Si los gobiernos quisieran realmente reducir el número de automóviles que circulan por nuestras vías, limitarían el ensamble y la importación de vehículos. Pero eso no va a pasar porque los dueños del negocio son un gremio fuerte que no se va a dejar sacar a las buenas y porque se necesitan muchos carros que circulen, compren lubricantes, combustibles, repuestos, paguen multas, paguen peajes de carretera y ahora urbanos; tengan revisiones técnico-mecánicas y de gases, soat, seguros, impuestos, parqueaderos y todas las demás arandelas inventadas y por inventar.
La reducción de impuestos proporcional al tiempo que se prohíba utilizar los vehículos es un mecanismo necesario para lograr que los políticos, secretarios de tránsito, de movilidad y los grupos antiautomóvil piensen y presenten opciones distintas a la cacería declarada y las restricciones como el “pico y placa”, medida de utilidad efímera, que desemboca, como se anunció hace años y se confirma todos los días, en un aumento desproporcionado de carros y motos y con ellos de trancones, contaminación, ruido y accidentalidad.
Hasta hace poco tener un carro era el sueño dorado de muchas familias colombianas, sueño que se ha convertido en pesadilla por cuenta de las múltiples trabas, cobros y obstáculos que buscan limitar su utilización –desestimular el uso del vehículo particular, lo llaman eufemísticamente- pero no su tenencia, es decir, usted puede tener todos los carros que quiera o pueda, pero no usarlos cuando quiera o necesite, una contradicción que encuentra su explicación en la cantidad de empleos directos e indirectos que genera el sector, dato importante para las estadísticas oficiales, y, desde luego, en la capacidad de presión y de lobby que tienen los importadores y ensambladores nacionales e internacionales que operan en el país.
Todos los gobiernos, nacionales, departamentales y municipales tienen en los automovilistas una fuente de ingresos fácil y asegurada. El municipio de Bucaramanga, por ejemplo, creó desde el 2012 un “impuesto al porte de placas”, diferente de los impuestos departamentales, que sirvió para que la Dirección de Tránsito bumanguesa emitiera una “orden de captura” contra 25 mil vehículos, en diciembre del 2015, un número inusitadamente alto de morosos, lo cual significa que la información al respecto fue confusa o deficiente. Obviamente si el vehículo es capturado, ya van 200, “el propietario deberá asumir además otros gastos como los valores de la grúa y del parqueadero, lo que incrementará la multa a pagar”, dicen los encargados de la sección de Ejecuciones Fiscales, que supieron dónde y a quienes notificar sobre la cacería pero guardaron silencio durante varios años, hasta que el marrano estuvo a punto. Un jugoso aguinaldo para la Dirección de Tránsito Bumanguesa, sin duda.
La sobretasa que pagamos desde hace años, 25% para la gasolina y 6% para el diésel en Bogotá, se justificó diciendo que se invertiría en el mantenimiento de la malla vial. Los huecos y hundimientos que se encuentran por todo lado son un recordatorio de que se cobra mucho y se hace poco en beneficio de los automovilistas.
Para las autoridades siempre ha sido más fácil resolver los problemas de movilidad que padecen nuestras ciudades apelando al cómodo y facilista expediente de prohibir, restringir, perseguir y encarecer el uso de los automóviles, sin proponer alternativas diferentes y creativas, como si la idea fuese crear tres problemas para cada solución y no al revés. La modificación de los horarios de colegios, de industrias y de oficinas podría reducir la congestión de las horas pico. Incentivar el teletrabajo y el teleestudio haría que menos gente tuviera que desplazarse; sincronizar correctamente los semáforos y reparar la malla vial agilizaría el tráfico; construir pasos deprimidos o elevados en las intersecciones principales reduciría los trancones, pero esos son asuntos costosos y exóticos, para los que la imaginación no les alcanza. Es más fácil y productivo “desestimular” inventando más cobros y encareciendo todo.
Tenemos una amplia colección de medidas muy bien presentadas y adornadas, barnizadas de verde brillante, justificadas y necesarias claro, como la preservación del medio ambiente, la mejoría de la movilidad, la garantía de que los vehículos que circulan están en buenas condiciones mecánicas, la recuperación de la malla vial y muchas otras que harían interminable la lista, pero que a la postre resultan ser meras banderas que se agitan para justificar buenos negocios. No existe una sola medida relacionada con la tenencia y uso de automóviles que no resulte en una abultada ganancia para alguien.
Antes del desplome de los precios del petróleo, el precio de la gasolina no se podía bajar “para proteger al usuario de las subidas de precio abruptas”. Ahora no se puede bajar, por lo menos en cantidades significativas, porque, debido al fenómeno del niño y otros factores como la millonaria multa que les impuso la SIC por la realización de prácticas comerciales deshonestas, los industriales cañeros están teniendo muchas dificultades para producir el etanol que por ley se le mezcla a las gasolinas colombianas.
Ese combustible, el “bioetanol”, produce lodos en los motores, mayores temperaturas de funcionamiento, produce 30% menos de energía que la gasolina, lo cual incrementa el consumo, es corrosivo debido a sus propiedades higroscópicas, es más costoso de producir que la gasolina y no es tan benéfico ambientalmente como afirman: al agregarle oxígeno a la mezcla, que es para lo que se usa, disminuyen de manera importante las emisiones de monóxido de carbono y de hidrocarburos no quemados, lo cual es muy bueno, pero los compuestos orgánicos volátiles, COVs, que se producen como consecuencia del aumento de la presión de vapor, reaccionan químicamente con la radiación solar incrementando significativamente la concentración de ozono troposférico, un potente oxidante asociado a enfermedades respiratorias agudas, aumentan en cantidades importantes los óxidos de nitrógeno, NOx, que tienen un potencial de efecto invernadero 300 veces (sí, 300) mayor que el bióxido de carbono y produce acetaldehído, un reconocido agente cancerígeno, lo cual es muy malo, mucho más si no se informa adecuadamente sobre esos efectos negativos ya suficientemente estudiados del etanol. La denominación de “biocombustible”, “biogasolina” y “biodiesel” sería apenas una ironía de no ser por los efectos indeseables que traen consigo. Esos combustibles no son tan ecológicos ni tan eficientes como nos los pintan, pero sí un estupendo negocio del que todos somos clientes obligados.
Para producirlos se requieren extensos cultivos de caña de azúcar, principalmente, que consumen grandes cantidades de agua: se calcula que para producir un galón de etanol se invierten 800 de agua, que en tiempos de escasez como el actual son demasiados; necesitan grandes cantidades de fertilizantes y plaguicidas que terminan contaminando las aguas subterráneas, los ríos y el mar, finalmente, con toda su secuela de devastación, enfermedades y escasez de peces. Producirlos requiere una inversión de energía mayor que la que retorna, por lo que su verdadera utilidad hay que buscarla en otro lado.
El de la palma africana, cuyo aceite se mezcla al diésel, es un caso más grave aún: hay serias acusaciones contra los cultivadores de palma por despojo de tierras y desplazamiento de campesinos en varios lugares del país, como en Curvaradó y Jiguamiandó, pueblos chocoanos que fueron escenarios de brutales embestidas paramilitares para apoderarse de las tierras que necesitaban para sus cultivos, crímenes ya suficientemente demostrados por la justicia. Son varios los fallos que han ordenado la devolución de estas tierras a sus legítimos dueños, que no se han cumplido. Los palmeros siguen allí mientras 23 comunidades rurales esperan la restitución de sus tierras.
El precio de la revisión técnico-mecánica, una medida bien intencionada que pretende garantizar el buen estado mecánico de los carros que transitan por el país, cosa que no siempre logran a juzgar por el elevado número de accidentes atribuidos a “fallas mecánicas”, subió a partir de enero del 2016: además del pago por las tarifas de revisión y del RUNT, la Superintendencia de Transporte prepara un nuevo cobro, esta vez por el Sistema de Control y Vigilancia, SICOV, para los 366 Centros de Diagnóstico Automotor CDAs, que hay en el país, negocio que le costará a los contribuyentes automovilistas 200 mil millones de pesos al año.
Las multas automáticas son un atraco que se debe desmontar ya. No es posible que quienes tengan un vehículo inmovilizado, bien sea por orden judicial, por daños mecánicos, por falta de dinero para ponerlo a funcionar o por cualquiera otra razón, sea multado “automáticamente”. La sanción debe ser para quienes circulen sin cumplir ese requisito, de otra forma es como meterle la mano al bolsillo al contribuyente inerme e indefenso frente a la voracidad de quienes solo ven en los automovilistas la “money pulpita y un cajero automático”, según nos lo informó recientemente un alto mando de la policía, ya destituido con gran alharaca, como si fuera el único que actúa de esa manera.
Ese oficial, el destituido Comandante de Tránsito de Cundinamarca, coronel Otaín Rodríguez, asegura, con mucha razón, que la Dirección de Tránsito y Transporte es un negocio tan bueno que están “trabajando calladitos” para quedarse con el en todo el país, sacando a los azules.
Los puestos de control de emisiones que montan todos los días son solo la confirmación de que la famosa revisión técnico-mecánica no funciona como debiera, que el dinero que cobran por revisar un automóvil es, muchas veces, un despilfarro. Todos sabemos que el mayor porcentaje de partículas contaminantes es producido por el transporte público que utiliza diésel, no por los automóviles, sin embargo son estos el objetivo de los tales puestos. O sobra la revisión o sobran los puestos de control. Y le falta a los automovilistas conciencia sobre la necesidad de mantener sincronizados y en buen estado los vehículos.
Colombia debe ser el único y feliz país del mundo en el que los carros se valorizan con el paso de los años. El Ministerio de Transporte aumentó de 3000 a 8357 referencias, lo cual permite “establecer con mayor precisión la base gravable real”, es decir, acaban de inventarse un modo de cobrarle más por poseer el mismo automóvil. Todo legal, desde luego.
Los parqueaderos son otro asalto al bolsillo de los infelices poseedores de un automóvil, legalizado mediante decreto firmado hace años por el entonces alcalde de Bogotá, para quien ni siquiera la orden perentoria que dió el Tribunal Administrativo ha sido suficiente para que habilite las bahías de parqueo, cerradas de un plumazo pero que para su reapertura requieren de un larguísimo proceso de inventario, pintura, retiro de señales de prohibido parquear, determinación del tipo de cerramiento, demarcación de espacios de parqueo, identificación de cupos para personas con discapacidad, instalación de las señales que autorizan el estacionamiento y otras maravillas de la planeación, lo cual le garantiza a los señores de los parqueaderos unos cuantos años más de abusos y de jugosas utilidades.
Los patios y las grúas son una verdadera aberración. En su prisa por llevarse los carros los enganchan de cualquier manera, lo cual les ocasiona costosos daños por los que nadie responde. Es frecuente verlos detenerse una o dos cuadras más adelante a asegurar los carros mal enganchados, muchas veces sin la presencia de los agentes de tránsito que ordena la ley. La única opción que le queda al automovilista es el uso de los parqueaderos o no llevar carro a lugares donde no pueda parquear. Es un asunto de disciplina y de no dar papaya.
El cupo de la grúa consiste, generalmente, en un vehículo que llevan en la plataforma, otro que va colgado y una moto. Sobra decir que a cada uno le cobran como si su vehículo fuera el único transportado. Negocio redondo en el que participan agentes de tránsito, una tripulación que opera en segundos, como si se estuvieran robando el carro, y los dueños de las grúas, que son los mismos operadores de los patios. La estructura de las grúas debe ser revisada ya que son una trampa mortal en caso de choque por detrás debido a que la plataforma actúa como guillotina.
A pesar de haber sido ordenado hace años, el aumento de los límites de velocidad es un capricho de cada alcalde, por lo que es común ver a los agentes, tanto de la policía de carreteras en todo el país como los de tránsito en Bogotá, escondidos, cazando radar en mano a cuanto automovilista les dé la oportunidad. Money pulpita. Una verdadera fábrica de comparendos en la que las autoridades aportan la mano de obra los conos y los radares, y los automovilistas el capital, pero sin recibir ninguna utilidad. Lo de la doble línea amarilla y la imposibilidad de adelantar en los únicos sitios donde es prudente hacerlo bien podría hacer parte de una antología del absurdo.
Tienen toda la razón en cuanto a que un modelo de transporte basado en el automóvil particular es ineficiente y costoso en términos de externalidades; es necesario aprender a utilizar los carros de manera racional y limitar su utilización, pero no se debe convertir al automovilista en un cuasi delincuente a quien se debe exprimir y perseguir por el solo hecho de serlo. El desestimulo al uso del carro particular debe darse solo después de ofrecerle al ciudadano un sistema de transporte público digno, eficiente y a un precio razonable, no antes.
Es necesario pensar en soluciones, no en crear más problemas o en engrosar las arcas públicas –y algunas particulares- abusando de su investidura como autoridades de tránsito. Esta no es una defensa del automovilista imprudente e irresponsable, que conduce después de beber, que parquea mal o es intolerante, que no mantiene su vehículo en óptimo estado mecánico, sino una radiografía de las calamidades a que se expone quien posee y utiliza su vehículo para trabajar, por seguridad o comodidad y que paga cumplidamente los costosos impuestos a cambio de casi nada y que no es rico por tener un carro que paga a cuotas y con mucho esfuerzo. No olviden que son muchas las familias que viven del trabajo que generan los automovilistas: mecánicos, estaciones de servicio, electricistas, vendedores de repuestos, lavadores, cuidadores, etc.
