos los niños de las etnias que se encuentran esperando a que las leyes se apliquen para tener agua, alimentos suficientes y salud de calidad para que la semilla de la vida pueda florecer como se demanda en la Sentencia T-302 de 2017.
