Patricia Linares, la presidenta de la JEP, logró finalmente y gracias a un concepto final de la Corte Constitucional quedarse con el control de un presupuesto de $200 mil millones para el 2018. Las presiones llevaron a la renuncia del exmagistrado Néstor Raúl Correa quien como secretario ejecutivo le respondía a Naciones Unidas.
El aparato judicial que se está armando para administrar la Justicia transicional surgida del Acuerdo de paz con las FARC es monumental. Se prevén 800 funcionarios. Según la Corporación Excelencia en la Justicia será una planta que además de los 18 magistrados titulares incluye 60 magistrados auxiliares -tres por despacho- con ingresos de $ 25 millones mensuales y 208 abogados con sueldos de $ 9 millones. El arriendo y la adecuación de las oficinas costó cerca de $ 12 mil millones en el 2017, según el informe del contralor Maya, quien tiene las alarmas prendidas.
El presupuesto asignado por el Ministerio de Hacienda es solo una pequeña parte, el grueso viene de la cooperación internacional, igual que para la Comisión de la verdad.
