Lo tendremos que repetir todos muy fuerte, en cada marcha, hasta que nos escuchen: debemos dejar la mayor parte de los combustibles fósiles enterrados; no podemos sobrepasar el punto de quiebre que la ciencia marca en 1.5 °C de aumento de temperatura media global, porque hacerlo, significará un genocidio, un ecocidio de proporciones inimaginables. Según el IPCC, el panel científico más importante en la historia de la humanidad, “el calentamiento inducido por el ser humano alcanzó (en 2017) aproximadamente 1 °C (probablemente entre 0.8 °C y 1.2 °C) por encima de los niveles preindustriales (…), aumentando 0.2 °C (probablemente entre 0.1 °C y 0.3 °C) por década”. Esto quiere decir que, en el camino de emisiones actual, es probable que alcancemos 1.5 °C en los próximos 10 años. La Nasa nos explica qué sería ese grado y medio: “al final de la última edad de hielo, cuando el noreste de los Estados Unidos estaba cubierto por más de 900 metros de hielo, las temperaturas promedio eran solo de 2.8 a 5 grados centígrados más frías que las actuales”. Así de poca es la diferencia entre el mundo que conocemos y uno que no podríamos habitar.
Mientras el planeta se calienta por la quema de combustibles fósiles, las cumbres climáticas usan el poder burocrático para dejar intactas las bases de un modelo económico que depende para su crecimiento del flujo incesante de la misma energía causante de la catástrofe. Así la ciencia insista en señalar claramente la causa, la mezquindad de las decisiones políticas se impone sobre la razón. Por eso la COP 25 fue un nuevo fracaso. Por un lado van los negociadores y su jerga oscura de acrónimos, acuerdos e instrumentos, y por el otro, la extinción diaria de especies, los desplazados climáticos, la pérdida de glaciares en nuestro trópico, la acidificación de los océanos. La COP 25 fue el escenario anual de siempre: hecho a la medida de las corporaciones contaminadoras, para lucir sus verdes trajes de gala. Una muestra de este lavado de imagen: entre la lista de patrocinadores de la COP de Madrid están las españolas Endesa e Iberdrola. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, en 2018, Endesa fue la empresa que más aportó emisiones; Iberdrola fue número 8. Entre ellas produjeron más del 10 % de las emisiones totales del estado español.
Además de las advertencias del IPCC debemos agregar al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que analizó por primera vez la disparidad entre la producción proyectada de combustibles fósiles y la que sería necesaria para cumplir con el Acuerdo de París. En su informe, dado a conocer a finales de noviembre, se indica que los productores planean extraer de aquí a 2030 más del doble (un 120 %) de la cantidad que sería aconsejable para mantener al mundo en la senda de 1.5 °C. De la misma manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, recomendó a la Argentina, en su informe de noviembre de 2018, “reconsiderar la explotación a gran escala de combustibles fósiles no convencionales mediante fracturación hidráulica en la región de Vaca Muerta para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Pacto, a la luz de los compromisos del Acuerdo de París. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que fomente energías alternativas y renovables, reduzca las emisiones de gases de efecto invernadero (…)”.
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El pírrico compromiso en el Acuerdo de París es reducir 67 millones de toneladas de CO2 a 2030
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Y mientras tanto el gobierno nos hace creer que podemos pasarle de agache a la ciencia, andar tan campantes pensando en hacer fracking y seguir sacando gas de yacimientos no convencionales en la Guajira para mejorar el proceso extractivo del carbón, el mayor emisor de dióxido de carbono. Por fortuna el Consejo de Estado hizo cumplir la norma y suspender su explotación, y podría también para decisiones futuras, usar un antecedente muy afortunado: la Sentencia STC 4360-2018 que aplica el principio de precaución al entender la deforestación de la Amazonia como vulneración de los derechos de las niñas y niños, y de las generaciones futuras, frente a las amenazas comprobadas del cambio climático en nuestro territorio. Así como le da ejemplo el poder judicial, señor presidente, cumpla su promesa de campaña, en la que tenía muy claros los argumentos para prohibir fracking, ¿sabe además por qué? Porque mientras el pírrico compromiso de Colombia en el Acuerdo de París es reducir 67 millones de toneladas de CO2 a 2030, dejar enterradas las reservas de no convencionales, que según cita la Ministra son de 9.000 millones de barriles de petróleo, y 10 TCF de gas según dice Ecopetrol, sería evitar alrededor de 3.876 millones de toneladas de CO2: ¡57 veces la propuesta de ahorro del país! Párele bolas al punto 7b. del paro, señor presidente, nuestra generación, y la de los colombianos que vienen se lo agradeceremos.
