Al ver la foto de la senadora María José Pizarro recibiendo un homenaje por su trabajo incansable por la educación pública que le otorgó la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), no pude dejar de sentir una profunda indignación por las personas que la acompañaban en la fotografía.
Allí, junto a una de las senadoras más transparentes del país, se encuentran quienes han visto ir los recursos de la UNAD despilfarrados en convenios mal ejecutados, destinaciones lujosas que nada tienen que ver con el fin de la universidad y presuntamente, han hecho caso omiso, no sé si por beneficio propio o no, de los actos dudosos que han pasado por los pasillos de esta universidad de todos los colombianos y colombianas.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) está a cargo de llevar la educación superior a esas regiones del país que, por características geográficas, por escasos recursos o por contar con población más vulnerable requiere de una modalidad virtual que se adapte a las dinámicas de las demás actividades que realice la ciudadanía para su sobrevivencia. En todo caso, la UNAD se dedica a ampliar la cobertura de la oferta institucional en estudios superiores para que llegue a todos los rincones del país y se descentralicen las garantías de los derechos fundamentales.
Un fin noble como este debería estar en cabeza de personas que persigan no solo el bien común sino la utilización rigurosa de los recursos dispuestos en la institución para su ejecución. Desafortunadamente, la UNAD lleva años siendo el botín para llevarse recursos públicos al bolsillo de unos privados.
Recordemos que hace unos años, en 2014, la UNAD (en cabeza del mismo rector y la misma secretaria general Esther Constanza Venegas, en esa época coordinadora de convenios, que aparecen en la foto con la senadora) fue cuestionada por la Contraloría General de la Nación por hacer una inversión de 6.230 millones para abrir una sede en La Florida, Estados Unidos. Sede innecesaria y que obedecía a intereses distintos a la garantía del derecho a la educación para la población más vulnerable del país. Pues ese escándalo no fue suficiente y el Rector con todo su equipo de trabajo se pudo mantener.
Durante el 2015 fui contratista por Orden de Prestación de Servicios en la UNAD, allí tenía como objetivo adelantar trámites contractuales que iban desde la revisión de la documentación precontractual, como estudios previos, hasta la elaboración del contrato final. En ese periodo adelanté muchos procesos, pero hubo algunos en los que alarmada por algunas incoherencias, puse de presente ante mi supervisor el coordinador jurídico de la época Darío Castro (hoy jefe de talento humano de la Registraduría Nacional del Estado Civil), quien siempre encontró una solución o justificación para “subsanar” mis hallazgos:
El primero de ellos fue un convenio entre la UNAD y la Gobernación del Meta que tenía como fin garantizar el proceso de bilingüismo para los niños y niñas del departamento, el convenio fue coordinado con la Gobernación, por quien hoy ejerce como secretaria general de la UNAD, Esther Constanza Venegas, para ello la UNAD debía contratar al personal que brindaría las clases de inglés a niños y niñas del departamento, logrando un avance significativo en su proceso educativo y logrando la meta de bilingüismo.
No obstante, al comenzar a revisar los perfiles que remitían para tal fin evidencié que ninguno de los “docentes” contaba con un examen de suficiencia en inglés, incluso muchos no contaban con carreras afines a la licenciatura en idiomas y llegaron incluso hojas de vida de personas profesionales en otras áreas, pero que habían trabajado como Au Pair (niñeras) en Estados Unidos, intentando validar la suficiencia en el idioma extranjero con esa experiencia profesional.
Ante la nula idoneidad de los perfiles que estaban remitiendo para ser docentes en el programa de bilingüismo en el Meta, yo devolví todas las solicitudes argumentando que necesitaban un examen de suficiencia como requisito para contratar. Días después el entonces coordinador jurídico me pidió que incluyera una obligación para la Universidad donde la UNAD se comprometía a “formar” a los profesores para que cumplieran con la idoneidad del cargo, “subsanando” así la falta de requisitos lógicos para garantizar el objetivo de bilingüismo en la región. Los contratos se suscribieron con tal cláusula y se le dio trámite a los perfiles remitidos, que presuntamente obedecía a compromisos políticos en la región. Seguramente el bilingüismo en el Meta se fue a la basura por tener docentes que no eran aptos para tal labor.
En otra ocasión me pidieron contratar papelería por aproximadamente 2 millones de pesos (un monto pequeño para la contratación pública), para la ciudad de Cartagena con un contratista en Bogotá. A esa petición, yo manifesté que resultaba más costoso contratar en Bogotá y pagar el transporte de los elementos, que hacer la compra directamente en Cartagena. Ante ello mi supervisor manifestó que el entonces Secretario General, Leonardo Sánchez, no le gustaba que se contratara en regiones porque se prestaba para corrupción, por eso todo se centralizaba en Bogotá. Presuntamente había algún beneficio personal si se realizaba con el contratista ya establecido en Bogotá.
Tales inconsistencias fueron reiterativas, mientras veíamos el nivel de vida de Directivos en la Secretaría General y en la Rectoría que tenían vacaciones lujosas, trajes muy costosos y membresías en clubes que seguramente los salarios de la UNAD no podían cubrir.
Finalmente con mis demás compañeros nos dimos cuenta del modus operandi de los contratos de propiedad intelectual, que sin ser esa mi área de trabajo, todo era muy evidente. Los contratos para la creación de módulos, cursos, programas e incluso de manuales internos de la universidad eran suscritos bajo la modalidad de propiedad intelectual, pero al ver los expedientes, aparentemente los soportes de tales creaciones no existían y los contratos estaban suscritos por familiares de directivos de la secretaria general (hermanos, esposas, primos y allegados). En alguna ocasión escuché que el trabajo de meses de una compañera sería pasado a nombre de otra persona y cobrado como contrato de propiedad intelectual por varios millones de pesos. Ella no quiso denunciar y pasó inadvertido.
Por supuesto que mi contrato solo duró un año, según lo pactado en el plazo inicial, y no tuvo renovación. Hice preguntas incómodas, advertí por el sistema de revisión contractual de la UNAD de las incoherencias en los procesos y al final, ante uno de los casos donde me pidieron (sin que accediera a hacerlo) tramitar una solicitud de otrosí a pesar de ser un contrato ya vencido, remití queja a la Contraloría General de la Nación y al Ministerio de Educación sin tener éxito alguno. Pues las entidades remitieron por competencia a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la misma UNAD y allí realizaron el archivo en 2020, 5 años después de haber presentado la queja.
Hago este llamado al control político y la revisión rigurosa de los contratos de propiedad intelectual que ha suscrito la UNAD por años, para que la educación se respete, para que los derechos de la ciudadanía no se vayan a la basura porque las inversiones se quedan en los bolsillos de unos cuantos.
Después de muchos años de haber pasado por tal institución, veo con profunda tristeza que siguen liderando las mismas personas que han participado presuntamente de la degradación de la universidad, ya sea para beneficio propio o haciéndose los de la vista gorda con el robo que pasa frente a ellos.
Confío en que el nuevo Congreso de la República, el Ministerio de Educación y el Gobierno del Presidente Petro por fin aparte de la UNAD y de las demás entidades del Estado a quienes le hacen daño a los colombianos y colombianas, que la educación a distancia logre su propósito de llegar a los más vulnerables y que la transparencia sea la regla general del actuar en lo público.
