La política del fracaso

La política del fracaso

"Pretender gobernar un país, solamente en claro beneficio de algunos sectores, es algo fuera de la lógica de la política democrática"

Por: Juan Fernando Velez
junio 03, 2020
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La política del fracaso

En estos días, que hemos podido estar fuera de nuestras rutinas diarias, ha sido posible estar más al tanto de la actualidad nacional, por lo cual, nos hemos dado cuenta, de manera más clara de las acciones llevadas a cabo por el gobierno nacional, en medio de la crisis sanitaria, algunas cosas que han impactado profundamente, otras que no hacen tanto eco, y están aquellas que podríamos no saber o entender.

Pretender gobernar un país, solamente en claro beneficio de algunos sectores, es algo fuera de la lógica de la política democrática, un ejemplo de esto es la concesión de 17 billones de pesos al Grupo Aval, supuestamente con la idea de que los empresarios pudieran acercarse a pedir créditos que pudieran ayudarlos a aliviar sus nóminas, sin embargo, en más de una ocasión, pequeños y medianos empresarios han fracasado al pedir dicho crédito, esto lleva a preguntarse si es que la empresa que solicita el crédito debe tener cierta liquidez, en ese caso ¿Deben los pequeños empresarios, o los que apenas inician, desaparecer?

Designar 9000 millones de pesos, y otros 13000 millones, para la compra de camionetas blindadas y para la munición del ESMAD, en medio de una crisis, no habla bien de la administración del erario público, también manda un mensaje (errado o no), respecto a la actitud del presidente, al reforzar tanto su seguridad y los mecanismos para diluir o replegar las protestas.

Igualmente, el subsidio solidario, fue muestra de que el gobierno tiene intereses ajenos al auxilio ciudadano, para luego ser tratados de “atenidos” por la vicepresidenta, cuando la realidad es que el estado se financia, en gran parte, por los impuestos que pagan los ciudadanos (que no son pocos), la pregunta que sigue es ¿Qué pasa, entonces, con el dinero de los impuestos?

3500 millones para “mejorar la imagen del presidente en redes sociales”, aunque ya es fuente inagotable de memes, se destinó este presupuesto en plena pandemia, para tratar de tapar el sol con un dedo, sin embargo, este evento resultó ser un tema del más bajo clientelismo, en busca de popularidad. Un gobernante consecuente, sabe que su alta popularidad es directamente proporcional a su buena gestión.

El posterior nombramiento del hijo del paramilitar Jorge 40, como coordinador de víctimas, deja en entredicho la coherencia de la ministra del interior, respecto al manejo de la JEP, a la cual se le ha puesto zancadilla en muchas ocasiones desde el alto gobierno. Es cierto, muchos actores del conflicto, en todos los bandos, deben ser juzgados, pero cuando hay alguien que considera “héroe” y “perseguido político” al líder de una de las partes en conflicto ¿Qué objetividad se puede esperar?

El tema de la reforma laboral “chiquita”, es uno de esos intentos de, como se dijo al principio, gobernar para un exclusivo grupo de personas. Partamos del hecho de querer eliminar o retrasar el pago de la prima de mitad de año, lo cual es un error, y es un error, porque estas primas de mitad y final de año son uno de los grandes impulsos de la economía, pues con ese dinero, las personas hacen compras grandes, pagan créditos de vivienda y automóviles, entre otras cosas. Les es difícil entender que la economía se mueve por medio de la oferta y demanda y que poner el dinero en manos de los que ya tienen es estancar ese necesario flujo de dinero que debe pasar por lo diferentes comercios, que benefician a muchas personas y que también es parte de impuestos necesarios para el desarrollo del país. Considero necesario señalar que llamar “chiquita” a una reforma con un impacto notorio, es absurdo y contradictorio, además en Colombia nada es más permanente que lo transitorio.

El manejo a la crisis sanitaria del COVID-19 resultó bueno en sus inicios, pero no se contempló que la cuarentena pudiera extenderse por más de 90 días, no se tuvo en cuenta la alta tasa de trabajo informal que existe en Colombia, con todas las personas fuera de las calles, los vendedores informales no tendrían clientela, ergo, estas personas han debido suspender la actividad que les ayudaba a subsistir, solamente pasadas varias semanas y repetidos comparendos, las personas debieron salir de nuevo a buscar su sustento, porque el Estado no quiso proveer a las personas con un mínimo vital, aseverando que no hay recursos, pero si vemos en retrospectiva, esa afirmación resulta un poco osada. Con el rompimiento de la cuarentena, se comenzaron a ver casos de abuso de autoridad.

Ahora, con el nuevo decreto, las medidas se han vuelto sumamente flexibles, cuando la cantidad de contagios se encuentra en sus valores más altos en meses, y se alcanza casi el millar de fallecidos.

Haré mención de las últimas declaraciones del fiscal general, quien trataba de involucrar al senador Gustavo Petro, en el escándalo de la ñeñepolítica, usando parte de un audio que no indica más que los mineros de la Guajira lo apoyaban porque creían en él, y no por que hubiera comprado los votos. La negativa por parte de la justicia a llevar a cabo los actos que la ley le demanda, demuestra la falta de objetividad y la urgencia de una reforma a la justicia, en la que se pueda abolir o cambiar el tema del vencimiento de términos (lo cual es una alcahuetería), y se ha vuelto una herramienta para que los hampones y corruptos se salgan con la suya.

Pero quizá el problema más grande es que este tipo de situaciones se han vuelto "paisaje", se han vuelto tan comunes que a los colombianos ya les parece normal, como resignarse a vivir con un cáncer, porque no nos enseñan la ley (o solamente de manera superficial), y quienes la conocen y tratan de aplicarla para beneficio de la comunidad, terminan asediados por burocracia, intimidación y hasta la muerte ¿Cómo eso es posible esto en una, así llamada democracia?

Ya hace dos años, el presidente Duque le ha cumplido muy bien a sus patrocinadores y padrinos políticos, pero es claro que el país es de una mayoría de colombianos, y aún tiene otros dos para cambiar el rumbo o seguir igual y llevarnos a otro atolladero.

Asumo que no faltarán los calificativos como "mamerto", "castrochavista", "guerrillero", entre otros menos elegantes. Entonces, yo les pregunto: ¿quién está ahora en el poder?, ¿quién ganó las elecciones? y ¿cumple o no con las obligaciones que ley le exige?

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