Es poco congruente la posición del presidente Santos sobre las drogas. En un primer análisis hasta se podría elogiar su iniciativa en el debate a la política internacional de lucha contra ellas, por la probabilidad que en la Asamblea General de Naciones Unidas --reunida por estos días en Nueva York para tratar el asunto-- se dejase de estigmatizar a líderes y países que optan por una política alternativa sobre tráfico y consumo de estupefacientes.
Sin embargo, poco ha dicho nuestro presidente sobre el documento previo que sirvió de base a la discusión que era, según el editorialista de un diario de circulación nacional, limitado por cuanto “de forma terca” mantenía el objetivo de “una sociedad libre del uso indebido de drogas” con sus secuelas de prohibición, criminalización del consumo y penalización del tráfico.
Pero hay que preguntarse la causa de esa inexplicable terquedad: las cuantiosas ganancias que dejan el tráfico ilegal de drogas psicoactivas quedan en los países consumidores y no en los productores. Y los primeros tienen las voces y los votos de las naciones poderosas en el organismo mundial. A Estados Unidos, por ejemplo, el negocio de la droga le sirve para financiar la injerencia de la CIA en otros países (Nicaragua, Afganistán y Colombia, entre otros). El Servicio de Inteligencia estadounidense (CIA) y la DEA han actuado como ejército de apoyo en el tráfico mundial de la droga, convirtiendo así a ese país en un Imperio del Narcotráfico.
Un Informe publicado en 2012 por la Subcomisión del Senado de los Estados Unidos rezaba “cada año entre 150 mil millones y 500 mil millones de dólares de origen criminal son lavados por los bancos a través del mundo y esos fondos transitan por los bancos estadounidenses” irrigando su economía.
No se conoce casos de procesos a grandes traficantes, autoridades militares , policiales y de aduana de esa potencia. Esto explicaría el porqué entran tantos y cuantiosos cargamentos de drogas a Estados Unidos. Un país con fronteras tan protegidas con personal, inteligencia y tecnología especialmente costas y aeropuertos sino es con el concurso de funcionarios de uno u otro de estos estamentos. De la DEA la omnipresente DEA, encargada específicamente de esta guerra a su nombre ya se conocen casos de agentes coaligados con los capos de los países productores.
Entre tanto los costos de la guerra los sufren países productores en muertos, procesos judiciales, atención carcelaria de condenados, etc. Ingentes recursos que podrían dedicarse a otros menesteres, entre ellos el debido tratamiento a los adictos locales entendiéndolo como un problema de salud pública, que sale más barato que su persecución.
Dada la catadura formal ambivalente de Santos, no sorprende al final que mientras se preparaba para hablar en la Ungass sobre opciones alternativas en la lucha antidrogas, planeara revivir la fumigación con glifosato, sin parar mientes en los nefastos prejuicios que esta tiene en los ecosistemas del territorio patrio; y a que ella le sirve a la estrategia gringa de guerra de doble moral para encarecer la producción y garantizar mayor flujo de ganancias hacia su metrópoli, comentada arriba. “Por sus hechos los conoceréis, sentencia la Biblia”. ¿Qué autoridad puede tener un presidente que pone por encima de compromisos internacionales cuestionables la integridad de su nación y los intereses soberanos de su país?
@almamansa
