No sale el país del asombro por cuenta de la sala de interceptaciones de Andrómeda, por los hechos y, creo fundadamente, por la reacción del Gobierno, cuando se pasa a otro escándalo, ahora en la contratación del Ejército. Sin duda, es nuestra postura de siempre, el resalto a la salud de la fuerza en sus miembros y, sobre manera en sus soldados. Pero el punto de reflexión no es la Fuerza, sino cómo algunos de sus miembros han actuado, ahora, en temas de contratación.
Desde la puesta en ejecución del Plan Colombia, los esfuerzos económicos internos y de convocatoria internacional, en especial con Estados Unidos de América, son del todo resaltables. Una fuerza organizada, digna y, sobremanera poderosa. Ingentes recursos se requerían, torrentes de ellos están en ejecución o han sido puestos al servicio del país y de su seguridad. Ello era necesario, sin duda.
Pero, al parecer, lo que era punto de tranquilidad, de equidistancia en la fuerza del Estado y, que desplazó en argumentación, en realidad a otras necesidades sentidas como la salud, la educación, ahora pasa a ser punto de reflexión por cuenta de la ejecución de los recursos que, siendo necesarios, se convirtió en caja menor de depredadores del erario público. Qué impactante, qué dolor de patria: los recursos de la seguridad del Estado en la apropiación indebida e injusta, con el país, la institución, los soldados.
Sorprende que como en la literatura de Camus[1], era tanto, tan evidente el fenómeno que ‘(...) un hombre muerto solamente tiene peso cuando se le ha visto muerto; cien millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación. (…) habría que poner algunas caras conocidas por encima de ese amontonamiento humano. Pero, naturalmente, esto es imposible de realizar y, además, ¿quién conoce diez mil caras? (...)’; es decir, era tan evidente, tan vistoso, tan inocultable que nadie veía, encontraba u observaba. En paráfrasis: ¿quién conoce diez mil actos de corrupción? Impensable.
Quisiéramos que solo fuera literatura o ficción. Sin embargo, aun cuando el Estado no estaba estructurado o el Estado no hacía presencia ya sucedía en Roma, la gran potencia militar y, de pensamiento, no escapó a los ‘amigos’ del poder: ‘(…), cada uno de los cuales se creía con derecho a exprimir a la población a nombre de aquél y a volver a Roma convertido en un potentado.(…) tenían organizado el saqueo de las poblaciones provinciales de un modo profesional y sistemático: los miembros más virtuosos de ella procuraban quedarse con todo lo que podían sin preocuparse para nada de las formas; sabían que tendrían que repartir el botín con jurados y gentes de leyes y que cuando más robasen con mayor impunidad lo hacían. (…) y si alguien por raro milagro era condenado, se jactaba de las grandes sumas cuyo saqueo le había sido probado.”[2]
La paz, se dice, está rondando; ¿cómo explicar este aleve atentado? ¿Cómo legitimar un posconflicto, en donde el garante se ve envuelto en tamaño despropósito? ¿Cómo justificar que exista una transición en donde el perpetrador se encuentra en el centro de la ejecución de recursos necesarios, hasta para la misma transición? En fin, la lección es muy difícil de asimilar; pero se debe hacer y, con contundencia. La sociedad exige no titulares, sino decisiones ejemplarizantes.
Y… ¿qué pensar, en transición, cuando desde el más alto designio militar se aconseja y propicia atentar contra la justicia, en palabras de creación de una mafia contra la judicatura? Judicatura que ha de ser resguardada, no solo por su función y ejercicio social de protección de la democracia, sino por el hecho de que todo, todo en la transición pasa por la justicia.
Y, ahora, que no resulte que el terrorista es el medio de comunicación que pone de presente la irregularidad. La función de la prensa es esa y, gracias a ella se han logrado develar horrendos hechos. No. La responsabilidad es de quienes cometen los hechos indebidos, no de quien con valor los pone en conocimiento de la sociedad. Ni más faltaba.
