Carlos Alberto Solarte se alió con la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo para construir la esperada vía Popayán-Santander de Quilichao, una obra que empezó hace casi diez años. Escogió un peso pesado ecuatoriano, Hidalgo e Hidalgo, para armar el consorcio Nuevo Cauca al que la ANI le entregó la obra en 2015 en la modalidad de Alianza Público Privada. Se trata de una vía crucial para el Suroccidente que formaba parte de la Segunda Ola de la Cuarta Generación promovida desde la vicepresidencia por el entonces titular, Germán Vargas Lleras en el gobierno de Juan Manuel Santos.
Pero antes que una solución, esta vía con los permanentes desvíos, movilidad por un solo carril, ha hecho que el remedio de la doble calzada resulte peor que la enfermedad y trasladarse de Cali a Popayán o viceversa, se haya convertido en una odisea, que toma mucho tiempo.
El ingeniero Carlos Alberto Solarte, oriundos de Pasto y por tanto con contactos con el Ecuador miraron hacia el sur para buscar el socio para presentar su la alianza publico privada : la constructora Hidalgo e Hidalgo que tiene el 35% del consorcio mientras dos empresas constructoras del colombiano tienen la mayoría.
La constructora ecuatoriana, un peso pesado en su país
Hidalgo e Hidalgo S.A. es un referente ecuatoriano de construcciones de infraestructura a gran escala. La empresa fue fundada hace 50 años por Julio Hidalgo González, y desde hace unos años tiene presencia en Latinoamérica, en países como Perú, Honduras, Bolivia, Colombia, El Salvador y Panamá.
Durante el boom petrolero que permitió crecer la viabilidad en Ecuador, Hidalgo & Hidalgo construyó entre enero de 1972 y diciembre de 1975 la carretera Tambillo-Sangolquí, con características más modernas de las que utilizaban hasta entonces. También acometió proyectos como el sistema de Riego Babahoyo de la Cuenca del río Guayas que 45 años después continúa prestando servicios. O el hidroeléctrico Hidrosibimbe, una planta de tamaño medio que capta las aguas del río Sibimbe en la frontera entre las provincias de Los Ríos y Bolívar.
Con una inversión por $1,2 billones el consorcio con la colombiana SAS contempla la construcción de la segunda calzada en un trayecto de 76 kilómetros, más el mejoramiento y rehabilitación de la vía existente, incluyendo 7 variantes, 23 puentes, y 21 intersecciones y retornos a lo largo de la vía.
En julio del 2022 se firmó el acta de inicio por el tramo Santander de Quilichao- Mondomo, una más de las varias que han firmado para dar inicio a los distintos tramos. La obra ha estado en la mira de los que han hecho suspenderla en varias oportunidades, aunque no son los ataques de grupos armados ilegales el único obstáculo que ha habido en esta obra de suma urgencia para el suroccidente
El lío de las consultas previas, otro obstáculo para avanzar
La Corte Constitucional en fallo de tutela del 20 de junio de 2019 concedió el amparo a la consulta previa de las comunidades indígenas “La Laguna Siberia” y “Las Mercedes, dejando sin efecto todas las consultas previas realizadas en el 2017. Esa decisión del alto tribunal paralizó de nuevo la ampliación de esta carretera, por la que transita gran parte del comercio internacional.
Además, en el fallo la Corte Constitucional dejó sin efecto la certificación N° 018 de 2017, en la que el Ministerio del Interior certificó la inexistencia de grupos étnicos en la zona de influencia de la Unidad Funcional 3 del proyecto vial, que corresponde al tramo entre Pescador y Mondomo, “segunda calzada Popayán-Santander de Quilichao”, como también los actos administrativos sustentados en ella, incluida la licencia ambiental con relación a dicha unidad funcional, la cual se refiere a la autonomía indígena en su dimensión externa.
La Corte le ordenó al Ministerio del Interior que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la sentencia, iniciara el trámite para expedir la certificación sobre la presencia de grupos tribales y asegurar la participación de las comunidades étnicas que se encontraran en los municipios de Caldono y Piendamó, para establecer cuáles de ellas presentaban un impacto relacionado con el territorio titulado y ocupado por los miembros de dichos grupos étnicos, que ameritara un proceso de consulta previa en el marco de la Unidad Funcional Tres del proyecto vial. Se inició un nuevo viacrucis, que no se sabe cuándo terminará.
A finales del año pasado, en octubre del 2023, fueron los constructores de los que suspendieron las obras argumentando problemas de orden publico.
En el papel la obra debe de estar concluida en el 2026, pero es mucho el escepticismo por todos los líos que ha habido y lo mal estructurado que estuvo ese proyecto 4G en el Gobierno Santos, que, por el afán de sacarlo rápido, omitieron estudios previos para identificar impactos ambientales y sociales que han estado presentes desde el primer día.
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