La Corte Suprema de Justicia decidió mantener en pie la medida de aseguramiento contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, investigado desde 2020 por un contrato que entregó cuando fue gobernador por primera vez entre 2004 y 2007. Sin embargo, la Procuraduría sorprendió con una defensa a favor de Gaviria, pues según el ministerio público la Fiscalía está investigando al gobernador bajo un sistema de leyes que dejaron de estar vigentes hace 15 años.
Jorge Hernán Díaz, fiscal delegado ante la Corte, decidió procesar a Gaviria y acusarlo bajo la ley 600 del año 2000, que fue reemplazado por la ley 906 de 2005. Según la procuradora delegada, Martha Reyes, ese sistema acusatorio caducó hace más de 15 años, un año antes de que el contrato por el que el gobernador es investigado, fuera firmado. La Ley 600 le permite a la Fiscalía ser el ente investigador y al mismo tiempo el que ordena las capturas sin que estas deban pasar por un juez de la república. El sistema fue reformado por uno que diera mayores garantías, pero hasta ahora el fiscal Díaz ha insitido en que el viejo marco legislativo es el adecuado para investigar al gobernador suspendido.
"Por estas razones señores Honorables Magistrados, el Ministerio Público solicita muy respetuosamente se decrete la nulidad de todo lo actuado a partir del momento de apertura de Investigación Previa", afirmó la procuradora Reyes durante una audiencia previa.
Este es el documento que presentó la Procuraduría en defensa de Gaviria, que seguirá detenido:
