La ministra de Trabajo, Clara López Obregón, encontró en su cargo la oportunidad de darle una sorpresa positiva a unos cuantos miles de ancianos pobres de 43 municipios en quince departamentos del país. La votación del Plebiscito estaba a dos días y el gobierno se había propuesto estimular la participación de la gente en favor del Sí, con todas las herramientas que tuvieran a su alcance. La directriz era clara: buscar recursos de ejecución exprés.
Los municipios habían sido priorizados por la Agencia Para la Superación de la Pobreza y por el Departamento de Planeación Nacional para ser beneficiados por subsidios del gobierno, los recursos estaban disponibles y el tiempo apremiaba. El 30 de Septiembre la ministra López firmó la resolución 8981 que aseguraba 23.931 subsidios para los llamados adultos mayores en condiciones de extrema pobreza o indigencia por $5.864 millones de pesos en los departamentos de Antioquia, Arauca, Caquetá, Cuca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta, Nariño, Santander, Putumayo, Tolima y Vichada. (Resolución 3981).
El Ministerio entró en contacto con los alcaldes que tendrían la posibilidad de entregar y manejar los recursos de los ancianos provenientes de un subsidio que tomaba vida con el decreto de la Ministra. Todo debía ser a contra reloj; la ministra había estirado al máximo el ultimo día hábil, el viernes previo al Plebiscito que sería votado el domingo inmediato, y así asegurar los recursos e intentar movilizar a los alcaldes. Pero la intensidad del acelerador se frenó pronto. La ilusión de alcaldes y ancianos duró poco.
El lunes 3 de octubre la realidad era otra. El Plebiscito había sido derrotado por el No y las caras largas en los ministerios eran inocultables, empezando por el Presidente. Para la ministra Clara López el tema no era ya cumplir con lo convenido en un decreto sino como afrontar una debacle para la que nadie en el gobierno estaba preparado. El teléfono de los funcionarios encargados del Fondo de Solidaridad Pensional adscrito al Ministerio estaba para atender otras inquietudes.
Nadie volvió a hablar del tema. Los ancianos pobres identificados por los alcaldes se quedaron esperando un subsidio que con el paso de los días parecía no iba a llegar.
El pasado 27 de octubre la ministra López destapó las cartas. Firmó la resolución 4383 con la que dejó sin efectos el decreto del 30 de septiembre que validaba la distribución de subsidios. Este plantea explícitamente como una de las razones, la derrota del Plebiscito. El texto dice así: "el plebiscito tuvo como resultado la no convalidación del acuerdo de paz (…) y en razón de lo anterior, la situación del postconflicto podría sufrir modificaciones que lleven a complementar los municipios priorizados motivo por el cual se encuentra conveniente suspender la ejecución de la resolución 8981 de 2016".
Esta decisión se traduce en que el Ministerio hará un re direccionamiento de los recursos destinados a la población de tercera y que se tendrán en cuenta otros municipios. En una comunicación la ministra se pronunció frente al tema: “auguramos que todas las conversaciones que actualmente se adelantan con las Farc, y con los diferentes comités del NO, puedan producir un nuevo acuerdo que nos permita rápidamente pasar a la etapa del posconflicto para la cual estaban diseñados este tipo de ayudas”.
Para los adultos mayores pobres de 43 municipios que iban a beneficiarse del subsidio no es fácil entender porque su suerte terminó atada a un resultado electoral adverso y por qué el alivio que han podido tener queda aplazado a la firma del acuerdo de paz con la guerrilla.
