La primera ministra de Minas y Energía del presidente Iván Duque, María Fernanda Suárez, se estrenó en el cargo con un gran reto: encontrar una solución para Electricaribe, es decir, una solución al suministro de energía en la Costa. Deficiente y costoso. Esta había sido intervenida en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos ante el riesgo de un apagón en la Costa Caribe.
La idea inicial era que una sola compañía se quedara con toda la operación, pero luego de dos intentos fallidos en 2017 y 2018 de conseguirle un comprador, el gobierno tomó la decisión de dividirla en dos bloques y usar el mecanismo de subasta. Pero Santos no alcanzó a implementar la solución y fue a Iván Duque y los ministros de minas María Fernanda Suarez y Diego Mesa a quienes les tocó aplicarse a fondo para encontrar una salida definitiva.
Electricaribe desapareció como empresa de energía eléctrica en octubre de 2020. Los compradores resultaron ser Empresas Púbicas de Medellín – EPM con su marca Afinia encargada de cubrir los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, y el Consorcio Energético de la Costa con su marca Air-e responsable de la energía de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
El Consorcio de la Costa está conformado por Latin America Corp y Energía de Pereira, ambas empresas que operan principalmente en el sector de energía eléctrica y están controladas por el empresario Alberto Ríos Velilla, quién lleva varios años en el sector de servicios públicos -energía, acueducto, alumbrado público y aseo. Le ha coqueteado a la política, siempre al lado de su amigo German Vargas Lleras y Cambio Radical.
Su hijo, Felipe Ríos, quien fuera precisamente concejal de Bogotá por Cambio Radical, se trasladó a vivir a Barranquilla para manejar desde allí, como presidente, la recién constituida sociedad Air-e.
Cuatro años de Air-e sin logar un buen servicio y con las tarifas volando
Las críticas no se hicieron esperar cuando el gobierno Duque le dio vía libre al negocio de Afinia y de Air-E y el Senador Jorge Enrique Robledo llevó el debate al Congreso señalando el inconveniente de las gabelas entregadas a los compradores advirtiendo lo que terminó ocurriendo con un servicio que sigue siendo muy deficiente y unas tarifas por las nubes.
Lo cierto es que, con todo y esto, la empresa gerenciada por Felipe Ríos no ha logrado ser una solución después del entierro de Electricaribe. Es tal la presión y la insatisfacción especialmente de los barranquilleros que acaban de enviarle una comunicación al Presidente Petro en la que reconocen que “hemos mejorado en 65% la calidad del servicio, pero necesitamos garantizar facturas que los usuarios puedan pagar” y en un tono muy conciliador invitan a buscar soluciones.
Señor presidente:
— Air-e (@Aire_Energia) April 2, 2024
Compartimos con usted la sincera preocupación por las desmesuradas tarifas que el mercado impone a los usuarios de energía eléctrica, y que requiere ajustes urgentes.
Los tres factores que usted menciona han sido tema de discusión con la CREG y en mesas de…
El Ministro de Minas ya había tenido una reunión en Barranquilla con los operadores de la Costa y con la bancada de parlamentarios tratando de encontrar salidas proponiéndole sentarse en la mesa a buscar una solución al tema de las tarifas.
El emporio de empresas de servicios públicos de Alberto Ríos Velilla
La familia Ríos Velilla es de una extensa familia de origen antioqueño y aunque los hijos nacieron en Medellín, han hecho fortuna en Bogotá. Alberto es el que más ha descollado y ha montado un emporio de empresas de servicios públicos de la que forma parte Air-e.
Es propietario de las compañías de basuras Servigenerales y Aseo Capital (cuyas acciones vendió en 2012 pero recompró en 2014), está última estuvo en la operación de una parte de Bogotá hasta comienzos de 2018, hasta cuando la alcaldía de Enrique Peñalosa adjudicó una nueva licitación para la prestación del servicio y Ríos Velilla quedó por fuera.
Aseo Capital fue una de las propietarias del Cupic, encargada de facturar el servicio de aseo hasta la alcaldía de Gustavo Petro en 2012 quién cambió el modelo, incluyendo a recicladores contratados y operadores directamente por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.
Fue socio de Enertolima, cuyos activos fueron adquiridos por Celsia a través de la Empresa de Energía del Pacífico – Epsa, en marzo de 2019 por $ 1,68 billones.
Servigenerales fue la encargada de lo relacionado con el aseso de Armenia desde 2003 hasta 2011 cuando las labores fueron retomadas por la Empresas Públicas de Armenia, EPA, de la que también Alberto Ríos es socio, lo mismo que de Caféaseo del Quindio y Serviaseo que operan en Montenegro, Finlandia y La Tebaida.
A través de EPA, tuvo una participación accionaria del 50 % en la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Colombia – Aquaseo, que operó el acueducto de Magangué y Tumaco, y que al entrar en liquidación le generó una pérdida de $ 1.250 millones.
Sus dos hermanos Carlos Mario y Francisco Ríos Velilla controlan el consorcio Promesa de Sociedad Futura Recaudo Bogotá (Recaudo Bogotá) que casi nadie conoce, pero que es la encargada de manejar toda la logística y operación de la tarjeta TuLlave, tanto la básica como la personalizada, con las que se accede a todos los componentes del sistema Transmilenio (Sitp, Troncal y Transmicable).
Un entramado empresarial donde por el momento Air-e es el gran dolor de cabeza.
