Varios casos se han presentado en los últimos años sobre denuncias por acoso sexual hacia subordinadas de políticos o figuras públicas en Colombia. Recordemos el caso del congresista Jaime Alonso Vásquez del partido de la U, del general Rodolfo Palomino y cómo no, del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez.
Estos casos han representado escándalos en la vida pública del país, pero nunca han sido públicas las respuestas que determinó el juicio de cada denuncia. ¿Por qué? Porque poco nos importa la víctima, porque en este país nos acostumbramos a rendirle pleitesía a las grandes figuras políticas y nos acostumbramos a dar por sentado su inocencia. Nos parece imposible, así no sepamos nada del caso, que un hombre tan honorable pueda acosar o violar a otra persona. Nos parece oportunista siempre la víctima. Nos parece, todo nos parece, porque no sabemos nada pero para juzgar sí que somos buenos.
Los titulares que abundan en los medios por estos días refiriéndose a la denuncia sobre acoso sexual impuesta por Astrid Helena Cristancho al defensor del pueblo tienen algo en común: El Universal titula: “Su finalidad no era otra que lograr tumbar al defensor del pueblo” El Colombiano: “Denuncian supuesto acoso sexual del defensor del pueblo a su exsecretaria”; El Tiempo: “La versión de Astrid Cristancho contra el Defensor por supuesto acoso” y así varios medios de información electrónicos. En común tienen la idea de que ella miente, que él es inocente hasta que se demuestre lo contrario, que ella es supuesta víctima pero él inocente. Los medios de comunicación, que son los primeros en hacer juicios a priori en casos judiciales, esta vez “toman distancia”.
Además, los comentarios en redes sociales no se hacen esperar. La mayoría apuntan a que ella es la “buscona” porque era reina, es linda y quién la manda trabajar en una oficina. Apuntan a afirmar que lo único que busca es dinero y fama o que tiene un complot con los opositores de Otálora y que su denuncia serviría para destituirlo.
Esto es una muestra del machismo que abunda en nuestro país, un país donde cada 75 minutos se realiza una denuncia por acoso sexual en el trabajo y como afirma Ángela María Jaramillo, de la Corporación Vamos Mujer la Fiscalía investiga más de 8.000 casos desde el 2008 y solo se han dictado una decena de condenas.
En Colombia existe la reglamentación para combatir el bullying laboral con la Ley 1010 de enero 23 de 2006, así como la Ley 1257 de 2008 que tipificó el acoso sexual como un delito y sus respectivos decretos reglamentarios de 2011. El problema es que las mujeres aun tienen miedo de denunciar porque dependen económicamente de su trabajo, porque dudarán de sus declaraciones y en estos casos, cuando el acosador es un político o figura pública las mujeres tienen la peor parte, porque su palabra será cuestionada y se enfrentan al poder económico, jurídico y mediático que siempre protege al funcionario, al “gran” funcionario.
Todos los hombres acusados tienen una supuesta víctima. Pero ojo, la próxima víctima puede ser cualquier mujer en cualquier lugar del país y si nosotras no rechazamos el calificativo de mentirosas cuando nos toque a nosotras ¿Quién nos va a defender? Ojalá aprendamos a tener un poco más de sororidad con nuestras semejantes y entendamos lo difícil que puede ser denunciar un acoso como para que más encima estén dudando de nuestra palabra y nuestro dolor.
