"Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma" —Gabriel García Márquez.
La pobreza oculta, o como dirían las abuelas los "pobres vergonzantes", es una tarea fallida en las políticas públicas contra la pobreza, que priorizan a los más vulnerables o en riesgo y dejarían por fuera a la clase media. Personas con bienes pero sin liquidez, con empleos pero sin garantías, con capacidad adquisitiva pero sin vida crediticia por la ‘muerte civil’ de los reportes a las centrales de riesgos, con largas paras en su trabajo o con negocios en la informalidad, con mesadas pensionales más bajas que las obligaciones adquiridas cuando estaban activos en su trabajo, o con ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, lo que logra que no les alcance el sueldo o su renta, para terminar el mes.
Ciudadanos que cuando intentan aplicar a las políticas públicas sociales, a subsidios, a apoyos económicos, a créditos, no reúnen los requisitos que exigen los sistemas de focalización, identificación y/o caracterización o no cuentan con las garantías que piden los bancos y terminan sin aseguramiento en salud, sin educación digna, sin empleo o un negocio, sin justicia social equitativa, sin oportunidades. La gente de a pie, inmóvil, que, asfixiada, no encuentra salidas y empieza poco a poco a perderlo todo; los cerebros fugados que emigran a otros lares a hacer cosas distintas para las que se formaron y nunca regresan; las familias que se separan para poder cumplir con los gastos fijos de la cotidianidad o que nunca se van de la casa de sus padres; o los que simple y llanamente, sobreviven frustrados en una sociedad que cada vez reclama más consumo, más competencias, más y más, sin poder vivir sus sueños sino en la vida en que les tocó existir.
Una política pública de desarrollo integral, que ponga al ser humano en el centro de las preocupaciones de la sociedad y del Estado, demanda un cambio en el modelo económico y en las perspectivas de la vida de un ciudadano que culmina sus estudios. Para esto es clave que la educación sea pública, gratuita y de calidad. Además de esto, se requieren priorizar políticas de inclusión productiva y de acceso igualitario a empleo digno, mayor libertad política y construcción de ciudadanía incidente.
Por ejemplo, la anhelada articulación entre el nivel precedente y el nivel superior, debe generalizar ciclos propedéuticos, con certificaciones progresivas que desde el período moratorio le permitan, desde lo técnico hasta lo profesional, mayores oportunidades al ciudadano. Allí es relevante la homologación de pensums académicos, así la formación sea diferenciada, por autonomía educativa. Y, sobre todo, muchos beneficios para el reingreso del estudiante que deserta por razones económicas, políticas o sociales en tiempos de posconflicto.
Ha sido reiterativo escuchar que cuando uno termina una carrera profesional y se enfrenta a la vida diaria, se pregunta: ¿Y lo que estudié para qué me sirve? La educación debe estar articulada a la productividad y a la innovación. Darle herramientas útiles al futuro profesional para vivir dignamente. Las barreras para acceder a un empleo digno o a la ruta del emprendimiento, deben ser removidas para los profesionales jóvenes, inclusive para los estudiantes en sus prácticas o pasantías. Se ha avanzado en este gobierno en esa vía por ejemplo con programas como el de 40.000 empleos basados en la ley de primer empleo o en las otras políticas de pro-joven, que equiparan las prácticas o pasantías a experiencia profesional, como transición al mundo del trabajo. Pero esto hay que ampliar su cobertura, democratizarlo y socializarlo, además de generar condiciones equitativas de acceso a trabajo decente, a créditos, a subsidios, a acompañamiento técnico, a oportunidades. Esta sería la educación digna para un país en paz.
La idea de mejorarle la vida a la clase media parte también de la lucha por deslindar la delgada línea entre la informalidad y la ilegalidad o la economía subterránea. El Estado debe generarle garantías al emprendedor o pequeño empresario para el equilibrio económico. El emprendedor que se formaliza, paga impuestos y produce rentabilidad, debería tener beneficios, con apoyo del Estado, para pagar sus deudas bancarias o para participar de estímulos financieros: por ejemplo, interés bancario caracterizado, servicios públicos más bajos, ampliación de plazos frente a riesgos del mercado, subsidios, acompañamiento técnico, y, entre otros, tributación progresiva, equitativa y proporcional.
La gente comerciante, o que trabaja por cuenta propia, muchas veces se mantendría en la informalidad quizás por la tramitomanía o por los altos costos a corto plazo de formalizarse y, en otras ocasiones, no aplica a créditos para no volverse esclavo de sus deudas o quizás por la injusticia en los reportes a centrales de riesgos en el que muchas veces prima la rentabilidad financiera a derechos como al techo, a la educación, a la salud o a necesidades como el emprendimiento, la formalización, el mejoramiento de vivienda o la adecuación física o mantenimiento preventivo de establecimientos comerciales que le permitiría diversificar su negocio y mejorar sus ingresos. Remember, quien cuenta con poder adquisitivo también avanza en su poder de decisión. Un ciudadano que estudia, va a necesitar ingresos para subsistir; una ciudadanía que progresa, cambia las relaciones de poder.
