Actualmente están cursando varios concursos de carrera administrativa para proveer miles de cargos vacantes por este mecanismo meritocratico. Desafortunadamente, se siguen presentando obstáculos en estos concursos como: el lento avance, la dificultad para la utilización de la plataforma para inscripciones y la interposición de recursos, la exigencia de extrañas formas de experiencia laboral, la suspensión de estos por el Consejo de Estado por vicios de forma, la poca o ninguna participación para muchos cargos que hacen que se pierda confianza en la transparencia de estos concursos y la perdida de credibilidad de la Comisión Nacional del Servicio Civil y de las entidades convocantes.
De esta forma, se favorece la discrecionalidad política para proveer los cargos de carrera administrativa en contraposición con lo dispuesto en la carta política. Sin embargo, la situación no sería tan gravosa si se tiene en cuenta que desde hace años se vienen desarrollando las tareas del servicio público por particulares, es decir la privatización de la función pública, como se ha venido denunciando por los medios de comunicación y los entes de control.
Así las cosas se tiene que las entidades públicas están compuestas mayoritariamente en sus plantas de personal por contratistas de prestación de servicios para desarrollar estas tareas de prestación de servicios públicos, que como es es conocido, su vinculación obedece a móviles políticos; es decir, contrarios a la igualdad de oportunidades consagrada en la carta política, trastocando los valores de la democracia y haciendo ineficiente e ineficaz la administración pública.
Flaco favor le hace a la democracia y a la lucha contra estos fenómenos de corrupción los hechos recientemente denunciados que involucran al Contralor de Bogotá por la conformación de nóminas paralelas y que dejan en evidencia que es una práctica cotidiana en todas las entidades públicas del Estado.
En suma tenemos una carrera administrativa que viene funcionando a medias y que tiene un porcentaje menor en la composición de las plantas de las entidades públicas sumado al mayor volumen de contratistas de prestación de servicios que son vinculados por motivaciones políticas y ni qué decir de los funcionarios directivos y asesores de las entidades públicas tenemos que el empleo público en Colombia está privatizado, al servicio de intereses particulares y en favor de causas políticas antidemocráticas.
Sin duda, si queremos avanzar en la construcción de caminos de paz y de democracia auténtica todos estos vicios deben de ser superados y la meritocracia debe ser la máxima constitucional a seguir como ocurre en los países desarrollados.
