Víctor Muñoz, formado más para el mundo digital que para lo público, terminó catapultado por Iván Duque, a quien conoció hace apenas un par de años y hoy tiene en sus manos uno de los cargos con más poder presupuestal y administrativo del gobierno: el Departamento Administrativo de la Presidencia –Dapre-, con oficina contigua a la del presidente.
Si bien, allí siempre han estado personas de la mayor confianza de cualquier jefe de Estado, con la firma del Acuerdo paz con las Farc en el gobierno Santos, el rol adquirió mucha más preponderancia. Con Duque, llegó a éste, su mano derecha y viejo amigo Jorge Mario Eastman Jr., quien después de seis meses fue nombrado embajador ante la Santa Sede y reemplazado en el cargo por el actual Ministro de Defensa, Diego Molano, quien estuvo hasta febrero de este año cuando reemplazó al fallecido Carlos Holmes Trujillo. El escogido para ocupar su puesto fue Víctor Muñoz, hasta entonces Consejero Presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital. Se sentó bien en su puesto y junto a la jefe de gabinete, Maria Paula Correa, lideró una reforma estructural que los empoderó aún más. Amigos de vieja data desde el colegio Los Nogales de Bogotá, lograron hacer un tándem que los ha vuelto las dos personajes más influyentes entre el círculo de la Casa de Nariño.
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Víctor Muñoz recién se estrenó en el sector público con el presidente Duque. De origen antioqueño, pero arraigado en Bogotá donde hizo el bachillerato y luego estudió Ingeniería Industrial en Los Andes, estuvo vinculado desde el 2005 y durante más de diez años a Carvajal Tecnología y Servicios, de donde se retiró al no ser nombrado presidente del área en 2016. Pero fue esta experiencia laboral la que lo fortaleció en temas digitales y le moldeó su futuro profesional. Aterrizó en la campaña de Duque tras haber sido fundador de la encuestadora Guarumo junto al exregistrador Carlos Ariel Sánchez, como encargado de analizar y evaluar las encuestas, aportar la estrategia tecnológica y de redes de campaña.
De allí que el primer cargo que tuvo en la Casa de Nariño fue el de Consejero Presidencial para la Innovación y la Transformación Digital en febrero de 2019, adquiriendo cada vez más confianza del Presidente Duque. Le entregó la implementación de la APP para celulares CoronApp, para el seguimiento de los contagios del coronavirus desde los celulares con un costo millonario costo y unos muy cuestionados resultados. Y fue Muñoz quien con la entonces consejera para las regiones, Karen Abudinen, quienes lideraron desde presidencia el lobby, con mermelada incluida, para sacar adelante la Ley de las TIC que catapultó presupuestalmente el ministerio que después ocupó la barranquillera.
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Hoy Víctor Muñoz es la mano derecha de Duque para temas administrativos y ejecutivos en la Casa de Nariño y maneja el mega presupuesto de más de 3 billones del Fondo para la Paz, en unos rangos tan amplios que le dan para pagar de todo desde la Presidencia. El cambio drástico que llevó a que la ordenación del gasto con esta gran chequera recayera sobre el director del DAPRE se dio con las leyes del 2017.
Tras la firma del Acuerdo final hace cinco años, el 25 de noviembre del 2016, en el Teatro Colón, el gobierno de Juan Manuel Santos tramitó en el Congreso las leyes para viabilizar los compromisos con la guerrilla de las Farc. Al año siguiente el gobierno impulsó un paquete de decretos ley, para darle vida a la nueva etapa del posconflicto, que estuvieron listos a mediados de 2018. La Consejería para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad encabezó el equipo al que también entró un gabinete con seis ministros, un consejo directivo de seis miembros nombrados por el Presidente y se armó lo más importante: el Fondo de inversión para la Paz –Fondo Paz - con una robusta chequera en cabeza del DAPRE, el músculo de la implementación.
El equipo de Santos contó con menos de un año para arrancar, de manera tal que el grueso de ésta recayó sobre el gobierno Duque. Fue nombrado para tomar las riendas Emilio Archila, quien venía del equipo de campaña de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, que empezó por cambiarle el nombre a la Consejería para tomar distancia de su antecesor, y pasó a llamarse para la Estabilización y la Consolidación
El Fondo de Programas Especiales para la Paz – Fondo Paz– tiene sus orígenes en 1997 en el gobierno de Ernesto Samper como una cuenta especial del DAPRE para la financiación de programas de paz encaminados a fomentar la reincorporación a la vida civil de grupos alzados en armas. Posteriormente, en 1998 se le agregó la financiación de las acciones del Consejo Nacional de Paz. Ha sido un eficaz brazo financiero de muy fácil ejecución sobre el que han dispuesto los distintos altos comisionados de paz. Fue el brazo financiero clave en el proceso de paz del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana , con Víctor G. Ricardo y Camilo Gómez como Comisionados de paz y que estuvo gerenciado por María Inés Restrepo, quien se mantuvo en el cargo durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe, cuando el fondo estuvo orientado a apoyar los requerimientos de la negociación con las Autodefensas en Ralito y los distintos intentos fallidos con grupos guerrilleros. Llegó luego el momento de la negociación del gobierno Santos con las Farc en La Habana, y ahí la batuta la tuvo Sergio Jaramillo. Se creó entonces la subcuenta Fondo de Programas Especiales para la Paz, con el fin de financiar los planes, programas y estrategias en los territorios establecidos como zonas estratégicas de intervención integral – ZEII.
En cabeza de Archila están las decisiones políticas, las líneas estratégicas de la implementación pero no la ejecución presupuestal. Administrativamente la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y otras 13 más -aunque se está en proceso de eliminación de tres dentro de un supuesto plan de austeridad-, dependen del DAPRE y de Muñoz, con lo cual Archila decide pero no ejecuta. Los recursos para echar andar los ambiciosos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria y con mayor celeridad los planes sectoriales y programas de la Reforma Rural Integral (RRI) que cubre 16 subregiones del país que agrupan 170 municipios y 11 mil veredas (priorizadas por grado de afectación del conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilegales, pobreza y debilidad institucional), no dependen de él, sino de Muñoz.
El gobierno Duque le asignó al Fondo para la paz un presupuesto para el 2020 de $2,9 billones que en el 2021 subió a $3,4 billones, que además ha sido aumentado entre mayo y junio de este año en $209 mil millones. Los recursos se ejecutan mayoritariamente a través de la Fiduciaria La Previsora, una entidad también pública cuyo presidente Ricardo Castiblanco, recientemente nombrado por el presidente Duque y el ministro de Hacienda, Juan Manuel Restrepo, para la ejecución de recursos de múltiples entidades del Estado.
Puede decirse que además del poder espejo que Víctor Muñoz derivó de su cercanía con María Paula Correa y tras su posicionamiento veloz en la Casa de Nariño tiene sobre sus espaldas la ordenación del gasto de la chequera más grande del gobierno nacional, paradójicamente asociada a un compromiso político, la implementación del Acuerdo de paz de La Habana, al que el presidente Duque y su partido, el Centro Democrático, se opusieron. Por cuenta de la vigilancia internacional con la ONU y los países garantes a la cabeza y la llegada a la presidencia de Estados Unidos del demócrata Joe Biden, quien incluso estuvo en la primera firma en Cartagena, a Víctor Muñoz le ha tocado hundir el acelerador. Y en serio.
