La persecución a los Mora, dueños de Supercundi, otra infamia del Fiscal Martínez

El Fiscal Néstor Humberto Martínez no solo fue infame en su intención de atravesársele al Acuerdo de paz, sino en el manejo de casos concretos como el montaje que le realizó a la familia Mora Urrea, propietaria de los supermercados Supercundi, que además no es el único. En su afán de afectarlos, no vaciló en violar abierta y reiteradamente la ley. He aquí el caso.

El Acuerdo Final de Paz, elevado a norma constitucional por el Acto Legislativo 01 de 2017, algo que sus enemigos, incluido el Presidente Duque, suelen ignorar olímpicamente, se refirió específicamente a la reparación a las víctimas. En desarrollo de lo previsto por él, fue expedido el Decreto 903 del 29 de mayo de 2017, que ordenó a la extinta guerrilla de las FARC-EP, la elaboración y entrega de un listado de bienes y activos para fines de reparación de las víctimas.

El Fiscal Martínez exigió entonces que los bienes que eventualmente no fueran reportados por las FARC y resultaran descubiertos como de ellas, debían ser sometidos a proceso de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional le dio la razón, pero con la condición de que sólo podría hablarse de bienes no enlistados por las FARC, cuando se hubieran cumplido todos los trámites de entrega de los bienes reportados por ellas al gobierno nacional. Esto último en cumplimiento de ordenado por la sentencia C-071 de 2018.

Mientras no se hubiera cumplido este trámite, la Fiscalía no podía iniciar procesos de extinción de dominio sobre bienes que presumiera como de las FARC, y así lo reconoció expresamente el Fiscal Martínez al gobierno nacional en carta de fecha 22 de agosto de 2017, dirigida al ministro del interior de entonces, Guillermo Rivera: “[…] en cualquier caso para los fines de la competencia de la fiscalía, es imperativo que se identifiquen cabalmente los activos. […]”.

Esa identificación cabal sólo podía ser determinada en el inventario de entrega al gobierno nacional, como lo definió finalmente el decreto 1080 de 2020, que entre otras cosas fijó la fecha de 31 de diciembre de este año como el plazo para su presentación.

Sin embargo el Fiscal Néstor Humberto Martínez, con dolo evidente, apenas naciendo el Acuerdo Final de Paz, tejió toda una trama fundada en la calumnia, con el fin de iniciar procesos de extinción de dominio contra supuestos bienes de las FARC. Sabía muy bien lo que hacía, con el propósito claro de generar un ambiente mediático y social contrario a las FARC, que las expusiera como incumplidoras del Acuerdo y les generara consecuencias fatales.

Que el gobierno de Juan Manuel Santos adelantaba con las FARC conversaciones de paz, era un hecho de conocimiento público desde el año 2012. Todavía más, nadie ignoraba que producto de tales conversaciones se había firmado una Acuerdo de Paz el 26 de septiembre de 2016 en La Habana, que había sido negado por el plebiscito del 2 de octubre, dando origen a múltiples reuniones de los negociadores con los sectores que habían impulsado el No.

La prensa nacional e internacional dio cuenta de cómo entre los días 5 de octubre y 2 de noviembre de 2016 se celebraron esas reuniones, en las que se insertaron en el Acuerdo las modificaciones sugeridas por sus opositores. El día 12 noviembre se anunció que saldadas las diferencias presentadas, se redactaría un nuevo texto, que llevó el nombre de Acuerdo Final de Paz. Este último se suscribió formalmente en el Teatro Colón el 24 de noviembre siguiente.

El Fiscal Martínez, no obstante, emitió en esos momentos, el día 8 de noviembre, la resolución número 03715 de 2016, “Por medio de la cual se adopta un Plan de Trabajo para la persecución de Activos ilícitos de los grupos armados al margen de la ley, y se conforman grupos de trabajo”.

La norma determinaba las directrices que debían ejecutar los funcionarios de la Dirección Nacional de Extinción del Derecho de Dominio y los investigadores que prestan sus servicios a tal dirección dentro del Cuerpo Técnico de Investigación, para recaudar fuentes de información, supuestamente lícitas, realizar análisis, informes, construcción de iniciativas investigativas y la identificación de casos que, pudiesen ofrecer “VICTORIAS TEMPRANAS” en la consecución de activos ilícitos.

Con ese objetivo estableció un plan de trabajo que contemplaba diferentes actividades tendientes a identificar activos de los grupos armados al margen de la Ley que delinquen en Colombia, así como los de sus miembros y colaboradores, para lo cual, adoptó criterios que les permiten concentrar recursos disponibles, utilizando investigaciones económico-financieras para adelantar acciones de extinción de dominio (FGN-Resolución 03715 de 2016).

La verdadera intención que animaba al Fiscal Martínez queda revelada de manera nítida, cuando al describir las funciones de uno de los grupos fantasmas que creó dicha resolución, el llamado Grupo de Trabajo de análisis y construcción de iniciativas investigativas, la resolución le señala dentro de sus actividades: “5. Elaborar los informes sobre fuentes de financiación de las FARC-EP, cadena de valor del narcotráfico y activos de las FARC”.

Si el plan se dirigía a perseguir los activos ilícitos de los grupos armados al margen de la ley, mal podía referirse expresamente a la organización que adelantaba conversaciones de paz con el gobierno nacional y que en esos mismos momentos firmaba un Acuerdo Final de Paz, en que se comprometía a dejar las armas, convertirse en un partido político y asumir íntegramente la legalidad. Tal vez debería haber mencionado al Clan del Golfo o al ELN, pero jamás lo hizo.

Es evidente que para el Fiscal Martínez, como lo demuestra la resolución 03715 de 2016, las FARC, pese a la firma del Acuerdo de Paz, a su desarme y reincorporación, así como a su conversión en partido político legal, nunca dejó de ser una organización armada ilegal, con lo cual el Fiscal, alto funcionario del Estado, burló el artículo 3 de la Convención de Ginebra, que confiere un tratamiento especial a los grupos que celebran acuerdos de paz y abandonan definitivamente la guerra.

Néstor Humberto Martínez buscaba atravesársele al Acuerdo de Paz, para lo cual no repararía en ninguna limitación constitucional, legal o administrativa. En el papel, de acuerdo con la resolución citada, el plan de trabajo se cumpliría con un organigrama preciso. Su principal órgano de articulación sería una Mesa de Priorización y Solución de Problemas (Artículo 3º), especie de cerebro del que se desprenderían todas las actividades y tareas.

La conformarían el director de Articulación de las Fiscalías Nacionales Especializadas, quien la presidiría en ausencia del Fiscal General de la Nación, el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el Superintendente de Notariado y Registro, un representante de la Policía Nacional y otro de las Fuerzas Militares. De acuerdo con el artículo 4 de la resolución, sus funciones eran las de dirigir y ordenar todas las actividades del plan a desarrollar.

Dicha Mesa de Priorización contaría con una Mesa Técnica, un Supervisor y un Coordinador, encargados de que todo funcionara como un reloj. De entrada cabe señalar que la tal Mesa de Priorización jamás existió. Al menos el Superintendente de Notariado y Registro y los representantes de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares jamás hicieron parte de ella, es decir la mayoría de sus integrantes según la resolución. Y sin ella no podía haber funcionado nada.

Sin la cabeza no pueden moverse manos y pies, pero Néstor Humberto Martínez lo hizo posible. Con gravísimas irregularidades también. La Mesa de Priorización se encargaría de asignar sus tareas a los siguientes grupos de trabajo: Grupo de trabajo de recolección y sistematización de la información (artículo 11), que contaría con un Fiscal de apoyo para las autorizaciones que se requirieran, Grupo de trabajo de análisis y construcción de iniciativas investigativas (artículo 13), y el Grupo de Trabajo para la Investigación y Judialización (artículo 15).

El primero de estos grupos, el de recolección y sistematización de información, le debería entregar al segundo de ellos, el de análisis y construcción de iniciativas investigativas, los resultados de su trabajo, derivado de las indicaciones de la Mesa de Priorización, que como su nombre indica, le señalaría los casos prioritarios en que debería trabajar. Así las cosas terminarían pasando al tercer grupo el de investigación y Judialización.

El primero de estos grupos, según el artículo 11, estaría conformado por 300 personas. El Ejército Nacional y la Policía Nacional designarían cada uno 100 de ellas. La Fiscalía pondría las otras 100. Existen sendas certificaciones de la dirección nacional de la Policía y el Comando General del Ejército, según las cuales sus hombres jamás hicieron parte de este grupo. Entre otras cosas porque el Fiscal no podía darles órdenes a ellos para designar personal de sus instituciones.

Como quién dice, no hubo Mesa de Priorización, ni existió el grupo que se encargaría de recolectar la información y sistematizarla. Eso no fue obstáculo para que el Fiscal Martínez inventara un resultado final, como veremos más adelante, ni para que lo presentara a los medios, en comunicados y declaraciones públicas, valiéndose de la entonces Directora de la Unidad Especializada de Extinción del Derecho del Dominio, Dra. Andrea del Pilar Malagón Medina, el día 19 de febrero de 2018, tras la captura de los hermanos Mora Urrea:

“Luego de varios meses de investigación y de un exhaustivo trabajo de campo, para el que fue fundamental la colaboración del ejército nacional, la fiscalía General de la nación logró dos certeros golpes contra los testaferros de la antigua guerrilla de las FARC. La detención de tres de los cuatro hermanos MORA URREA y la extinción del derecho de dominio sobre los bienes de la familia CHAUX GONZALEZ, presuntos testaferros de alias el NEGRO ACACIO. La Fiscalía General de la nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio, sobre bienes cuyo valor es cercano a los SEISCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS, entre los que se encuentran una cadena de supermercados populares y casas de recreo en los llanos orientales de Colombia, semovientes y sociedades comerciales en veintitrés municipios de seis departamentos colombianos. La primera operación hace referencia a los “jinetes del ahorro”. Gracias a los testimonios de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC, la fiscalía general de la nación en compañía de la quinta división del ejército adelantó una investigación que permitió identificar una red de testaferros de dicha organización que se remonta en sus orígenes a la zona de distención (sic) del Caguán. En el centro de esta red, se identificaron a los propietarios de una cadena de supermercados, la denominada SUPERCUNDI, MERKANDREA Y MERKAFUSA, que suman sesenta locales comerciales en Bogotá Cundinamarca….”.

En el caso de los hermanos Mora Urrea, las familias Chaux González y Mauricio Parra, el Fiscal se valió de esa creación maléfica, la resolución 03715 del 8 de noviembre de 2016. Amparado en ella, se encargaría de que fichas suyas, de toda su confianza, se prestaran para enlodar el prestigio personal y social de gente inocente, cubriendo con cierto aire de legalidad investigativa, lo que en realidad eran suposiciones y ataduras malintencionadas de cabos sueltos.

La misma resolución, a sabiendas de que no era más que una pantalla sin contenido real y con resultados producto de una suma de acciones ilícitas, fue presentada ante la JEP por la Fiscalía General de la Nación, en el informe Rentas criminales de las desmovilizadas FARC, 2019, para fundamentar los supuestos descubrimientos de verdaderos bienes y activos de las FARC.

Según la Fiscalía, esta había puesto en marcha una estrategia investigativa desde 2016, mediante un grupo de 300 investigadores, apoyados de peritos contables y fiscales con los que había consolidado una base de quince mil (15.000) entrevistas, doscientas ochenta y seis (286) inspecciones y había analizado más de trece millones de archivos (13’000.000) encontrados en dispositivos electrónicos incautados a los entonces cabecillas de las FARC, unificando la información recogida por distintas instancias de la Fiscalía.

Martínez inventó la mentira y se propuso repetirla mil veces, en todos los escenarios posibles, movido por su  obsesión enfermiza contra las FARC y el Acuerdo de Paz.

Su primer as bajo la manga consistió en hacer que durante sus vacaciones, el Fiscal encargado Fabio Espitia Garzón, modificara su primera resolución, recomponiendo los grupos iniciales con personal exclusivo de la Fiscalía y refundiendo sus primeras funciones.

Con eso intentaba cubrir la ausencia de los integrantes de los grupos según la primera resolución, lo cual terminó por concluirse con la resolución 02324 del 22 de junio de 2017 que unificó los anteriores grupos de recolección y análisis. Pero con un grave inconveniente, las supuestas acciones de los primeros grupos ya habían recaudado material probatorio, quizás cómo. Y sin orden de la Mesa de Priorización, el cerebro ordenador que jamás existió.

Todo ese material probatorio estaba viciado por tanto de nulidad absoluta. Y el Fiscal, pese a sus intentos por disimularlo, lo sabía muy bien. Igual sucede con el proceso abierto para la extinción de los bienes de la familia Mora Urrea, así como las acusaciones que se les hicieron como testaferros y lavadores de bienes de las FARC. Al examinar con detenimiento los procedimientos y pruebas se concluye fácilmente que se trató de un montaje para mostrar supuestas victorias tempranas.

La historia se remonta al año 1999, cuando fue secuestrado el señor Luis Alirio Mora Urrea por las FARC en el momento en que se movilizaba entre Villeta y Facatativá, en Cundinamarca. El señor Mora fue liberado, tras pagar la suma exigida, el 12 de junio del mismo año. Tal y como aparece en el expediente, durante el período de su secuestro resultó herido con arma de fuego. El ilícito fue denunciado por un hermano de la víctima al día siguiente de ocurrido.

Como es normal en este país, la investigación no llegó a ninguna parte. En el año 2004, al no haber podido identificar ni individualizar a los autores del hecho, un Fiscal Especializado Delegado ante la Unidad Nacional contra el secuestro y la Extorsión del GAULA Cundinamarca, dictó un auto inhibitorio, con lo que el proceso penal ni siquiera se inició. Hoy la JEP ya reconoció a Luis Alirio Mora Urrea como víctima de secuestro por las FARC en el caso 001.

En el año 2004 inició un proceso penal por el secuestro de que aparentemente fue víctima, en el año 2001, el señor Roberto Romero, propietario de la cadena de almacenes Líder en Bogotá. Y luego, en el año 2007, se dio inicio a un proceso por lavado de activos en contra de los miembros de la familia Mora Urrea, fundado en un informe presentado por dos agentes del DAS. Los dos hechos fueron relacionados de manera muy curiosa.

Un testigo que aseguraron haber oído los agentes del DAS, afirmaba que los hermanos Mora Urrea eran testaferros de las FARC, particularmente de Romaña, mando medio del Bloque Oriental. De acuerdo con esa versión, estos hermanos habían sido cómplices en el secuestro del señor Romero, por el que este había terminado pagándoles 1000 millones de pesos como rescate, en especie, dado que había liquidado todos sus almacenes para ello.

Según el testigo, ese era el origen de la fortuna de los hermanos Mora Urrea, quienes desde entonces se prestaban para lavar bienes de las FARC, señalando un largo listado de bienes, supermercados, inmuebles y automóviles como el producto de esta actividad. Según la misma fuente humana, los hermanos Mora Urrea poseían en Panamá otra suma de bienes, que figuraban a su nombre cuando en realidad eran de las FARC.

La investigación que se radicó con el número 110016000096200700027 correspondió a la Fiscal 23 de la Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Contra de Lavado de Activos, quien de inmediato procedió a ordenar de manera irregular la localización de los bienes de estas personas y otros familiares, pese al pobre fundamento que contenía el informe del DAS. Con un fiscal de apoyo realizó 32 audiencias preliminares para determinar el patrimonio de todas esas personas.

Igual ordenó investigar si los ingresos percibidos por todos los indagados se correspondían con su situación económica, lo cual se practicó mediante otro informe del DAS entregado en el año 2011, por un investigador que a la fecha de entrega se encontraba disfrutando de sus vacaciones. De repente toda investigación cesó. No se vinculó a los indiciados a la investigación y tampoco se archivó el proceso, sencillamente y de una forma anómala, la Fiscalía lo engavetó.

Llevada a cabo la firma del Acuerdo Final de Paz, el Fiscal General, como ya dijimos, expide su resolución para perseguir de manera exclusiva bienes de las FARC, de acuerdo con el organigrama que describimos atrás. Y aunque nunca existió la Mesa de Priorización y Solución de Problemas, cerebro ordenador de cualquier investigación en la materia, dos investigadores de la Fiscalía, por cuenta propia, realizaron una inspección a ese proceso engavetado y rindieron un informe.

Por la naturaleza de la investigación y el estado de la misma, en indagación preliminar, esta gozaba de reserva, no podía ser objeto de ninguna inspección por parte de agentes investigadores y menos sin orden alguna de un Fiscal y un juez de garantías. El informe no obstante sirvió para que el 29 de marzo de 2017, la entonces directora de la Dirección de Fiscalía Nacional de Extinción del Derecho (DFNEXT), sin competencia para ello, diera inicio al proceso con fines de extinción sobre el derecho de dominio en contra de los Mora Urrea. Para ello, también sin competencia, designó un fiscal de apoyo, Carlos Nicolás Sotomonte, al que puso al frente de la investigación.

Simultáneamente se revivió la investigación por lavado de activos engavetada desde 2011. El fiscal del proceso de extinción de dominio y el del proceso por lavado de activos se dedicaron desde entonces a ordenar inspecciones mutuas de los procesos para recopilar el mismo material probatorio en las dos causas. En cada una de ellas se presentaba como material probatorio lo que constaba en la otra, aunque careciera de fundamentos en la realidad.

En particular unas declaraciones tomadas por el Fiscal de Extinción de Dominio a tres supuestos desmovilizados de las FARC que se sacó de la manga. Ese Fiscal, Carlos Nicolás Sotomonte, afirmó que como consecuencia de información suministrada por el Ejército Nacional, había que tomar el testimonio a tres desmovilizados y se encargó de recibir él mismo sus declaraciones, cometiendo falsedades tales como que las diligencias de los testimonios se realizaron en Ataco, o en El Espinal, Tolima, cuando se cumplieron en el propio despacho del búnker en Bogotá.

En ninguna pieza de los dos procesos existe la menor relación con esos tres declarantes. No hay ningún oficio del Ejército en el que se recomiende oír esas declaraciones. La parte final de la declaración de uno de los testigos, Wilson Martín Rivas Bonilla, alias Orlando o Muelas, por el contrario, deja en claro cómo  fueron conseguidos esos testigos por el señor Fiscal Sotomonte. Al preguntársele si tenía algo más que añadir, manifestó entre otras cosas:

“(…) Si señor, quiero agregar que yo pedí rendir esta declaración porque el doctor HERBIN HOYOS me llamó a una reunión y me dijo que colaborara desmantelando todas las cosas ilícitas del grupo al cual pertenecí, por eso estoy acá”. Hay que añadir que a cada uno de esos testigos, se le había prometido la participación de un porcentaje del patrimonio extinguido, a cambio de sus declaraciones. Eso lo prohibió expresamente la Corte Constitucional.

Absolutamente todo el patrimonio que se compruebe pertenecía a las FARC durante el conflicto, debe ser destinado de modo exclusivo a la reparación de las víctimas. Ni un solo centavo puede ser destinado a ex combatientes, por ningún motivo. Y eso lo conocía la Fiscalía General de la Nación cuando permitió se les ofreciera esa participación. Con base en los testimonios falsos de esos desmovilizados reclutados por el señor Herbin Hoyos se ordenó la represión a los Mora.

El país conoce muy bien los antecedentes de este señor Herbin Hoyos, reconocido enemigo del Acuerdo de paz, que incluso abandera un proyecto de referendo para echarlo abajo. Los testigos recomendados por él, fueron escuchados por el Fiscal, quien basado en sus declaraciones ordenó el embargo y secuestro de todo el patrimonio de la familia Mora Urrea, a la vez que el Fiscal de Lavado de activos, con base en los mismos, solicitó su imputación y captura.

Los fiscales de Néstor Humberto Martínez no se tomaron la molestia de verificar si los declarantes eran en verdad desmovilizados, pese a creerles todo lo que dijeron. Sólo cuando la defensa de los Mora lo expresó ante los jueces de garantías, procedieron a oficiar al Ejército y al gobierno para preguntar si en realidad eran tales. Es claro que en su mente sólo pesaba un propósito, lograr para el Fiscal General una victoria temprana contra el Acuerdo de Paz.

Pero no solo con ellos. El Fiscal Sotomonte, denunciado disciplinaria y penalmente hoy por el equipo jurídico de defensa de los Mora Urrea, también fundamentó las medidas cautelares contra los Mora, arguyendo la existencia de un informe secretarial de la Fiscalía de Panamá, en el cual consta que la familia Mora Urrea no sólo era propietaria de gigantescas fortunas en ese país, sino que además estaba dedicada a múltiples hechos delictivos.

Ese informe secretarial es obra de su imaginación. No existe en ninguna carpeta del proceso, sino que fue mencionado sin respaldo material alguno en la investigación que se abrió en el año 2007. Todas las investigaciones contra los Mora Urrea se fundamentan en testimonios fantasmas o hábilmente preparados, así como en supuestos documentos que en realidad nunca existieron. En procesos semejantes, la fiscalía se valió de sujetos como Fernando Bahamón.

Un delincuente común que tras salir de la cárcel en donde pagó pena por violencia sexual, y en donde por conversaciones con guerrilleros presos conoció algo de las FARC, fue reclutado por los uribistas como testigo estrella de la llamada farcpolítica, infamia que la Corte Suprema de Justicia comprobó judicialmente. Pese a que se comprobó que nunca fue guerrillero, la Fiscalía Martínez echó mano otra vez de él para sus montajes. Pero esa es otra historia.

*Excombatiente de las Farc quien se acogió a Proceso de paz.