Con la llegada de Margarita Cabello a la Procuraduría se validó el enroque de un alto funcionario del gobierno Duque en el principal ente de control. Inclusive, en un evidente lapsus de honestidad, en su día de posesión, la procuradora se refirió al gobierno que debe controlar como “nuestro gobierno”. Al parecer, a Cabello se le olvidó que ya no era integrante del gabinete presidencial o solo se le pasó por alto “cuidar las comunicaciones”. Pero a la procuradora no se le olvida que su llegada al cargo no solo fue resultado de los enroques de Duque en otros cargos del Estado (Fiscalía, Defensoría y Contraloría), sino un espaldarazo directo de toda la clase política tradicional que la eligió, sin mayor oposición o resistencia, como titular del ente de control.
Es decir, el puesto se lo debe al uribismo, al partido liberal, el conservador, la U y a Cambio Radical (sumando a los partidos cristianos). Esas fueron las “mayorías” del Senado que la eligieron con 83 votos. Un respaldo aplastante.
El riesgo con la procuradora no se encuentra en su falta de experiencia o trayectoria para desempeñar el cargo (una notable diferencia con Carlos Camargo que ni había tomado un curso de derechos humanos antes de asumir en la Defensoría), el riesgo con Cabello se encuentra en sus vasos comunicantes con los elementos más recalcitrantes de la politiquería tradicional; su proyección política desde los cacicazgos costeños y la ilusoria expectativa de que llega a “pagar favores”. A cinco meses de haberse posesionando, su desempeño ha sido bastante mediocre y solo se ha caracterizado por levantar polémicas. Algunas muy preocupantes en un Estado social de Derecho y muy lesivas para la garantía de participación política.
Además, en el marco de las movilizaciones del paro nacional, la Procuraduría ha “brillado por su ausencia” y no resulta claro el rol que asumirá frente a los abusos de la Fuerza Pública. ¡Un despropósito nacional!
Solo dos cosas la han caracterizado en los últimos cinco meses; primero, su intención de abrogarse “superpoderes” asumiendo sólidas facultades jurisdiccionales; y segundo, iniciar sendos procesos a congresistas de la bancada alternativa, opositores acérrimos a sus intenciones de reforzar sus poderes, con la clara intención de amedrentarlos y excluirlos de su participación en el Congreso. Algo muy preocupante y que recuerda el sistema de inquisición que Alejandro Ordoñez montó en la Procuraduría para perseguir y sancionar a sus opositores ideológicos.
Al parecer, Cabello no se va quedando atrás y está montando un aparato de persecución a la oposición política, vulnerando el debido proceso y las garantías amparadas en el Estatuto de la Oposición, ¿Cuáles son sus intenciones?, ¿algún pendiente a sus amigos de la clase política tradicional de cara al 2022?, ¿sacar del juego a los opositores?
El proyecto de ley con el cual busca adquirir facultades para sacar del cargo a alcaldes, gobernadores y hasta congresistas (en contravía de las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro Urrego vs. Colombia), va caminando a paso lento, pero firme. Ya fue aprobado en los primeros debates en Senado y Cámara; y, todo parece indicar que las mayorías que la llevaron a la Procuraduría también le endilgarán facultades de juez. Y para “mostrar los dientes”, previo a la discusión del proyecto, anunció una serie de investigaciones preliminares contra varios representantes y senadores opositores.
Las investigaciones se fundamentan en sus actuaciones en el marco del paro nacional, es decir, alegando que se extralimitaron en sus funciones cuando defendieron a los manifestantes de la brutalidad de la Fuerza Pública. Es claro lo que busca la procuradora. ¿Acaso lo dudan?
No hay duda de que con Cabello la Procuraduría se volvió a erigir como un aparato de persecución política (tras la transformación que implicó la administración Carrillo). Un aparato al servicio del gobierno y la clase política tradicional. Así, peligra la democracia y las garantías para los sectores alternativos que de cara al 2022 se la jugarán por renovar el Congreso y así derrotar a la élite depredadora enquistada en el capitolio y que eligió a Cabello como una garantía para salvaguardar sus intereses. Sin concluir su primer año, la procuradora ya demostró que es una mujer de “armas tomar” y que tiene claro como debe controlar a “nuestro gobierno”.
Es una realidad preocupante y que da cuenta de la necesidad de reformar la elección de ese tipo de funcionarios (que no sea vía Congreso) y seguir en movilización en defensa de la democracia.
Un procurador servil al gobierno de turno es un peligro inminente para la democracia. Tan solo es un regulador de la concentración de poderes. El único legado de Duque (el presidente más impopular desde que existen registros) consistirá en dejar en los entes de control, la Fiscalía y la Procuraduría a sus amigos (al menos, hasta el 2024). Eso es algo que debemos cambiar y el próximo año podremos empezar: el primer paso consistirá en renovar el Congreso y reducir el margen de maniobra de la clase política tradicional. ¿Se le miden?
