La justicia transicional sirve y es el mecanismo idóneo, probado y recomendado en escenarios iguales o parecidos al nuestro colombiano, para resolver situaciones especiales originadas en conflictos políticos.
Y el que confronta al Estado colombiano y a las Farc–EP, tiene esa connotación y cabe en su espectro.
Pero de ahí a otorgar beneficios al por mayor y al detal a quienes estando al margen del conflicto se sumaron a las fuerzas del Estado o “fundaron” las suyas propias, AUC, paramilitares, parapolíticos, bacrim, manos negras, no caben ni deben derivar beneficio alguno de la justicia transicional.
Y menos, aplicarse con largueza y generosidad criminosa a quienes en su condición de senadores y representantes, gobernadores y alcaldes, altos funcionarios y agentes de la institucionalidad, fungieron como protagonistas, aliados, financiadores y usufructuarios electorales y económicos del paramilitarismo y el narcotráfico.
Para ese tipo de actores y conductas delictivas, que solo eso es y no políticas, no tiene porque asomar siquiera la aplicación y desarrollo de la justicia transicional.
Sin embargo, pareciera que la propuesta del expresidente César Gaviria estuviera claramente direccionada a beneficiar a ciertos grupos, individuos, organizaciones políticas y gremios, cuyos integrantes conformaron grupos al margen de la ley para adelantar procesos de “pacificación” y “refundación de la patria” en todas las regiones de Colombia.
Pero su propuesta, la de “justicia transicional para todos”, además de buscar perdón y olvido y poner punto final a la parapolítica, mácula imborrable en nuestra democracia, cuanto en últimas alienta es el reintegro al torrente de sus partidos, curules y cargos en la nomenklatura, a quienes hicieron parte de aquella siniestra máquina de muerte, terror, violencia, despojo y corrupción, que sin parar mientes permeó instituciones y poderes de diversa naturaleza y procedencia.
Y que hoy, gracias a la autonomía, civilidad y humanismo de la Corte Suprema de Justicia, se les limitó en su avanzada incontenible y mancomunada de “refundar la patria” y apropiarse del Estado, sus rentas y el territorio, como en efecto ocurrió. Y aún ocurre en algunas jurisdicciones políticas y administrativas del país, departamentos y municipios.
A fuer de parecer chocante, lo de menos que tiene la propuesta de “justicia transicional para todos” del doctor Gaviria es justicia, equidad, igualdad y sindéresis. Y sí, mucho de impunidad para unos y de dura lex, sed lex, para otros.
Más que a las víctimas, la “justicia transicional” de Gaviria pareciera solo aplicable en sus normas, penas, excepciones y garantías, a los “empresarios, políticos, miembros de la rama judicial”, entre otros, que “tienen muchas cuentas pendientes con la justicia colombiana”, pero que, según reitera en su proclama, “no han tenido acceso a ninguna de las disposiciones de la Ley de Justicia y Paz”.
A lo mejor, decimos en esta orilla, porque están blindados, escondidos o amparados en privilegios y poderes tantos, que los hacen inmunes a cualquier juicio por sus cuentas pendientes con la justicia. O, simplemente, sus transgresiones quedaron enterradas con sus víctimas.
Y en cuanto a que la responsabilidad de los miembros de las Fuerzas Armadas debe limitarse a las “faltas por acción comprobada y no por omisión”, ahí sí que la justicia, transicional o como quiera llamarse, pierde su efectividad y capacidad para juzgar con imparcialidad y condenar sin reparos.
Con tal interpretación y aplicación de la justicia transicional, dese por descontado que todos los condenados de los cuerpos de seguridad, policía y militares, que un día omitieron el cumplimiento de su deber y permitieron que los paramilitares ejecutaran masacres de lesa humanidad quedaran libres sin más.
Y eso no es justicia. Es impunidad. La impunidad blindada. Sin reparación alguna a las víctimas de ese tipo de crímenes. Sin compromiso de no repetición. Sin verdad.
En cuanto a los “máximos responsables” de los cuales dice la Ley de Justicia y Paz, que lo son de uno y otro bando por igual, es de suponer que si la severidad de la pena solo opera en una de los actores, en este caso las Farc, y en “sentido muy restringido” para el otro, Fuerza Pública, lo más probable que ahí se atasque el proceso de La Habana.
Ojalá no sea así, pero la lógica de la guerra que se negocia da para creerlo.
Aunque su propuesta de “justicia transicional para todos” no es un “camino alternativo”, ha dicho Gaviria, sí es el atajo por el cual la impunidad total y la parapolítica volverán a irrumpir en el aún sangrante y malherido paisaje colombiano sobre el cual ejerció dominio global.
Poeta
@CristoGarciaTap
