En el correr de los años el Estado se ha equivocado en su política de pesca; pero esto no solo en este sector socioeconómico sino en varios. De manera global en otros países también, cuando se adoptó el Desarrollo Sostenible con sus objetivos, pues se le dijo al mundo que se tenía que buscar no solo un crecimiento económico, sino también una disminución de las desigualdades sociales y que además deberían ser responsables con el medio ambiente y con nuestro planeta. Es decir, toda Política Pública debe ir enfocada para un Desarrollo Sostenible.
Cronológicamente la pesca en Buenaventura y el Pacífico ha tenido sus afectaciones que han repercutido en la generación de empleo pasando de los años 70 de 35.000 empleos a 3.000 en la actualidad (pescadores, platoneras, piangueras, ahumadoras, comercializadores, cocineras ) en toda su cadena productiva, que repercuten en la economía local del principal puerto sobre el Pacífico.
También las regulaciones han cambiado del “timbo al tambo”, desde el Instituto Nacional de Pesca, luego pasó al INCODER y al ICA. Hoy, corresponde a la Autoridad Nacional Pesquera, AUNAP, en clara inestabilidad jurídica.
Estos Pescadores Artesanales también soportaron el auge de la Pesca “llamada Industrial” cuando se tenía a Copescol, Arpecol y Bahía Cupica y otras tantas; que también sufrieron los coletazos de las Políticas de Pesca hasta lograr su reducción y a tener solo dos comercializadoras.
Luego la satanización del Narcotráfico, muchas empresas contaminadas, lanchas y barcos se prestaron para esta economía ilegal, donde no era importante el valor del combustible puesto que su participación no era significativa para los costos del narcotráfico, en cambio, para una faena de pesca si afecta y está en el 60% de sus costos de producción.
La Pesca Artesanal como actividad económica de sustento es un arte, que se rige y obedece a unos saberes ancestrales, pero siempre con la incertidumbre de la captura de pesca, es decir se puede pescar algo o nada. Y en este contexto no solo hace parte de su economía, sino de su sustento.
Ya la Corte Constitucional se ha manifestado así: según las Sentencias T-348 de 2012, T-605 de 2015 y T-622 de 2016: “(L)a soberanía alimentaria, comprende, no solo la libre potestad de los Estados y los pueblos de determinar sus procesos de producción de alimentos; también implica que esos procesos de producción garanticen el respeto y la preservación de las comunidades de producción artesanales y de pequeña escala, acorde con sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos y pesqueros”.
Donde tiene garantía superior de respaldo constitucional en los artículos 64, 65, 66, 67 y 81 CP; puntualmente, de acuerdo con el artículo 65 “La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales (…)”.
Ahora bien, desde el año 2020 nos hemos opuesto al Decreto 281 del 2021, inicialmente con oposición antes de ser promulgado en el espacio de “participación ciudadana”, con sendos documentos donde se pedía que se contara con las comunidades, pues este afectaba su sustento alimenticio, dicha oposición no fue tenida en cuenta y el Decreto fue sancionado en el año 2021.
Este Decreto que no ha sido equilibrado, además, en el marco del Desarrollo Sostenible, puesto que criminaliza una actividad legal en su incidentalidad (error) dejando a los pescadores artesanales como delincuentes, pues la probabilidad de pescar un TOYO es importante, debido a que pertenece a la parte superior de la cadena trófica.
Los pescadores recurrieron a la movilización social como método válido, para incidir en la agenda de gobierno en su necesidad y sentir, pero no fueron escuchados.
Como Presidente de FedePacífico de Asambleas y Diputados del Pacífico, solicite y realizamos audiencia Pública al Presidente de la Comisión V de senado, el Senador Guillermo García Realpe, en Buenaventura, con la participación del Ministerio de Agricultura, Ambiente y Cultura. Como resultado unas mesas técnicas que permitieran esa coexistencia con el medio ambiente y se salvaguardaran los derechos económicos productivos de las Comunidades, se planteó el Patrimonio Cultural, como sucede con el Cangrejo Negro en San Andrés y Bolívar, sin embargo, no hubo voluntad para con los Pescadores Artesanales.
Recuerdo una frase de Juana Rivas que nos dan un contexto “No se puede pretender que los peces se mueran de viejos y nosotros de hambre” y también se contó con el aporte científico del Ingeniero de Pesca Jorge Paramo Mg, PhD., toda una autoridad Mundial entre otros temas en Pesca Artesanal, ambos de Buenaventura.
Con el cambio de Gobierno, la AUNAP presenta una mejora regulatoria con la Resolución 0119 de 2024 que regula la soberanía alimentaria de las comunidades y pobladores sin criminalizar sus prácticas ancestrales y a la vez se regula la captura incidental y comercialización de once especies de TOYO para que los oficios ancestrales del Pacífico y la subsistencia de las comunidades no desaparezcan, a hoy en el Pacífico son cerca de 65 mil familias que están inmersas en esta cadena productiva.
Ambicioso el pacto firmado en la “Asamblea popular de adopción del pacto de gobernanza comunitaria por la pesca sostenible” en Buenaventura, al cual fui invitado, entiendo que las comunidades se autorregulen siendo responsables, con su medio ambiente (por siglos lo han hecho), pues cuidar 1.200 KM a las autoridades no es posible y quien más que ellas que cuidan su entorno y hábitat; así lograran desmitificar la frase que ya se acuña “¿cuál es incidental y cuál no?”. Además, lo que les ha faltado a muchos dirigentes es Gobernanza, pues gobierna cualquiera en este país.
Seguimos con en el debate, pues para un Gobierno estará una Resolución y Decreto y para otro NO. Se debe promulgar entonces una LEY que dé una mejor ruta hacia la población de los pescadores artesanales y también una política en general hacia la pesca.
* Ingeniero, expresidente de FedePacífico y exdiputado del Valle del Cauca.
