La reforma tributaria que le ha tocado en suerte al gobierno Duque ha producido la más seria crisis entre los partidos políticos que han patrocinado desde hace más de 30 años la vigencia del capitalismo salvaje en Colombia. Está claro que la responsabilidad de que el país se encuentre en una crisis inmanejable, como producto de la explotación inmisericorde a que lo han sometido, es plena culpa de estos grupos que hundidos en la dependencia e ignorancia le jugaron de manera irresponsable al mito economicista impuesto por el Consenso de Washington.
Situación comprometida que antes de la pandemia —hace ya año largo— era difícil por la parálisis industrial, la caída de exportaciones, el déficit fiscal acumulado, la deuda externa incrementada de manera brusca, el empobrecimiento de las clases bajas y un desempleo e informalidad del mismo tan altos y persistentes, que resultaba irrazonable predicarlos de un sistema económico sostenible.
No en vano en pocos años habíamos pasado de renunciar al concepto de desarrollo aprendido en la teoría económica básica como un objetivo alcanzable para el bienestar de todos los ciudadanos, para aterrizar en el del simple crecimiento que según la misma sana teoría era un resultado mucho menos deseable, porque reducía su efecto a que se enriquecieran unos cuantos privilegiados mientras quienes aún tenían trabajo perdieran parte de sus ingresos y los que de hecho carecían de él se dedicaran al rebusque y terminaran en la miseria.
La pandemia que vino después —a la que han querido echarle la culpa casi de consenso los líderes de estos grupos— solo mostró de manera clara cuál era la situación gravosa en que nos movíamos, y los gastos no presupuestados que tuvo que asumir el gobierno de turno debido al COVID-19, como lo tendría que hacer cualquier otro, pusieron en evidencia la nuez podrida del sistema, y con él la debilidad marcada de un sistema de salud considerado ejemplar y una situación social explosiva que tuvo que ser evitada recurriendo a ayudas alimentarias y subsidios en dinero para evitar un colapso de consecuencias todavía más imprevisibles.
Todo lo cual ha hecho que la situación se torne problemática para nutrir tanto el capital financiero internacional —objetivo último del neoliberalismo— como el entablado interno que lo maneja. Pues no aparece —motivo de elecciones próximas— la víctima a quien cargarle las pérdidas y los déficits, demasiado abultados para resolverlos, como ha sido costumbre, a costa de las clases medias y trabajadoras, y menos responsabilizando a las empresas y clases rentistas, habituadas a pasar de agache en materias tributarias para mantener el reducido sector financiero especulativo que nos suministra el posmoderno barniz de sociedad avanzada.
De ahí que presenciemos con cierta perplejidad cómo los responsables del estado de cosas intentan acercamientos —imposibles de adelantar cuando su aparente rivalidad alimenta las jornadas electorales de los mismos con las mismas— para buscar consensos ante la tragedia económica que han creado, y que siendo su mejor negocio —no el del país— están obligados a conservar y cumplir. César Gaviria, el promotor del hipercapitalismo a comienzos del 90, después de los remilgos acostumbrados, atiende el llamado de Álvaro Uribe, impetuoso gestor del mismo antes y después de su imposición formal, y aunque no se sabe qué concluyeron no es difícil adivinar la sustancia de la conversación: conservar la estima de las calificadoras de riesgo y evitar un castigo electoral.
Hay que hacer por tanto una reformita gradual que solo asuste a las víctimas después de ganadas las elecciones por cualquiera de los partidos adictos al neoliberalismo. La parte gruesa de la misma se dejará para después y se justificará con motivo del crecimiento económico extraordinario que se suscitará en los años venideros, por lo que la trepada posterior de los impuestos para los de siempre estará justificada de antemano.
El espíritu de mercado permitirá camuflar dichas intenciones con instrumentos confusos dentro de la ley que tomarán vida luego a través de decretos y resoluciones gubernamentales que la complementarán, sin que, para entonces, la Corte Constitucional se atreva, por lo delicado del asunto, a tumbarlas. El acuerdo se le comunicará a Vargas Lleras para su aceptación y luego se les dará a conocer a los conservadores y a la U, que hacen parte común del entorno economicista, para su rápida aclamación.
La idea además no es original, pues Ángel Gurría que preside la Ocde —entidad a la que pertenecemos sin saber por qué— ya lo indicó como la salida menos traumática para el momento, y tema parecido ha expuesto el presidente de la Andi, Bruce Mc Master. Entonces es mejor que el futuro posterior a los comicios nos coja confesados a los que siempre estamos obligados a responder, porque quizás este último esfuerzo sea inútil.
