Si decimos que 14.000 niños wayuu han muerto de hambre y sed en la Guajira, desde luego que es algo escandaloso e inaceptable; cuánto más escandaloso y ofensivo a toda razón no será saber que 37.000 niños más están enfermos gravemente de sed y desnutrición, y de enfermedades cutáneas, respiratorias e intestinales, a consecuencia de todo lo que ha generado la monstruosa intervención que ha alterado la esencia territorial y vivencial en las comunidades guajiras.
Pero lo que da horror saber es que todo eso es consecuencia de una de las acciones más criminales que una multinacional ha realizado en este país, con la connivencia del gobierno nacional a través de instancias como el Incoder y del Ministerio del Interior, entre otras “manos negras”, con la casi total exclusión del Ministerio del Medio Ambiente, que es el que debería estar controlando y haciendo seguimiento de un proyecto que quiere presentarse como una alternativa de redención de la Guajira, como es la construcción de una represa en el río Ranchería; cuando en realidad de lo que se trata es del robo de ese río capital para la supervivencia guajira para ponerlo al servicio de grandes terratenientes palmeros, arroceros y ganaderos amigos de Álvaro Uribe, y al servicio de los voraces intereses de las transnacionales que están detrás de la explotación del carbón guajiro.
Una catástrofe de proporciones inimaginables:
la desertificación del resto de La Guajira
y parte importante del territorio del Cesar por el desvío del río Ranchería
Pero lo que se teme es algo peor que puede ocurrir en un futuro no muy lejano, y que sería una catástrofe de proporciones inimaginables: la desertificación del resto de La Guajira y parte importante del territorio del Cesar por virtud del desvío del río Ranchería, por la construcción de la represa y por la excavación de enormes cráteres mineros, hasta de 400 metros de profundidad, que terminarán arruinando los más importantes acuíferos de toda la región.
Proyectos que han sido realizados dejando de lado o violentando todo tipo de derechos y todas las leyes y protocolos administrativos vigentes del estado colombiano; y por supuesto, desconociendo, manipulando y sencillamente comprando las conciencias y los actos de unos líderes indígenas que terminan comprometiendo la opinión y los intereses profundos de su propia comunidad, en términos de territorio y de cultura, a cambio de bagatelas engañosas, verdaderamente ofensivas y lesivas para la dignidad nacional y la dignidad humana, como en el caso que ilustraba el senador Jorge Enrique Robledo en el marco de un debate en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, cuando relacionaba lo que los funcionarios del Cerrejón, acolitados por funcionarios públicos del Ministerio del Interior, cuando Vargas Lleras, habían acordado con un grupo de representantes de los indígenas para viabilizar la desviación del río Ranchería para la explotación de nuevos yacimientos carboníferos en esa región.
La lista de las dádivas por obtener la anuencia indígena para este proyecto, parece realmente una lista pequeña y ridícula para ir de compras a una tienda, si la comparamos con los incalculables beneficios del negocio del carbón que estas multinacionales obtienen en el mercado internacional: un jagüey (pozo para sacar agua), cien chivos (90 hembras y 10 machos), nueve novillas y un toro, alambre de púas para proteger cultivos, construcción de 12 baños, hilo para tejer, un kiosko para reuniones...
Así las cosas, el panorama no parece conducir sino a una extinción programada, con toda alevosía, de una nación indígena como la wayuu, o la wiwa, que son comunidades que estorban a los planes mineros de las multinacionales, y de sus socios camuflados en los ministerios del gobierno nacional, porque, como dice el periodista Gonzalo Guillén, son pueblos que están asentados sobre una reserva carbonífera de inmensas proporciones que yace bajo el lecho del río Ranchería y que en cálculo de los entendidos sobrepasa los 500 millones de toneladas de carbón.
Se impone entonces que todos los colombianos apoyemos las iniciativas y las acciones que algunas sectores progresistas piensan adelantar ante los tribunales internacionales, para obligar a los responsables indicados, entidades públicas y privadas, a abrir las compuertas de la represa del Ranchería para que no beneficie uno solo de los campos de arroz y de palma, y no sacie las necesidades mineras del Cerrejón, hasta tanto no beneficie primero las necesidades y la sed de cada uno de los indígenas que hoy padecen esta terrible acción criminal de les robó la corriente sagrada del río que hizo posible su nación y su cultura.
Si no es así, pronto asistiremos a uno de los entierros más pobres en la historia política y cultural de este país. La completa extinción de una etnia a la que la propia nacionalidad colombiana debe tanto, para complacer los caprichos empresariales de exportar 40 millones de toneladas de carbón.
En el colmo de una paradojal perversión, el título que la multinacional dio a este proyecto está en lengua wayuunaiki y significa “llegará la primavera”.
Sin comentarios.
