Desde los orígenes del Estado moderno, por allá en el siglo XVII cuando se creó el primer banco central en 1668, su soberanía reposaba en dos pilares básicos: por un lado, las fuerzas militares, con las cuales ejercía la soberanía política; por el otro lado, el banco central, con el que ejercía la soberanía económica, mediante la cual el Estado era el rector de los procesos económicos que, defendiendo la propiedad privada, realizaba con el uso de las políticas macroeconómicas como son la fiscal, la monetaria y la cambiaria. Para el efecto, desde siempre, inclusive cuando en Colombia se creó el Banco Nacional en 1880, las funciones principales de este organismo eran las de ser el banco de todos los bancos, el banco del gobierno, la autoridad monetaria y cambiaria y, por supuesto, la de emitir el dinero con el cual circula la economía.
Con el tiempo y ya en 1991, bajo la supuesta autonomía del banco, que no es otra cosa que el sometimiento del organismo a las conveniencias del capital financiero internacional, lo que se realizan mediante la influencia del BPI con sede en Suiza, los neoliberales le quitaron una pata a la soberanía del Estado y la dejaron chueca. La otrora magnificencia del organismo, que lo hacía gran autoridad, rector de los procesos económicos y el instrumento social más poderoso, quedó destruida. Ni la política fiscal, ni la política monetaria, ni la política cambiaria son ahora herramientas para direccionar la economía hacia los fines de bienestar general y desarrollo nacional. Papá Estado era grandioso y podía amparar a su sociedad porque tenía banco e imprimía billetes, cosa que ahora le impiden con el argumento de la inflación, lo cual es una falacia en momentos en que el aparato productivo tiene capacidad instalada ociosa como hoy. Además, la inflación, a los únicos que perjudica es a los inversores en papeles de renta fija; al resto del pueblo lo que le perjudica es el desempleo.
El caso llegó al extremo cuando vimos por televisión al gerente Juan José Echavarría diciendo, con palabras grotescas y macarrónicas, que el banco no prestaría dinero al gobierno para salir de la crisis fiscal derivada de la pandemia, porque el gobierno no le pagaba las deudas. De hecho, mandó al gobierno a que fuera a conseguir dinero en el mercado de capitales de Nueva York como cualquier perico de los palotes.
¿Habrase visto? ¿A dónde ha llegado el extremo del modelo neoliberal colombiano que ya el banco no le sirve a su propio dueño para beneficio de toda la sociedad que lo gestó? Claro que de eso se trataba cuando el IIE, hoy Instituto Peterson de Washington, infiltró en 1991 la Asamblea Constituyente para introducir en la Constitución Política la norma esa de la supuesta autonomía del banco. Precisamente se buscaba dejar al gobierno en la ruina para obligarlo a ir al mercado de capitales como cualquier particular, y a buscar los recursos de financiamiento mediante deuda pública que los especuladores internacionales del dinero suministran a través del mecanismo creado por ellos deliberadamente para concentrar su negocio en el endeudamiento de los Estados.
El paralogismo del capitalismo rentista sustentado con las ideas neoliberales fue precisamente ese: primero, deteriorar la imagen del Estado del bienestar a punta de mentiras y embustes; luego, arruinar las finanzas del organismo para obligarlo a recurrir al endeudamiento en el mercado de capitales y así financiar las operaciones públicas; finalmente, sí implantar la estrategia principal de arrebatar el banco central de las manos del gobierno, dejándolo sin la posibilidad de emitir dinero, herramienta idónea para el direccionamiento de la economía; que, si bien es cierto había sido mal utilizada en muchos casos por el abuso de los políticos, era un tema subsanable con un adecuado manejo de la emisión. Así, con argumentos falaces, se dejó a la sociedad sometida a los intereses de los especuladores internacionales del dinero que navegan en las bolsas de capital, en un fenómeno que bien podemos llamar la privatización del Estado mismo.
