El 2020 ha sorprendido literalmente a todo el mundo. En primer lugar, iniciamos el año con el peligro de una tercera guerra mundial, a causa de la muerte de Qasem Soleimani por parte de los Estados Unidos de América, el cual buscaba disuadir los supuestos planes terroristas que tenía este general hacia los EE.UU. Lo anterior elevó la tensión entre los aliados de cada país y más por el hecho de que Irán derribó un avión ucraniano que dejó 176 muertos a causa de un aparente error. Seguidamente Australia vivió la peor catástrofe de su historia al tener incendios forestales en más de 5.8 millones de hectáreas de bosque, reflejando el calentamiento global que ha venido en aumento, así como la sequía acumulada de los últimos años. Ahora, en caso opuesto, Indonesia sufrió lluvias torrenciales que causaron inundaciones severas, afectando a más de 100.000 personas, las cuales tuvieron que ser desplazadas de sus hogares para evitar una tragedia mayor (Flores, 2020).
Sin embargo, un hecho histórico que seguramente marcará para siempre al mundo será la pandemia por el coronavirus, también llamado SARS-COV-2 o COVID-19, el cual ha cobrado hasta el día de hoy la vida de 933.000 personas y ha dejado más de 29.5 millones de casos confirmados, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020). Esto ha provocado una crisis a nivel mundial, ya que cada país tuvo que tomar medidas preventivas y/o correctivas con el fin de disminuir su impacto en cada uno de sus territorios. Entre esas medidas la que más resalta ha sido la imposición por parte de los gobiernos de una cuarentena obligatoria, que implicó el cierre de fronteras, aeropuertos, terminales terrestres y marítimos, así como la suspensión de actividades comerciales y/o de servicios, sobre todo en aquellas que implicaban tener un acercamiento y/o contacto físico, como en el caso de los bares, restaurantes, colegios, universidades, peluquerías, empresas manufactureras, entre otras.
Dicha medida reflejó algo inevitable, la desigualdad económica y la falta de preparación de los países en vía de desarrollo para enfrentar una crisis sanitaria de tal magnitud que terminó impactando social, política y económicamente, como en el caso de Colombia, donde según Zamora (2020) el país podría tener un retroceso hasta en 20 años en materia de pobreza y desigualdad que se traduce en tener al 38% de la población inmersa en la pobreza, esto significa que 19 millones de personas estarán en dicha condición dando a entender que el alto nivel de pobreza en Colombia se debe en gran medida a las políticas económicas que ha aplicado el gobierno.
Y es que en Colombia según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane, 2015) una persona se considera pobre de acuerdo a dos tipos de medición complementarias, en primer lugar el indicador de pobreza monetaria que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definidos como necesarios para cubrir las necesidades básicas y en segundo lugar el índice de pobreza multidimensional (IPM) que evalúa las privaciones en 5 dimensiones básicas de bienestar, distintas a la carencia de ingresos (I. condiciones educativas del hogar; II. condiciones de la niñez y juventud; III. Trabajo; IV. Salud y V. Servicios públicos domiciliarios y vivienda).
Si bien ambos indicadores buscan medir el nivel real de pobreza de la población, los dos lo hacen desde distintas perspectivas y por ende permiten orientar acciones diferentes de políticas públicas con el fin de reducir su impacto en la población.
Por un lado, el indicador de pobreza monetaria ha sido enfrentado a través de políticas que permitan un crecimiento económico en el país, así como acceso a empleos de calidad y el acondicionamiento de una infraestructura adecuada para mejorar en términos económicos y de movilidad. Sin embargo, uno de los mayores errores de la política económica de los últimos años fue despilfarrar la bonanza energético-minero y haber hundido al país en la ‘enfermedad holandesa’, que en otras palabras es cuando un país obtiene una cantidad masiva de recursos económicos del exterior, perdiendo competitividad en este caso en los temas de agricultura e industria nacional como resultado del abaratamiento de las importaciones (González, 2018).
De acuerdo a lo anterior y aunado a la revaluación del peso, durante al menos 10 años, Colombia aumentó sus importaciones de alimentos básicos donde pasó de un millón a 12 millones de toneladas anuales destruyendo poco a poco la producción agroindustrial nacional, una vez ese efecto pasó, vino la caída nacional por la devaluación del peso y en consecuencia encareció los productos importados, donde los precios aumentaron a tal grado que superaron la inflación y golpearon especialmente a las personas más pobres ya que los productos de la canasta familiar fueron directamente afectados según Guevara (2019), aumentando al menos en un 2% el índice de pobreza monetaria entre 2018 y 2019.
Con el fin de mitigar el impacto de la devaluación, el gobierno colombiano ha venido presionando para tramitar reformas pensional y laboral, que den confianza a los inversionistas extranjeros con el fin de poder obtener recursos que permitan barajar de nuevo la economía local. No obstante, las reformas, según González (2019), siempre sacrifican los derechos sociales y los del trabajador con el objetivo de incentivar a los inversionistas, y es allí donde chocan y afectan con el índice de pobreza multidimensional (IPM), ya que, al tratarse de un indicador de bienestar, los canales directos de mitigación se deben enfocar en inversiones y gasto público social orientado a resultados en temas de educación, salud, vivienda y seguridad social.
Entre el 2016 y 2019 las privaciones del IPM que más aumentaron en el país fueron las respectivas a las de vivienda, en particular el hecho de que aún existe una inadecuada eliminación de excretas y que casi la mitad de los municipios en Colombia, todavía no tienen acceso a agua potable, de igual manera, aun se tiene un 9.3% de la población con analfabetismo, así como un rezago escolar del 25.8%, además el 20.2 % se encuentra desempleado sin contar con que el 11.3% de los ciudadanos no tienen aseguramiento en salud según el último comunicado de prensa del Dane (2020).
Una de las críticas más fuerte que ha tenido el gobierno en los últimos meses, se debe al manejo inadecuado en cuanto al tema migratorio respecto al ingreso masivo de personas de nacionalidad venezolana, ya que debido a eso el índice de desempleo aumentó, se evidenció que muchos empleadores y sobre todo del sector informal, prefirieron contratar mano de obra venezolana por el hecho de ser más barata y sobre todo por la falta de formalidad en el tema de contratación, liberando de cargas fiscales y laborales al empleador, así esto implicará una violación directa al código sustantivo del trabajo causando consecuencias directas sobre los índices de pobreza del país que deja sin empleo a un gran número de personas y de la misma forma afecta los ingresos por concepto de salud, seguridad social e impuestos al país.
Ahora con el tema del COVID-19, el panorama no pinta nada alentador, ya que con la suspensión las actividades educativas presenciales, la destrucción de empleo formal y la desaparición de muchos empleos informales, la incidencia directamente en el aseguramiento en salud y los altos niveles de desempleo el IPM será uno de los indicadores más afectados, y a pesar que el gobierno con su respuesta gubernamental a través del lanzamiento de un paquete de ayudas dispersó recursos con programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario y la Devolución del IVA, ayudó aproximadamente al 15% de la población con el fin de evitar un choque económico más severo y protegerlos de un deterioro en sus condiciones de vida por falta de ingresos, el país no tendrá recursos infinitos para poder suplir ese vacío que dejaron las medidas tomadas por la pandemia que al día de hoy redujo el PIB en un 15.7% afectando los índices de pobreza más adelante (Galvis, 2020).
Finalmente, se hace necesario que de aquí en adelante el gobierno nacional, por medio de los gobiernos locales, establezca planes de acción acordes a la región, ciudad y/o municipio con el fin de mitigar específicamente aquellas dimensiones que afecta en mayor volumen a su población en condición de pobreza, y todo esto acorde a políticas públicas que se ajusten a las necesidades reales pero también a los recursos disponibles.
Referencias
Organización Mundial de la Salud. (13 de septiembre del 2020). Actualización epidemiológica semanal.
