Es increíble cuán negligentes pueden ser las autoridades en materia ambiental en casos que saltan a la vista de muchos y ante los cuales ellas parecen ser las últimas en enterarse para hacer cumplir la ley y remediar el problema a la brevedad.
Esto ocurre con el caño que baja por la Calle 153 (en Usaquén, en el norte de Bogotá), que por las aguas negras irresponsablemente vertidas en él de la Carrera Novena hacia abajo se ha vuelto una pestilencia constante y un foco de infección para los vecinos del sector.
Entre los Cerros Orientales y la Carrera Novena, el agua baja relativamente limpia, pero el problema empieza a partir de esta avenida, de donde el agua baja ya sumamente contaminada.
Basta recordar que la Resolución 631 del 2015 fija los parámetros y valores máximos permisibles que deben cumplir los vertimientos de aguas residuales antes de descargarlos a cuerpos de aguas superficiales, que en este caso por supuesto no se cumplen.
O por ejemplo, el numeral 10 del artículo 24 del Decreto 3930 del 2010 prohíbe explícitamente vertimientos “que ocasionen altos riesgos para la salud”.
En materia de multas y sanciones aplicables, el Decreto 2667 del 2012 fija tasas retributivas por la contaminación aún presente en vertimientos al agua, mientras que la Ley 1333 del 2009 y el Decreto 3678 del 2010 fijan las multas ambientales aplicables, que pueden ser por hasta 5000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o el cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
Pero todas estas normas las autoridades “competentes” las pasan por alto, en detrimento del derecho a la salud y el bienestar de los vecinos afectados.
Al consultar, por medio de su oficina de prensa, a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB) sobre el caso, informaron que hay en marcha un Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos mediante un contrato de “Identificación, diseño y corrección de las conexiones erradas (en los) canales Córdoba, Callejas, Contador y Torca” con el fin de suprimir los vertimientos al canal Cedro causantes de la contaminación y los malos olores.
También revelaron que el caso es materia de investigación, razón por la cual se hará la inspección de las redes del sector para determinar las causas de la contaminación en el canal Cedro.
Pero al día de hoy no se ve una solución del problema, que persiste, y los vecinos del sector siguen padeciendo los malos olores que el caño desprende todo el tiempo.
A ver si las autoridades “competentes” ya toman más seria y prontamente cartas en el asunto, pues un principio básico de buen gobierno es que el interés público debe primar sobre los privilegios de unos pocos, que en este caso son los irresponsables que están produciendo esos vertimientos en detrimento del derecho a la salud de los vecinos del sector.
