Al nuevo registrador Alexaánder Vega lo tuvo sin cuidado el escándalo que generó su escogencia y por el contrario arrancó el pasado diciembre con el bolígrafo afinado para cumplir con su plan: armar una estructura política que le asegure su futuro político. Después de la parranda vallenata de celebración con Silvestre Dangond a la palestra comenzaron los despidos.
Declaró insubsistentes a 300 empleados provisionales y liberó los puestos directivos del nivel central, delegados departamentales y registradores municipales para nombrar cuotas políticas. Hizo caso omiso de derechos adquiridos y otorgados por ley a los trabajadores del Estado y los que le fueron conferidos a través de un régimen especial a los vinculados a la rama electoral y de registros. La semana pasada Alexánder Vega despidió a los registradores delegados del Vichada, Gabriel Sánchez; del Vaupés, César Augusto Jaramillo; y los registradores Patricia Cárdenas y Orlando Caballero, del Atlántico y María Lilia Ustariz, de Boyacá. De personas como ellas dependen los resultados electorales en las regiones.
Artificiosamente, echó mano el registrador de una jurisprudencia de la Corte Constitucional de 2013, relativa a funcionarios de libre nombramiento y remoción, a quienes se les exige una “especial confianza”, asegurando la misma sentencia que la finalidad que se persigue con la autorización de removerlos libremente es razonable, pues consiste en asegurar la permanencia de la confianza que supone el ejercicio del cargo.
La elección de Álex Vega está demandada por el propio Iván Velásquez y un grupo de veedores que conformaron el Frente de Respuesta Social Anticorrupción (FUERSA) y está señalado por haber dilatado la investigación sobre la financiación de la campaña de Santos I. Esta finalmente fue archivada.
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Muchos de los funcionarios declarados insubsistentes eran de carrera y se habían sometido al proceso de concurso. Las demandas no se harán esperar. La primera reventó en Popayán. Un comunicado de Radio Súper informó sobre la declaratoria de insubsistencia del delegado del Registrador Nacional en el departamento del Cauca, Daniel Molano Piamba, La recibió “motivada con supuesto argumento de pérdida de confianza desconociendo que las insubsistencias no se motivan y en segundo lugar porque el funcionario pertenece a la carrera administrativa especial”.
Pero en La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Tolima, Cauca, Valle del Cauca la situación será similar, ya que todas las declaratorias de insubsistencia siguieron el mismo procedimiento, considerado irregular por los demandantes.
La mayoría de los delegados despedidos fueron nombrados hace más de diez años, muchos de ellos se sometieron al concurso de méritos realizado mediante la convocatoria 003 del 16 de diciembre de 2008 que, según la misma, se hizo “con el ánimo de hacer prevalecer el mérito y las capacidades del seleccionado para desempeñar el cargo ante cualquier otro mecanismo de ingreso, sin que el nominador pueda apartarse de su resultado”.
Participaron en la prueba de méritos que se celebró el 10 de mayo de 2009 en la Universidad Sergio Arboleda de la ciudad de Bogotá, aprobándola con éxito y quedando en la lista de elegibles establecida en la Resolución No. 3159 del 22 de mayo de 2009 del despacho del Registrador de turno. No llegaron por azar ni por recomendación política, porque lo que se quería era preservar la pureza del sufragio brindándole garantías al elector de la limpieza de los procesos electorales. Con este concurso, de alguna manera se puso fin a la concepción paritaria en la asignación de los delegados departamentales y los registradores de las ciudades capitales que por ley disponía el nombramiento de un delegado y un registrador liberal y otro conservador.
Los afectados aducen todo tipo de causales para justificar sus demandas: violación de los derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud y seguridad social, al mínimo vital, a la honra, a la estabilidad forzada que es el equivalente a lo que se conoce con el nombra de “reten social”, a la confianza legítima, a los derechos adquiridos y otros que seguramente se les habrán vulnerado que de ser favorecidos implicarán un grave perjuicio económico para el Estado, de miles de millones de pesos, que legalmente deberán repetir contra el ordenador que con falsas motivaciones acometió estas acciones.
Los reemplazos nombrados por el registrador Vega no disimulan su tinte político. Como delegado del Registrador en el Atlántico fue nombrado Julio Cesar Novoa Fontalvo, cuota de Álex Char. En su discurso de posesión no tuvo reparos en reconocerlo, al tiempo que juraba ser defensor de los derechos. “Aprendí a través de mi vida profesional al lado de la familia Char, especialmente del exalcalde Alejandro Char, a quien le tengo un eterno agradecimiento”.
En el departamento del Magdalena fue nombrada Yurleidis Granados Glen, quien se reclama incondicional del senador Eduardo Pulgar Daza por sus nexos con la fuerza que lidera su esposo Julio Pizarro. El barranquillero Eduardo Pulgar fue diez años concejal y en 2014 llegó al Senado por primera vez con 85.000 votos. En el 2007 fue sancionado por haber participado siete años antes, en una supuesta defraudación de las arcas de Barranquilla, calculada en más de $ 5 mil millones.
En una polémica decisión en el 2014 el entonces Procurador Alejandro Ordóñez ordenó revocarla. Se señaló entonces un supuesto intercambio de favores, en reconocimiento al voto de la senadora Karime Motta, esposa de Pulgar, para asegurar la elección de Ordóñez. Siendo concejal, Pulgar fue noticia porque previo a unas elecciones regionales le aparecieron en su oficina 120 cédulas y una cantidad considerable de billetes de $ 20 mil. La más reciente aventura en la que estuvo involucrado su nombre, ocurrió hace cuatro años y tuvo como protagonistas a sus hermanos Yezid y María Luisa, envueltos en un escándalo por presunto fraude electoral. Yezid aspiraba a la Asamblea del Atlántico y María Luisa al Concejo de Barranquilla.
Con el nombramiento de José Antonio Lafourie como uno de los registradores de Santa Marta, el registrador Vega se puso al día con la familia Cotes, por intermedio de “El Mello”, de Álvaro papá y de su senador Fabián Castillo.
Castillo junto con Eduardo Pulgar y otros congresistas son asiduos del despacho desde su posesión. Sobra decir que las transacciones de nombramientos de cargos menores siguen al orden del día. Con su comportamiento Alexánder Vega está echando por la borda esfuerzos institucionales como el último de Juan Carlos Galindo, quien logró que la Registraduría fuera certificada incluso en el sistema de la gestión de la calidad tanto en lo electoral como en identificación y posicionarla como la tercera institución pública de mayor confianza en el país.
Son más de 1.200 los registradores municipales y 64 delegados departamentales en Colombia, sin contar mandos medios regionales y locales, un inmenso poder y una buena cauda de posiciones de la que el Registrador Vega dispone para lograr, por la vía de la mermelada, la gran “apuesta nacional” de la clase política tradicional que va en dirección a ahogar los movimientos independientes que ganaron al menos 300 alcaldías en las elecciones del pasado octubre. Se trata de un cargo clave para la democracia y que es urgente vigilar porque el recién posesionado Alexánder Vega, quien busca cada vez más espacios políticos, parece tener las intenciones de aprovecharlo para propósitos personales, ajenos a su misión.
El registrador y el expresidente César Gaviria se saludaron enérgicamente en la posesión del fiscal Francisco Barbosa. Foto: Leonel Cordero / Las2orillas
A estas intenciones politiqueras hay que sumarle la billonaria partida presupuestal para la implementación del voto electrónico que Vega anunció con bombos y platillos. Este año comenzarán los pilotos en las elecciones de los consejos de la juventud y en las elecciones atípicas. Además, la propuesta de renovar la cédula en digital también hace parte de este plan para implementar la tecnología, que viene siendo una promesa de hace varios años sin un resultado concreto.
